La UNMDP se sumó al reclamo nacional del CIN por la Ley de Financiamiento Universitario
La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), a través de su rector Alfredo Lazzeretti, adhirió al reclamo encabezado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que convoca para este jueves 26 de junio a una serie de actividades en todo el país para exigir el tratamiento y la aprobación de una Ley de Financiamiento Universitario. La jornada se desarrollará en cada ciudad sede de una universidad pública, en articulación con docentes, nodocentes, estudiantes y la comunidad científica.
La conferencia de prensa realizada en la sede central del CIN reunió a sus autoridades junto a representantes de todos los sectores del sistema universitario. En ese marco, se expresó una profunda preocupación por la crítica situación presupuestaria que atraviesan las casas de estudio, y se solicitó al Congreso Nacional que garantice el tratamiento del proyecto de ley presentado el pasado 28 de mayo.
Oscar Alpa, presidente del CIN, señaló que “en la posibilidad de resolver el problema universitario está en juego el futuro de la nación”, y subrayó el impacto del desfinanciamiento en los salarios, las becas estudiantiles, las obras paralizadas y el sistema científico, hoy virtualmente sin presupuesto. “Si esto no se modifica, tendremos dificultades reales para seguir funcionando”, advirtió.
Por su parte, Franco Bartolacci, vicepresidente del organismo, precisó que durante toda la jornada del jueves habrá actividades simultáneas en todas las universidades del país para visibilizar el reclamo. Además, se lanzó la campaña “Un millón de firmas por la universidad pública”, que busca respaldar el proyecto legislativo con el acompañamiento ciudadano.
El reclamo unificado del sistema universitario argentino incluye a las principales federaciones docentes (CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT), gremios nodocentes (FATUN) y estudiantiles (FUA), que se manifestaron en favor de una ley que garantice previsibilidad y sustentabilidad para la educación superior en el país.
En palabras finales, Alpa concluyó: “Las y los docentes y nodocentes necesitan percibir un salario digno acorde a la extraordinaria labor que realizan; las y los estudiantes, actualización de los programas de asistencia; y la ciencia y las universidades, recursos mínimos e indispensables para funcionar. Todos esas respuestas están en la ley. Por eso pedimos su aprobación urgente”.
El proyecto de ley
El proyecto busca garantizar protección y sostenibilidad del financiamiento a las universidades públicas en todo el país, sin crear nuevos impuestos ni afectar el equilibrio fiscal. Establece un esquema de asignación basado en una proporción del presupuesto nacional coparticipable, con entregas mensuales actualizadas conforme a la inflación, alcanzando progresivamente hasta un piso del 1 % –1,5 % del PBI. Los recursos deberán destinarse a mejorar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes; a fortalecer la docencia, la investigación, la extensión, la infraestructura y la internacionalización.
Con respecto a la reposición salarial y actualización automática, se prevé convocar al Poder Ejecutivo a reabrir paritarias docentes y no docentes, con ajuste automático en base a la inflación oficial (INDEC) desde diciembre 2023 hasta la sanción, y actualización mensual no inferior al índice inflacionario. Además, se dispone que los incrementos salariales sean remunerativos y bonificables, incorporando conceptos no remunerativos directamente en los básicos del convenio correspondiente.
El tercer eje son el funcionamiento e implementación de las becas. El proyecto establece que los gastos de funcionamiento—incluyendo asistencia financiera, hospitales universitarios, ciencia, extensión—se actualizarán anualmente según el IPC. Además, crea un fondo específico para becas estratégicas y de estudio, con incremento progresivo del monto y del número de becarios prioritariamente de sectores vulnerables. La financiación se sustenta con los ingresos corrientes que superen lo presupuestado, garantizando la ejecución mensual y continua de las transferencias.
En este sentido, el presente proyecto de ley está motivado en el reconocimiento de la educación y, en este caso, a la educación universitaria, como un derecho humano universal y bien público y social, en el que su acceso equitativo y su calidad son esenciales para garantizar la movilidad social ascendente y la construcción de una sociedad más justa y democrática. La Constitución Nacional establece, en su artículo 75, inciso 19, que corresponde al Congreso sancionar leyes que garanticen la equidad de la educación pública estatal y la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales.
