En Mar del Plata la violencia familiar y de género sigue siendo tema de preocupación 

“Vivas nos queremos”, uno de los lemas de marcha del #8M (Foto: David Fernández)

*Por Itziar Aguirrezábal y Agustín Belga

El último Informe de Femicidios y Procesos Penales de Violencia Familiar y de Género, elaborado por el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, reveló un crecimiento exponencial en la cantidad de casos asignados en Mar del Plata que pasó de 1502 en 2021 a 3874 en la última medición que estuvo marcada por los crímenes de Gina Aroni Hurtado y “La Pancha Quebracho”. Además, quedó constatado que en el 88,5% de las causas donde se consignan víctimas femeninas, los imputados o sindicados son hombres.

Con el objetivo principal de acercar datos cuantitativos para la formulación de políticas públicas y brindar acceso a la justicia como derecho fundamental, el registro del pasado año deja sobre la mesa varias cuestiones a tratar. Lo primero que se expone es la cruda realidad: una mujer es asesinada cada cuatro días en contexto de violencia de género. Lo segundo es que 12 de las 82 víctimas fatales habían denunciado previamente al femicida.

Basándose en los datos estadísticos obtenidos y recopilados por el REVIFAG, se puede observar como los procesos penales iniciados desde el año 2015 fueron subiendo sus números, comenzando con un total de 746.526 denuncias y terminando en el año 2022 con 946.611. Esto se ve reflejado en la Tabla Nº 1, donde el total de denuncias era de un 9,1% y para el año 2022 habría subido a un 13,7%, mostrando así, como las denuncias han aumentado porcentual y cuantitativamente los últimos 8 años.

A su vez, el conteo demuestra que el 96,3% de las víctimas conocía al femicida (77 casos) y el 60% de las víctimas tenía un vínculo de pareja, ex pareja, noviazgo u otro tipo de relación sexoafectiva. Entre los rangos etarios, se descubrió que el 34,8% del total de las víctimas femeninas tenían entre 18 y 30 años, mientras que el 26,5% entre 31 y 40 años.  

En cuanto a los medios utilizados, en mayor medida fue a través de fuerza física en un 30,5%, mientras que el 26,8% de los asesinatos fue perpetrado con un arma blanca. En tanto, el 18,3% fue consumado a través de arma de fuego, el 14,6% con un arma impropia y el 4,9% con fuego.
Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Artículo 4 de la Ley Nº 26.485

En Mar del Plata se registraron dos femicidios durante 2022. El primero fue el de Gina Aroni Hurtado, quien falleció en octubre en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) luego de recibir un golpe en la cabeza por parte de su pareja. Otro caso corresponde a un crimen de “odio” que tuvo como víctima a “La Pancha Quebracho”, un actor transformista reconocido en el ambiente LGBTIQ+ de la ciudad, también asesinado a golpes en la cabeza con un elemento contundente.

En el informe, a su vez, se refleja una comparativa de cuántas denuncias fueron realizadas en las principales ciudades del territorio bonaerense, donde queda evidenciado el municipio de General Pueyrredon, con 3874, representando el 3% del total pero un 259% más que en 2021 donde la cifra había sido de 1502. El menor dígito de los últimos siete años se registró en 2020, en plena pandemia, con 1248. La localidad de San Martín lidera el listado con 20.992, seguida por Lomas de Zamora con 18.735.

Asimismo, no debe obviarse un dato crucial, que deja en claro el sexo de las víctimas en relación al de las personas imputadas o sindicadas. En el 88,5% de las causas donde se consignan víctimas femeninas, el denunciado es masculino. En cambio, cuando la víctima consignada es un hombre o un niño, los agentes violentos son de sexo masculino en el 43,2% de los casos y femeninos en el 56,8%.

 

Desde la óptica judicial

En base a los datos estadísticos obtenidos y recopilados por el REVIFAG se puede observar como los procesos penales contabilizados desde el año 2015 se fueron incrementando anualmente, comenzando con un total de 746.526 denuncias, llegando en 2022 a 946.611. “Desde que se empiezan a medir estas cifras hasta la actualidad, vemos que hay un sostenimiento en la cantidad de anuncios que se formalizan en procesos penales. Aunque hablásemos de que los números se sostienen sería relevante de la misma manera, porque seguimos viendo que no hay política pública que responda a esas cifras que identificamos a partir de las causas formalizadas”, aseveró la abogada penal especializada en género, Ludmila Azcue.

“Podríamos decir que hay una política pública que responde, obviamente, a una demanda del movimiento de mujeres, en estrategias de visibilización y problematización de las violencias por motivos de género en diferentes escenarios. Y eso podría llevar a predecir que su consecuencia podría ser que las personas se acerquen más a los espacios del Estado para formalizar esas denuncias, ya sea a las comisarías, a la justicia” dijo la Secretaria de Extensión de la Facultad de Cs. de la Salud y Trabajo Social, y agregó: “Ahora bien, eso no quiere decir necesariamente que haya una política pública que responda a las necesidades que se denuncian. No podríamos decir que una cosa se deriva de la otra”.

“Cuando hablamos de femicidio, tenemos una complejidad y es las calificaciones jurídicas, porque muchas veces se investigan los delitos en el marco de expedientes judiciales o de procesos penales que no necesariamente están calificados como tal. Entonces, eso hace que sea complejo construir una estadística. Y, en definitiva, si no podemos conocer la información concretamente, es muy difícil pensar en una política pública y sobre todo una política pública de carácter local”, sostuvo la letrada.

Por otro lado, añadió: “en Mar del Plata tenemos una figura muy interesante, que es la figura del acompañante de violencias por motivos de género que, desde mi mirada, es bien interesante porque ante las deficiencias en la política pública, concretamente local, aparecen estas vecinas, militantes sociales, militantes políticas, que acompañan a otras a hacer las denuncias, que acompañan a otras a buscar sus pertenencias al domicilio que comparten con el que las agrede o que se quedan con los hijos e hijas mientras ellas están yendo a resolver determinadas situaciones vinculadas con el proceso”.

Protocolo de género en la Universidad

La formación y contención dentro del ámbito académico resulta un eslabón primordial para capacitar en temáticas de género, deconstrucción de estereotipos, sensibilización y prevención de situaciones de violencia de género y discriminación.

Julieta Pomphile, abogada e integrante del equipo técnico del protocolo de género de la UNMDP

“Nosotras vemos que ha habido un gran crecimiento en las políticas contra las violencias por motivo de género. La gran mayoría de las Universidades tienen protocolo de género. En el caso de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) fuimos de las primeras en el país en 2017 y después con la modificación de la ordenanza de 2020 se amplió la cantidad de personas trabajando en el equipo técnico interdisciplinario que actualmente está conformado por cinco profesionales, todas rentadas, lo que demuestra que hay intención política de trabajar estos temas”, expresó la abogada Julieta Pomphile, integrante del equipo técnico del protocolo de actuación en casos de violencia de género en la UNMDP.

 

El Programa Integral de Políticas de Género (PIPG), que se constituyó en 2017, es otro de los puntos fuertes. “Hoy en día, es la herramienta que capacita en la Ley Micaela a docentes, estudiantes, graduados y trabajadores. Por eso no solo los protocolos de género son importantes en la Universidad sino también estos recursos que buscan la sensibilización y prevención de estos hechos”, añadió la jurista.

Analizando los datos brindados en el Informe de Gestión 2022 publicado por el Protocolo de Actuación en Casos de Género de la UNMDP, podemos observar que, la unidad académica con más registros de denuncias es la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, donde se catalogaron un 14% de casos, mientras que, el ítem identificado como “Gremio” (ADUMAPU) es dónde menos se han realizado, indicando que solo un 2% de los casos han sido denunciados allí.

El relevamiento del año 2022, también nos indica que los tipos de casos registrados en un 57% son categorizados como casos internos”, es decir que, la  situación de violencia por motivos de género se origina entre integrantes de la comunidad universitaria, pudiendo desarrollarse dentro del ámbito universitario y/o en otros ámbitos pero que afectan la vida universitaria.

El 21% son casos mixtos”, donde alguna de las personas involucradas en la situación de violencia por motivos de género es ajena a la UNMdP, pero la situación afecta la vida universitaria. Otro 20% son “casos que no responden al Protocolo” , donde se ha decidido que los mismos no correspondían a la intervención, dado que si bien eran situaciones de violencia, las mismas no eran con motivo de género, o al menos, no se podía detectar ante la situación concreta.

Y finalmente, tan solo el 2% son casos sin información, donde la situación en el que la violencia se ejercía en forma anónima por lo que no ha sido posible detectar si la persona que la ejercía pertenecía a la comunidad universitaria o no.

Desde la mirada psicológica

Al entender a la violencia de género como un conjunto de actitudes y comportamientos que expresan la desigualdad, discriminación, hostigamiento o vulneración de derechos humanos por razones de género, queda en manifiesto que la mayoría de las mujeres y personas LGBTIQ+ han experimentado en alguna oportunidad este tipo de violencias, ya sea en la pareja, en el trabajo, en la calle o en las instituciones.

Sabemos que es fundamental, y que salvan vidas, las redes de cuidado y sostén que armamos durante nuestra vida, muchas veces estas redes son las familias, las amistades, y muchas veces se trata de redes generadas por movimientos militantes, por personal institucional, por dispositivos estatales de atención, asesoramiento y acompañamiento en situación de violencias. El armado de redes suele ser uno de los principales objetivos de un acompañamiento en situación de violencia, o de acompañamiento a unx sobreviviente de violencias”, afirmó la licenciada en psicología, Luciana Bigliani.

Relevamiento de tipo de violencias confeccionado por el Protocolo de Violencia de Género de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el Informe 2022

Todo esto conlleva serias dificultades en la reorganización de la vida y la proyección a futuro, en los casos en que la persona ya no se encuentre en situación de violencia. El riesgo crece aún más en las personas que aún se encuentran padeciendo esta problemática. “Las secuelas pueden variar en función de múltiples factores que intervienen en cada situación particular, me refiero a el tipo de violencia ejercida y a los recursos con que cuenta cada persona que ha experimentado violencia de género. Por mencionar algunos recursos: psíquicos individuales (relacionados a la singular historia y contexto en el que se enmarca la persona), recursos económicos con los que cuenta (ellx y/o su red de apoyo), recursos institucionales/estatales para dar protección, cuidados y alternativas para la proyección de su futuro, recursos sociales (red de apoyo, intimidad y cuidado)”, dijo la psicóloga.

Además agregó: “Muchas mujeres y personas LGBTIQ+ pueden experimentar síntomas en el estado de ánimo, desregulaciones emocionales, dificultades en las relaciones interpersonales, trastornos del sueño, ideaciones suicidas, angustia persistente, y estrés postraumático

En relación al aumento de casos en la Provincia de Buenos Aires, Bigliani enumeró tres causantes fundamentales: “La violencia de género cuenta ahora con mayor visibilidad, por parte de los medios, por parte de las instituciones y por parte de las personas en general. Ha traspasado el terreno de lo puramente individual y privado a tomar dimensión cómo problemática pública que nos afecta como conjunto social. Pero es un problema histórico, se trata de una problemática que sufrimos desde los inicios del patriarcado como un sistema de dominio instituido y sostenido que demarca la subordinación de toda persona que no sea varón. Por otra parte, encontramos el hecho de que las denuncias crecieron en contexto de aislamiento social preventivo obligatorio en plena pandemia, y no nos sorprende. El aislamiento es uno de los signos más característicos que presentan quienes sufren violencia dentro de la pareja, las personas se ven alejadas de sus vínculos más cercanos y esto es un terreno fértil para el ejercicio de dominación, hostigamiento y agresión”, enfatizó.

Asimismo la especialista hizo foco en las políticas de Estado: “Podemos ver algunos intentos a cargo del Estado de proveer herramientas para acompañar y reducir los casos de violencia por razones de género. Creo que en gran medida eso está relacionado con la fuerza militante que pugna a diario y reclama mayor injerencia estatal en el mundo social, mayores presupuestos y mayores recursos para afrontar esta problemática.

“También creo que no está alcanzando, que los esfuerzos y voluntades estatales/políticas necesitan ser acompañados de presupuestos acordes a las dimensiones del problema, también como una manera de cuidar al personal estatal a cargo de las dependencias que están en contacto con víctimas, sobrevivientes o sufrientes de violencia de género”, concluyó Bigliani.

*Estudiantes del MediaLab, primer Laboratorio de Redacción para Medios Digitales. Se trata de un sistema experimental que consiste en el trabajo periodístico, de producción propia, que desarrollan alumnos del Taller de Redacción para Medios Digitales, correspondiente a la Tecnicatura de Periodismo Digital que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

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