Perspectiva de género: “Formarse como profesional que no discrimine no puede ser optativo”
El recorrido judicial del caso Lucía Pérez dejó al descubierto, a lo largo de una década, las consecuencias de la falta de perspectiva de género en las instituciones. La distancia entre el polémico fallo absolutorio de 2018 y la sentencia de 2023 que contempló la vulnerabilidad de la adolescente expuso una realidad que excede a los tribunales, la necesidad urgente de contar con profesionales y gestores públicos formados desde un enfoque de derechos humanos y no discriminación.
Frente a este escenario, la educación pública cumple un rol determinante. La Lic. Lara Arce Ower, responsable del Programa Integral de Políticas de Género de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), enfatizó que este enfoque debe ser transversal a todas las carreras universitarias: “La perspectiva de género hace al posicionamiento ético, por lo que formarse como profesional que no discrimine ni ejerza violencias de género no puede ser optativo. Cuando hablamos de igualdad entre los géneros estamos hablando de justicia y de derechos humanos”.
Para Arce Ower, esta mirada transformó el ejercicio profesional diario en cualquier disciplina: “En la práctica profesional, esta mirada permite identificar discriminaciones y violencias —evitando replicarlas— pero también implica la responsabilidad de intentar transformar la realidad con la que se trabaja. Esto es válido para todas las disciplinas y profesiones y no solamente las que tienen que ver con el cuidado o las relaciones sociales”.
El contrapunto judicial: dos paradigmas en juego
Al analizar el impacto de la perspectiva de género en el ámbito de la justicia, la especialista tomó el caso de Lucía Pérez como un ejemplo paradigmático para contrastar dos formas de intervenir frente a las violencias: “Los dos fallos judiciales del caso de Lucía Pérez son paradigmáticos porque nos permiten hacer un contrapunto muy claro entre una mirada que replica lógicas patriarcales y un posicionamiento sensible a los estereotipos y mandatos que sostienen la violencia de género“.
Sobre la sentencia absolutoria de 2018, la titular del área señaló que el tribunal se enfocó en juzgar la vida privada de la adolescente: “No hay una pregunta por los perpetradores, hay una inquisición sobre la vida de la víctima. Un fallo mira la situación desde el paradigma patriarcal, teniendo en mente la caracterización estereotipada de la ‘víctima perfecta‘ construye una descripción estereotipada de la ‘mujer-culpable’ de la violencia recibida”.
En contraposición, explicó que la sentencia de 2023 brindó un enfoque diferente. “Este reparó en los hechos probados y en la asimetría en el vínculo, identificando la especial vulnerabilidad de la niña, configurada en las intersecciones de su edad y su género con su situación económica y de consumo. A 10 años del crimen todavía la familia está a la espera de un veredicto definitivo sobre su calificación legal. Estos tiempos hubieran sido muy diferentes si desde el primer momento la Justicia hubiera actuado con perspectiva de género”.
Más allá del trámite burocrático
Para que la perspectiva de género en la gestión pública sea efectiva y no quede reducida a un mero formalismo o capacitación obligatoria, Arce Ower sostuvo que se requiere un compromiso ético profundo: “Si creemos que la perspectiva de género es un tema de un curso que debemos hacer y que lo que hagamos desde nuestro rol en la gestión pública depende de nuestra opinión personal, entonces no estamos comprendiendo la magnitud y omnipresencia de la discriminación y violencia por motivos de género. Necesitamos darnos tiempo para el intercambio, la interpelación personal y la incorporación sincera de los varones al debate“.
Finalmente, sobre la responsabilidad institucional que asume la educación superior frente a su comunidad, la responsable del área concluyó: “El rol de la universidad pública es muy importante porque disputa sentidos y construye subjetividad. La universidad es del pueblo y se debe al pueblo. Por lo tanto, debe asumir su responsabilidad y contribuir a la búsqueda de igualdad y justicia, acompañando desde su labor las diferentes problemáticas de su comunidad.”
