Los 50 no son cuento: construir memoria a la luz de la perspectiva de género
En el marco de un nuevo 24 de marzo, cuando se cumplen cinco décadas del último golpe de Estado en Argentina, un documento elaborado por el Programa Integral de Políticas de Género de la Universidad Nacional de Mar del Plata (PIPG-UNMDP) propone revisar el pasado reciente desde una perspectiva que durante años permaneció en los márgenes: la de género.
Bajo el título “Los 50 no son cuento: construir memoria a la luz de la perspectiva de género”, el texto plantea que el terrorismo de Estado no operó de manera neutral, sino que desplegó formas específicas de violencia sobre mujeres y disidencias. La propuesta no busca reemplazar las narrativas consolidadas sobre la dictadura, sino ampliarlas para comprender cómo aquellas violencias siguen dialogando con las desigualdades actuales.
Violencias específicas y silencios históricos
El informe destaca que al menos el 30% de las personas perseguidas durante la dictadura fueron mujeres, muchas de las cuales padecieron formas de violencia diferenciadas en los centros clandestinos de detención: abusos sexuales, torturas dirigidas a sus cuerpos, humillaciones y apropiación de sus hijas e hijos.
Estas prácticas no fueron hechos aislados. Respondieron a un intento sistemático de disciplinamiento que buscaba castigar no solo la militancia política, sino también la transgresión a los mandatos tradicionales de género. En ese sentido, el documento subraya que el régimen intentó restaurar un modelo de familia “occidental y cristiana”, donde cualquier desviación era considerada subversiva.
A su vez, se pone el foco en las identidades disidentes, particularmente en la persecución hacia personas trans. Sin registros oficiales completos, se estima que decenas de ellas fueron víctimas de violencia estatal extrema. En esa línea, el texto recupera el aporte del activista Carlos Jáuregui, quien visibilizó tempranamente la existencia de desaparecidos dentro del colectivo LGBTTTIQ+.
De allí surge la mención a la cifra de 30.400 personas desaparecidas. Lejos de contradecir el número histórico de 30.000, el documento señala que se trata de una ampliación simbólica que busca reparar la invisibilización de víctimas perseguidas por su identidad de género u orientación sexual.
De “tormentos” a delitos de lesa humanidad
Otro de los ejes centrales del análisis es el recorrido histórico en torno al reconocimiento judicial de la violencia sexual durante la dictadura. Durante años, estos crímenes fueron subsumidos bajo la figura de “tormentos”, sin ser considerados delitos autónomos. Recién a partir de la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad y el impulso del movimiento feminista, comenzaron a ser tipificados de manera específica. Un hito clave fue en 2010, cuando la Justicia argentina reconoció por primera vez la violación como forma particular de tortura en este contexto.
Ese proceso tuvo continuidad en fallos posteriores, como uno dictado en Mar del Plata en 2012, donde se condenó a un represor por delitos sexuales considerados de lesa humanidad. Estos avances, señala el documento, fueron posibles gracias a la persistencia de víctimas, organismos de derechos humanos y una red de profesionales comprometidas con incorporar la perspectiva de género en la justicia.
La maternidad como herramienta política
El texto también recupera el rol histórico de las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, destacando cómo transformaron la maternidad en una forma de resistencia política. Sin experiencia previa en militancia, estas mujeres lograron convertir el dolor en acción colectiva. El símbolo del pañuelo blanco —originalmente un pañal— sintetiza esa transformación: de un rol tradicionalmente relegado al ámbito privado a una herramienta de interpelación pública.
El concepto de “maternidad social” que desarrolla el documento apunta justamente a esa resignificación. Ya no se trataba solo de buscar a hijos o nietos propios, sino de construir una lucha colectiva por memoria, verdad y justicia.
La universidad y el desafío de enseñar memoria
En su tramo final, el artículo pone el foco en el papel de la universidad pública. Como espacio de producción de conocimiento y formación, sostiene, tiene la responsabilidad de enseñar el pasado reciente de manera crítica y comprometida. Incorporar la perspectiva de género no solo permite reparar silencios históricos, sino también ampliar las formas de comprender y narrar la memoria colectiva. En un contexto donde persisten discursos negacionistas, esta tarea adquiere un carácter urgente.
