La odisea de cumplir con la salud mental

 

Por Facundo Guglielmone*

El 2 de diciembre de 2010 fue promulgada la Ley 26.657 de Derecho a la Protección de Salud Mental, la cual cita en su primer artículo que tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

La iniciativa de esta norma inspira una modificación sustancial de la convivencia social y, principalmente, del encuadre de los derechos humanos. La misma advierte sobre las diferentes patologías por las que puede pasar un paciente, y los pasos a seguir para su recuperación. Una variante con perspectiva de restitución de derechos y un cambio de modelo en cuanto a la atención de la salud mental, la cual engloba miles y miles de batallas.

La ley se planta en dos ejes que son fundamentales. Uno de ellos es la integración social, que apunta a la no marginalidad; el otro es el principio de autonomía, donde se estima que toda persona tiene el derecho de poder decidir por cuenta propia el quehacer de su vida, siempre contando con la información del diagnóstico de su salud. Es en este punto donde, según indican algunos profesionales del ámbito psiquiátrico y legal, surgen los problemas. La norma es cuestionada por el principio de decisión que se le otorga al paciente de salud mental para elegir el destino del tratamiento que se le debe realizar.

En el camino, una modificación en la ley enalteció aún más el concepto de autonomía, a través del cual una persona con una patología mental puede negarse a ser tratada o a cosas que tengan que ver con que una persona o un grupo de personas ejerzan una invasión o modificación sobre su cuerpo.

Previo a este cambio, el poder médico hegemónico tenía que ver con la idealización de la palabra del profesional: “si el médico lo dice, hay que hacerlo”. La población, sumisa a sus estrofas. Actualmente no se pone en tela de juicio su palabra, sino que se pondera más al paciente. Por lo tanto, este tiene el derecho de poder saber. Por ejemplo, hoy los tratamientos habituales que se realizan en una clínica ya no pertenecen a los médicos derivados, sino al paciente, el cual, en base a los resultados, toma partida. Eso tiene que ver con el concepto de autonomía, y apunta a la responsabilidad y a la toma de conciencia de las personas.

Oscar Trassens, psicólogo marplatense (matricula 45.282) cuestionó esta regulación a través de un ejemplo típico y cotidiano como lo son las computadoras, diciendo que “para tomar una decisión, tenemos que tener la computadora en buenas condiciones. Todo lo que sería los procesos cognitivos, de asociaciones de pensamiento, y todo lo que hace a lo mental, en condiciones. Si lo dañado es algo periférico, como una cadera o una impresora, pero tengo la capacidad y la lucidez para poder pensar, puedo decidir si quiero que me reemplacen la cadera o no, y/o que me hagan un tratamiento X o no, teniendo la información. Es clave, y no siempre se tiene completa. Esas son cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento o no de la ley”.

Siguiendo esta línea, Trassens agregó: “Cuando hablamos de la salud mental, el paciente tiene un daño central, no periférico. Es el disco rígido y/o el procesador, razón por la cual, cuando está averiado algo periférico, la PC me notifica de ese error. Ya sean los cartuchos de la impresora mal colocados, me avisa y yo puedo hacer lo que quiera con eso. Ahora, ¿Qué sucede cuando es el disco rígido el que está averiado? Ahí, directamente, la información que voy a obtener es parcial o casi nula, porque la maquina no funciona”.

Para eso, el profesional indicó que es necesario un peritaje especializado, es decir, una junta psiquiátrica que pueda determinar qué le sucede a esa persona. “Este es uno de los puntos más críticos e importantes de la ley, porque se presupone que la persona puede ser consciente y puede decidir, pero hay ciertos niveles de afección donde la persona no lo es, y por lo tanto, no puede hacerlo Ahí aparece todo lo que socialmente se traduce como conflicto”.

Partiendo del ejemplo reciente de Chano Carpentier, que en julio del año pasado fue baleado por un policía al que presuntamente quiso atacar en medio de una crisis, Trassens comentó cómo es el accionar de la policía en los casos en los que asisten: “Esta no puede hacer nada, según las nuevas regulaciones, debido a que: primero, está en una propiedad privada; segundo, no tiene una autorización de un juez para llevarlo detenido porque no hay un delito demostrado; y tercero, lo que se hace es ir a pedir ayuda a la justicia por medio del tribunal de familia. Allí, cuando aparece un episodio de este tipo, se va al juzgado de turno y este, con sororidad, libera tres oficios: uno para la policía, otro para el servicio de ambulancia correspondiente, y otro para la institución donde se lo va a deparar al paciente. Estos oficios no hablan de internación, hablan de que se evalúe el tipo de tratamiento y/o internación. La policía solo puede intervenir cuando hay proceso de sangre, el cual viene después ante una ineficacia del proceso, el cual puede durar hasta 72 horas, mientras el paciente continúa desbordado y haciendo acciones indebidas”.

El estado es uno de los culpables del incumplimiento de la ley burocratizando los trámites.

A partir de este suceso, la persona afectada es considerada paciente una vez que está en la guardia. Aquí es donde entra en juego el cumplimiento de la ley, ya que se evalúa si la persona será internada o no. Existen dos criterios que giran en torno a la voluntad del paciente, a través de los cuales se toma o no la decisión de internar: riesgo para sí y riesgo para terceros.

Silvia Pazos, abogada de Mar del Plata (Tomo XIII – Folio 385. Colegio abogados de Mar del Plata) y mamá de Camila, quien supo ser paciente de salud mental por adicciones, hizo hincapié en este criterio, definiéndolo como “bastante vago y ambiguo. Queda al arbitrio de la persona que tiene que decidir la internación, que muchas veces es un médico, y todo un sistema de médicos, junto al juez de familia que debe contar con el apoyo de los profesionales interdisciplinarios”.

“Es muy difícil controlar el cumplimiento de la ley. Lo que provee son internaciones cortas, y eso también es muy arbitrario, o a la larga se termina tornando así. Hay épocas en donde las clínicas de salud mental dan muchas altas, como el verano, que es una época crítica. El 80% recibe el alta en diciembre y en marzo vuelve a caer”, añadió en cuanto a las internaciones.

Silvia Pazos, abogada de Mar del Plata (Tomo XIII – Folio 385. Colegio abogados de Mar del Plata) y mamá de Camila, quien supo ser paciente de salud mental por adicciones, hizo hincapié en este criterio, definiéndolo como “bastante vago y ambiguo. Queda al arbitrio de la persona que tiene que decidir la internación, que muchas veces es un médico, y todo un sistema de médicos, junto al juez de familia que debe contar con el apoyo de los profesionales interdisciplinarios”.

“Es muy difícil controlar el cumplimiento de la ley. Lo que provee son internaciones cortas, y eso también es muy arbitrario, o a la larga se termina tornando así. Hay épocas en donde las clínicas de salud mental dan muchas altas, como el verano, que es una época crítica. El 80% recibe el alta en diciembre y en marzo vuelve a caer”, añadió en cuanto a las internaciones.

Silvia Pazos vivió en primera persona una situación de patología de salud mental, ya que Camila, su hija, sufrió de adicciones hace cinco años. Combinando aspectos legales y personales, contó: “es una ley que tiene, desde mi opinión y mi experiencia personal, bastantes vacíos. No está acompañada por un sistema que pueda hacer efectivo el cumplimiento de la ley. Cuando hablamos de sistema hablamos de dispositivos de internación, profesionales capacitados, de un compromiso de todos los agentes del Estado. Deja mucho que desear; yo la conocía de forma teórica, y cuando tuve que vivir esta experiencia personal, me di cuenta de que el paciente de salud mental está totalmente desprotegido, no sólo por la ley sino por el sistema, porque se le deja a la libre voluntad al paciente de decidir, cuando el propio paciente con una determinada patología lo que no tiene es la propia capacidad de discernir que le pide la ley”.

“Me tocó recorrer clínicas de salud de Mar del Plata, y la mayoría de los casos de salud mental son reincidentes. En mi caso personal, a mi hija la internaban y la solución real no se la daba ninguno. No voy a generalizar, pero hay mucha parte del compromiso y la responsabilidad médica de que suceda eso. Al paciente no se lo trata como un sujeto de derecho, como debería ser según lo que provee la ley, y a veces es un objeto de experimentación”, enfatizó la abogada.

Además, Pazos fue muy crítica para con la ley, diciendo que: “Tuvo que ver el concepto de autonomía. Ese fue el ingrediente que hiciera que el estado se sacase responsabilidad de hacerse cargo de una cantidad muy grande de pacientes que habían sido abandonados, o también llamados enfermos sociales. Para el estado eso es un gasto a largo plazo más que una inversión. No siempre se prioriza a la salud de la población, hay muchos intereses de por medio. Hay un gran abandono en la salud mental. Si hay pacientes sin familia, el estado de abandono y desidia es muy grande”.

En cuanto al caso particular de Camila, Silvia narró la odisea que fue para ella recuperar la estabilidad a causa de los medicamentos: “Primero recibimos un diagnóstico, después un tratamiento y luego un pronóstico. De Camila recibí cinco o seis diagnósticos y tratamientos distintos. En un momento llegó a tomar hasta doce medicaciones diferentes. Ella estaba cansada porque era increíble, su cuerpo fue cambiando producto de la invasión de tanto psicofármaco y tampoco había avances. Te saca la percepción de la realidad todo el tiempo”.

Por otra parte, hizo hincapié en la forma con la que se analizan los casos, advirtiendo que “se trabaja en general y no en particular con ese paciente, lo cual está mal, porque cada paciente es diferente. Cada paciente es un mundo. Esos medicamentos le hicieron muy mal en vez de ayudarla”.

A Camila le han dado hasta inyectables. Hay una experimentación sobre la misma persona que vos decís ‘no puede ser’. Hay cinco médicos que opinan distinto, no es así, y las consecuencias las paga ella a una edad muy temprana. El gran mérito fue de ella.

En cuanto a la cantidad de acompañamiento profesional, sentenció: “Hoy, centros de recuperación de adictos hay uno o dos, y los métodos son grupales, y no todos tienen ganas de contar lo que le sucedió en grupo. Para aquel que no tiene herramientas, es más complicado. Mi hija ha llegado a tener intento de suicidio”.

Finalmente, Pazos añadió una intimidad que le sucedió: “En este caso, el ser abogada me dio muchas herramientas. No está bueno, porque mucha gente no tiene esa posibilidad. La igualdad ante la ley no se cumple ahí. Diciendo que trabajaba en el sistema penal ya me miraban con otra cara y me atendían de otra manera. Soy crítica del estado, tiene un discurso totalmente ideologizado”.

A los padres les digo que investiguen, que pregunten, que peleen, que denuncien si es necesario, porque es un camino muy complicado.

Escuchá el caso de una persona que cuenta con problemas de alcoholismo, y más, en este podcast:

La salud mental de las personas ha sido históricamente minimizada. Cierto es que la creación de esta ley en 2010 fue un paso hacia adelante en cuanto a la consideración de esta pieza fundamental. Será un desafío para la sociedad ser aún más consciente de la importancia que tiene en la vida de las masas. Mismo para los responsables, quienes deben transmitir seguridad, tranquilidad y accesibilidad.

Argentina cuenta con el con alrededor de 5.000 médicos psiquiatras, y es el país que tiene la mayor cantidad de psicólogos per cápita en el mundo (8). La salud mental como un derecho, no un privilegio.

 

*Estudiantes del MediaLab, primer Laboratorio de Redacción para Medios Digitales. Se trata de un sistema experimental que consiste en el trabajo periodístico, de producción propia, que desarrollan alumnos del Taller de Redacción para Medios Digitales, correspondiente a la Tecnicatura de Periodismo Digital que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

 

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