La ciencia y la justicia juntas en pos del derecho a la vivienda digna
Se conformó un equipo de trabajo por las investigadoras adjuntas del CONICET, María Laura Zulaica y María Laura Canestraro y las especialistas Arq. Adriana Beatriz Olivera y Arq. Claudia Inés Rodrígue y fue desarrollado en el ámbito del Instituto del Hábitat y del Ambiente, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). El proyecto contó también con la colaboración de la Oficina de Vinculación Tecnológica del CONICET Mar del Plata en el armado del Plan de Trabajo y Presupuesto.
Como parte del estudio se investigaron las condiciones de habitabilidad del complejo urbano, en particular los aspectos constructivo-edilicios a partir de la constatación y el registro de daños.
Zulaica especificó que “este estudio pone en evidencia la vulneración de los derechos a la vivienda adecuada, a la salud, a gozar de un ambiente sano y equilibrado y a la participación de los actores afectados en la toma de decisiones”.
Por otro lado, la investigadora comentó que “este diagnóstico elaborado a partir del Convenio brinda argumentos técnicos y científicos para la toma de decisiones”. En este sentido, el estudio realizado en respuesta a los puntos de pericia solicitados por el Ministerio, fueron presentados por el procurador fiscal Dr. Víctor Abramovich ante la Corte Suprema para evitar el archivo del legajo de control del “Barrio Mugica”. Este legajo fue iniciado en 2013 a los fines de constatar la existencia de vicios constructivos o desperfectos en las instalaciones y viviendas, denunciados por los vecinos adjudicatarios que fueron relocalizados en el complejo habitacional “Barrio Mugica” en CABA.
“Como fundamento de su archivo, se indicaba que se habían solucionado los vicios y defectos constructivos. El diagnóstico realizado por nuestro equipo demuestra que esto no es así y por lo tanto, el archivo del legajo afecta el derecho a la vivienda de los vecinos relocalizados, lo cual justifica mantener abierta la supervisión judicial”, agrega la especialista.
Los resultados obtenidos del diagnóstico realizado por este grupo interdisciplinar sostienen que las condiciones mínimas de habitabilidad así como el acceso adecuado a la infraestructura, equipamiento y servicios esenciales no están garantizados.
Las lesiones y los procesos patológicos observados afectan tanto el exterior como el interior de las viviendas y las intervenciones realizadas para “subsanarlas” han asumido históricamente una perspectiva sectorial para atender problemas específicos sin plantear cuestiones de fondo. Además, en la relocalización de las familias, no se consideraron las actividades económicas y productivas desarrolladas por la población ni se previeron espacios para el crecimiento de estas áreas que surgen de las necesidades propias de los habitantes del Complejo.
Informaron que las condiciones ambientales y los espacios comunes manifiestan signos de deterioro y modalidades de ocupación que afectan la habitabilidad. Se identificaron 17 autos abandonados y más de 30 focos de acumulación de materiales y chatarras. Además, los espacios comunes se disputan entre el uso público y el uso privado que realizan los habitantes para adaptar sus necesidades productivas y sociales (entre ellas las simbólicas) a un espacio que no fue diseñado con ese fin.
Desde la ciencia se aportaron elementos clave para contribuir a la búsqueda de soluciones integrales que, desde un enfoque participativo, faciliten la formulación de propuestas consensuadas y superadoras que garanticen condiciones de habitabilidad adecuadas para las familias relocalizadas.
Fuente: Conicet Mar del Plata
