Emergencia en Discapacidad: prestadores y familias reclamaron la aplicación inmediata de la ley
Desde el Sistema de Medios Públicos de la UNMDP dialogamos con Lucía Fraternalli, integrante de Prestadores Unidos MDP y con Beatriz Martin, representante de las instituciones de discapacidad de General Pueyrredon. Lucía Fraternalli expresó que la situación que atravesaba el sector era “inédita y alarmante”. Recordó que la norma había sido aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, pero finalmente postergada en su aplicación. “Esto demuestra que el gobierno decidió poner el dinero en otros espacios. Es una forma de mostrar el recorte en el área, que viene de hace años. Con esta decisión, queda claro que no se quiere cumplir con la ley, lo cual es inconstitucional”, señaló.
La profesional subrayó la precariedad en la que trabajaban los equipos de salud, al explicar que las sesiones se cobraban con varios meses de demora y a valores que no alcanzaban para cubrir los costos. “Estamos cobrando 12 mil pesos la sesión y a los tres o cuatro meses. No hay otros colectivos laborales que trabajen en estas condiciones. Es la primera vez que atravesamos una situación de tal gravedad”, advirtió.
La integrante de Prestadores Unidos MDP, con 18 años de experiencia en el área, remarcó que la crisis afectaba directamente a los pacientes. “Es terrible tener que decirle a una familia que no podemos continuar con la atención. Lo que tememos es que solo accedan a un tratamiento de calidad las personas que puedan pagarlo, lo cual reduce las posibilidades a un grupo muy reducido. Y esto no es un capricho, es un derecho reconocido en la Constitución, en acuerdos internacionales y en la Ley Nacional de Discapacidad”, afirmó.
En la misma línea, Beatriz Martin sostuvo que la situación excedía el plano económico. “Esto se ha transformado en otra cosa. No estamos hablando solamente de políticas públicas, sino de derechos humanos. Como instituciones trabajamos con vocación, con amor y con compromiso hacia las personas con discapacidad. Y la respuesta del Ejecutivo es apatía total, desinterés absoluto”, cuestionó.
Martin recalcó que la postergación de la emergencia dejaba a las personas con discapacidad en una situación de vulnerabilidad extrema. “Estamos ante una emergencia porque si la ley no se aplica, los afectados quedan expuestos a no tener una vida. No se trata solamente de terapias, sino de poder articular con todas las necesidades básicas que existen. Lo que está en juego es el derecho a vivir con dignidad”, enfatizó.
Además, la representante de las instituciones hizo hincapié en que el reclamo no respondía a intereses sectoriales, sino a la defensa de derechos fundamentales. “Todos los que trabajamos en esto podríamos conseguir otros empleos. Pero acá la perjudicada real es la persona con discapacidad que se queda sin un servicio esencial. Nunca vimos algo semejante”, sostuvo, al tiempo que recordó las palabras del presidente al anunciar que venía a “destruir el Estado”: “Lo está haciendo, y lo está haciendo con todos adentro”, concluyó.
Foto: Qué Digital
Durante la movilización, las organizaciones reiteraron que el decreto representaba una forma de violencia institucional al desnaturalizar la voluntad del Congreso y vaciar de contenido una ley aprobada de manera unánime. A su vez, advirtieron que ya se registran cierres de escuelas especiales, talleres protegidos y centros de rehabilitación, mientras que profesionales abandonan el sistema ante la precarización laboral.
“El Estado argentino tiene la obligación de garantizar de manera inmediata los derechos de las personas con discapacidad, porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene jerarquía constitucional”, expresaron en el documento leído en la concentración. En ese sentido, exigieron la aplicación urgente de la Ley 27.793, el fin de los retrocesos en materia de derechos humanos y un compromiso real con la inclusión.
