Desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito rechazan la medida que ordenó suspender la aplicación de la Ley
A 4 meses de la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a nivel nacional, el titular del Juzgado Federal Nº4 de Mar del Plata, Alfredo López, dio lugar a una medida cautelar presentada por el abogado Héctor Adolfo Seri, ex candidato del partido de Aldo Rico y vinculado a la Iglesia Católica.
De esta manera, López ordenó al Estado Nacional a suspender la aplicación de la Ley 27.610, por considerar que “viola la protección integral de la vida desde la concepción”.
El Equipo de Noticias de Canal Universidad, encabezado por la periodista Clara López Tonón, dialogó con Valeria Crespo, representante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Mar del Plata, quienes repudiaron la medida cautelar: “Esto ya ha sido analizado en el Congreso Nacional pero, más allá de que se puede pedir la inconstitucionalidad de una ley, la cuestión de la constitucionalidad fue, absolutamente, tratada en el Congreso antes de la sanción”.
A la espera de que la resolución sea apelada por el Ejecutivo Nacional, Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina manifestó que el Estado se encuentra preparando la petición que, en breve, será presentada. “Esperamos una resolución que revoque ese decisorio y que sea respetuosa en los derechos de las mujeres y personas gestantes” asegura Crespo.
El Estado nacional apelará la decisión del Juez Alfredo Eugenio López que hace lugar a la medida cautelar que suspende la aplicación de la Ley de IVE, con la certeza de que no solo es una norma legítima democráticamente sino que además, tiene una solidez convencional inobjetable.
— Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) June 7, 2021
Si bien la medida cautelar fue presentada por un abogado representado por otro colega, “entendemos que esta persona no tiene legitimación para hacer esta manifestación. De acuerdo a la Constitución Nacional, solo puede realizarla una persona afectada por esa ley, la Defensoría del Pueblo o quien represente a una organización civil que trabaje la temática específica por la cual se está reclamando” confirma.
Entre las cuestiones por las que entienden que este caso es inadmisible, Crespo explica que, “para decretar una medida cautelar contra el Gobierno Nacional, el juez debió haber dado traslado previamente al Estado Nacional para que presente informes y manifieste lo que considere en relación a esa acción, eso tampoco se hizo. También, el juez se debería haber excusado porque ya se ha manifestado públicamente en contra de esta ley y, por lo tanto, es imparcial para resolver estas cuestione. Además, creemos que ha hecho una errónea interpretación de la legislación en relación a este tema”.
