El precio de una sonrisa: cómo la dictadura militar disciplinó y silenció a las redacciones de Mar del Plata
Por Lola Albarracín para el #MediaLab de Portal Universidad
El ejercicio del periodismo en Mar del Plata sufrió una transformación radical a partir del 24 de marzo de 1976. Con el inicio de la última dictadura cívico-militar, las redacciones de los diarios locales se convirtieron en espacios atravesados por el control informativo, el desmantelamiento sindical y una dinámica de persecución directa que obligó a los trabajadores de prensa a adoptar la autocensura o el exilio como únicos mecanismos de supervivencia.
El minuto cero: la patota en la avenida Luro
La antesala del golpe de Estado en Mar del Plata estuvo marcada por la violencia de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), que operó con un alto nivel de impunidad. El periodista Amílcar González denunció penalmente en los Juicios por la Verdad que, ya en 1975, integrantes armados de la CNU ingresaban libremente a la redacción del diario La Capital para amenazar a los delegados paritarios, bajo una orden empresarial de no intervención policial que configuró una «zona liberada interna» dentro del propio medio.
Esa persecución se institucionalizó de forma violenta a menos de veinticuatro horas de asumir la junta militar. El 25 de marzo de 1976, un comando armado irrumpió en la sede del Ministerio de Trabajo local, ubicada en la avenida Luro 3490, donde se desarrollaba una audiencia paritaria del Sindicato de Prensa de Mar del Plata. Tras exigir las identidades de los presentes, el grupo secuestró a González, quien además de Secretario General del gremio era redactor de La Capital y corresponsal de la agencia Télam.
El cronista José Luis Ponsico, el miembro más joven de la comisión directiva con 25 años en ese entonces, presenció la captura. Ante la inacción de las autoridades de la oficina, Ponsico y el dirigente gremial Arturo Alagastino subieron al Peugeot 404 de este último para iniciar una persecución directa tras la flota de los captores, compuesta por una rural Fiat azul claro (patente 29926), un Fiat 125 celeste y un Ford Falcon crema. El seguimiento se interrumpió abruptamente en la esquina de Jujuy y San Martín, cuando el Fiat celeste frenó de golpe y un civil armado apuntó al parabrisas del Peugeot bajo la amenaza de disparar si no desistían del rastro.
Esa misma tarde, los representantes gremiales sobrevivientes exigieron respuestas ante la Base Naval de Mar del Plata. Fueron recibidos por el jefe de la fuerza, el capitán de navío Juan Carlos Racero, quien desestimó el reclamo bajo el argumento de que el secuestro respondía a un «problema interno entre sectores políticos». La desaparición de González desarticuló la actividad sindical de forma inmediata, en sintonía con la posterior sanción de la Ley 21.356, que prohibió las asambleas y facultó al Estado a intervenir las federaciones obreras.
Las redacciones mutiladas: del debate al cementerio
Antes de la intervención militar, las rutinas en los medios marplatenses se caracterizaban por tener una dinámica de formación colectiva. Ante la escasez de carreras universitarias específicas en la región, las oficinas de los diarios funcionaban como escuelas prácticas de periodismo, donde el trabajo cotidiano estaba marcado por discusiones políticas prolongadas entre redactores, el ruido constante de las teletipos y el diseño manual de las páginas que se extendía hasta la madrugada.
Dicho entorno social se clausuró de forma inmediata tras el quiebre institucional y el secuestro de la conducción gremial. El periodista José Luis Ponsico describió el panorama de la redacción de La Capital en la jornada posterior a la desaparición de Amílcar González: «La redacción era un cementerio. Había unas veinticinco personas y nadie hablaba. El silencio era total. Se escuchaba solo el ruido de las máquinas de escribir, pero nadie levantaba la cabeza».
En ese clima de mudez generalizada, los intentos por romper el bloqueo informativo recibieron severas sanciones por parte de las empresas periodísticas. Las actas del Juicio por la Verdad del año 2001 arrojaron precisiones históricas sobre estas represalias dentro de La Capital. Según los testimonios judiciales, Ponsico redactó una nota de dos párrafos —una «nota lavada» y sin nombres propios— para visibilizar la captura del secretario general.
De acuerdo con la declaración legal de González, el director de la firma desató una persecución interna contra quienes exigían la aparición del redactor secuestrado, lo que derivó en el despido directo de Ponsico bajo el argumento patronal de que constituía un «elemento perturbador» dentro de la empresa. Las actas del tribunal detallaron que a otros trabajadores de prensa de la ciudad se les aplicaron castigos ideológicos y tareas humillantes a pesar de su trayectoria profesional.
El cuerpo, el destierro y la boca del lobo
La violencia ejercida sobre los referentes sindicales de prensa se extendió mediante un engranaje de encierro físico, persecución judicial y desarraigo forzado. Mientras las páginas de los diarios marplatenses salían de forma prolija, las vidas de sus redactores eran desmanteladas fuera de las oficinas.
Amílcar González sobrevivió a un cautiverio que se inició en la Comisaría 4ª de Mar del Plata, un centro clandestino de detención donde fue sometido a interrogatorios bajo condiciones de degradación física y aislamiento. Luego fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata en donde estuvo preso dos años. Las actas judiciales de 2001 detallaron la aplicación de tormentos y mecanismos de disciplinamiento que la patronal de La Capital acompañó de forma inmediata enviando un telegrama de despido por «incomparecencia laboral», mientras el propio matutino ya había consignado el secuestro en sus páginas.
Para José Luis Ponsico, la expulsión definitiva de su ciudad natal se precipitó de forma violenta en el invierno de 1976. Tras su despido de La Capital el 22 de mayo, la persecución ya no se limitó a las advertencias telefónicas. Una noche, un comando civil integrado por ocho hombres armados irrumpió con furia absoluta y allanó su departamento, ubicado en Larrea 3183, 7° piso «G», en pleno macrocentro marplatense. Milagrosamente, Ponsico, su esposa y sus dos pequeños hijos —de dos años y medio y apenas ocho meses— no se encontraban en la vivienda en ese preciso momento. Aquel «reventón» domiciliario fue la señal inequívoca de que la supervivencia en Mar del Plata era imposible; con lo puesto y huyendo de una desaparición inminente, el cronista debió ejecutar su propio exilio interno hacia Buenos Aires.
El destino lo ubicó en el epicentro de la estructura dictatorial. Ponsico se instaló en el centro porteño, habitando una cotidianeidad marcada por la paranoia de la supervivencia en un territorio hipervigilado por patrullajes y retenes militares, sabiendo que en su ciudad el aparato represivo continuaba ensañado con su historia. En Buenos Aires, la subsistencia económica y el retorno al oficio no dependieron de las instituciones, sino de los lazos solidarios de la vieja guardia periodística. Fue el periodista Rodolfo «el Negro» Pousá quien le tendió la mano para romper la proscripción de las listas negras, ayudándolo a insertarse en el circuito de las agencias nacionales de noticias para volver a sentarse frente a una máquina de escribir. El oficio que le había costado el destierro se convirtió, en la gran capital, en su única trinchera contra el olvido.
El telegrama de Roma: de la desaparicion al destierro internacional
El destino de Amílcar González se convirtió rápidamente en una causa global que tensionó los cables diplomáticos de la dictadura. Mientras en las oficinas de Mar del Plata se imponía el silenciamiento sobre su nombre, fuera del país se activaba una red de resistencia gremial. Según documentó el historiador Mario Ayala en sus investigaciones sobre las redes de solidaridad sindical frente al terrorismo de Estado, en marzo de 1978 la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Prensa (FELATRAP) —de cuyo Comité Ejecutivo González era miembro— coordinaron una intensa campaña internacional para exigir su liberación. La presión escaló a nivel europeo, sumando el peso de organismos como Amnistía Internacional de Holanda.
Asediada por la mirada internacional, la junta militar utilizó un mecanismo de expulsión legal: en abril de 1978, le concedieron a González el Derecho de Opción para salir del país hacia el destierro en Roma, con el apoyo de la CLAT-CMT. El costo de esa libertad condicional quedó grabado a fuego en la memoria de su familia. Su hija Julia, décadas después, declaró al portal local 0223: “Festejé mis 15 años despidiendo a mi papá en Ezeiza esposado: recuerdo que parecía otro, tan flaco, demacrado, caminando con la cabeza gacha como los presos entre el tumulto de gente, y yo pensando que ya no lo vería”.
Al confirmarse su salida de los centros clandestinos, la central obrera internacional calificó su liberación como «un triunfo de la solidaridad de clase», una pequeña grieta en la impunidad del régimen que debía servir para impulsar con mayor vigor la denuncia sobre la grave situación de los trabajadores de prensa en América Latina. Sin embargo, la prolijidad de los cables internacionales no alcanzaron a tapar la realidad física del desgarro: para Amílcar, las marcas en el cuerpo de una persecución feroz se transformaron, formalmente, en el dolor del exilio.
El reencuentro en el Caribe: el abrazo antes del retorno
El exilio de la prensa marplatense, fragmentada entre el anonimato de Buenos Aires y el destierro internacional, encontró un punto de fuga imprevisto antes del colapso del régimen militar. En julio de 1978, en plena ebullición del sindicalismo latinoamericano, la celebración del I Congreso de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de Prensa (FELATRAP), realizado en Venezuela, volvió a cruzar los destinos de los dos redactores de La Capital.
Ese abrazo en Venezuela, a miles de kilómetros de la avenida Luro y bajo el calor del Caribe, significó mucho más que un reencuentro afectivo. Fue el espacio para poner en común la geografía de la supervivencia. En una charla que Ponsico atesora en su memoria, González le preguntó con insistencia: —¿Dónde estás parando? —No, Cerca de Plaza Once, en el centro. Estoy parando a diez cuadras del Congreso —le respondió el cronista marplatense.
La respuesta de su maestro gremial mezcló la crudeza de la época con una ironía filosa: —Sos un tipo afortunado. Te fueron a buscar ocho tipos con armas largas a Mar del Plata, no te encontraron, y ahora estás viviendo “de prestado” a diez cuadras del Congreso. Mirá si te hubieran tocado zonas como Ciudadela o Castelar, donde vive mi vieja… Te vas a tener que dedicar a la filatelia, juntá estampillas.
La sugerencia de «juntar estampillas» funcionaba como una metáfora perfecta del exilio interno en la boca del lobo porteña: la orden de mimetizarse con el paisaje, volverse invisible y adoptar el pasatiempo más silencioso del mundo para no levantar sospechas en un microcentro vigilado. Para Ponsico, ver a su maestro con vida, entero y liderando debates internacionales representó la certeza de que el aparato de silenciamiento y terror de la Base Naval y las direcciones empresariales no habían logrado su cometido. Aquel cónclave funcionó como la antesala del retorno definitivo de González al país en 1984, cerrando un círculo de resistencia que había nacido en la mudez de aquella redacción.
El peso de una sonrisa y la furia en la redacción
A medida que el régimen militar se consolidó hacia finales de la década, el terror directo de los secuestros en la calle mutó en una burocracia de control diario dentro de las propias empresas periodísticas. En la redacción de El Atlántico, a partir de 1978, la vigilancia no la ejerció un soldado de uniforme parado al lado del escritorio, sino una ingeniería de espionaje sutil que, sin embargo, podía estallar en violencia en cualquier momento.
Las actas judiciales de los Juicios por la Verdad identificaron con nombre y rango al encargado de digitar ese filtro en la ciudad: el Capitán de Navío de la Armada, José Francisco Bujedo, jefe de Relaciones Públicas de la Base Naval de Mar del Plata. Bujedo operaba de forma camuflada y frecuentaba los cafés del centro marplatense vestido de civil para transmitir a los editores «sugerencias» cordiales que funcionaban como órdenes inapelables.
A fines de 1980, tras una visita a la ciudad del almirante Armando Lambruschini, Comandante en Jefe de la Armada, el diario publicó una gacetilla oficial de la agencia Télam. El texto era impecable para los ojos del régimen, pero la edición gráfica cometió un error que enfureció a la jefatura militar: eligió una fotografía donde Lambruschini salía sonriendo.
Pocas horas después de la publicación, el Capitán Bujedo rompió su habitual diplomacia. Entró directamente a la redacción de El Atlántico, a los gritos y desencajado frente a los redactores. Para la Armada, exhibir una imagen risueña de su superior constituía una ofensa institucional intolerable. El enojo radicaba en un hecho reciente: el 1 de agosto de 1978, un artefacto explosivo colocado por la organización Montoneros en el departamento de la familia Lambruschini, en Barrio Norte, había asesinado a la hija de 15 años del militar.
Aquel episodio marcó a los trabajadores de prensa de la época. Para Ramella, demostró que la imposibilidad de anticipar qué elemento del día a día desataría la furia militar era el método de disciplinamiento más feroz: «La arbitrariedad terminaba siendo más efectiva que cualquier reglamento. Nadie sabía exactamente dónde estaban los límites».
Más allá de las tensiones editoriales, la experiencia familiar de Ramella durante esos años expone el verdadero alcance del desamparo y la desinformación que afectaba a toda la comunidad marplatense, incluso a los sectores más instruidos. Al poco tiempo de iniciar su trayectoria en los medios, su hermana, profesora universitaria de matemáticas sin participación política, fue secuestrada por la Armada. Lejos de la imagen de una sociedad que comprendía con claridad la lógica de la violencia clandestina, el episodio sumió a su entorno en una falta total de certezas.
El recuerdo del cronista sobre su padre, un reconocido ingeniero de la ciudad, describió de manera desgarradora la destrucción de los mapas de referencia ciudadanos: «Mi padre era ingeniero, un hombre muy instruido, muy formado, y no sabía qué pasaba. No sabía quién se la había llevado, no sabía a quién reclamarle, no sabía porque. Eso te da la pauta de la desinformación y el desconcierto absoluto que había». En una comunidad donde ni las mentes más estructuradas lograron descifrar las reglas del terror, el aislamiento y la vulnerabilidad terminaron convirtiéndose en las consecuencias más profundas del miedo.
La herencia de la rutina y la dualidad de Malvinas
Hacia el cambio de década, el miedo y la censura se habían burocratizado a tal punto que las nuevas generaciones de periodistas ingresaron a las redacciones con el filtro preventivo plenamente asimilado. El periodista Miguel Belza, quien comenzó su trayectoria profesional en el año 1980 en el ámbito gráfico, describió ese proceso de naturalización de la mordaza.
Según el testimonio de Belza, en las mesas de trabajo o en los pasillos de los medios ya no se debatía sobre la existencia de la censura porque la presión del régimen se había vuelto invisible para la práctica diaria: «Nosotros no hablábamos de censura en la mesa de la redacción. No hacía falta que viniera un militar a decirte qué poner. La autocensura ya estaba incorporada en el cuerpo; sabías perfectamente qué temas no existían. El filtro era parte del paisaje».
Esta dinámica de silencios obligatorios alcanzó su punto de mayor tensión durante el conflicto bélico de las islas Malvinas en 1982. En ese período, las redacciones marplatenses vivieron una situación de quiebre psicológico y profesional al quedar atrapadas entre la realidad fáctica y la propaganda oficial obligatoria, una encrucijada que para los redactores locales tenía un rostro de dolor cotidiano: el joven Carmiña, compañero de redacción de Miguel Belza y de Nino Ramella que se desempeñaba en el sector de fotocomposición, se encontraba en las islas como soldado conscripto.
La cercanía con el frente de batalla era total, pero el blindaje informativo de las empresas periodísticas era infranqueable. Belza describió la dolorosa contradicción cotidiana de convivir con la verdad en los pasillos y la mentira en las páginas del diario: «Pues de hecho con Nino teníamos un compañero que estaba en Malvinas, un chico que estaba en fotocomposición, Carmiña de apellido; y teníamos a alguien ahí, teníamos datos reales de lo que estaba pasando y no salía publicado. Vos agarrás el diario de ese día y no hablaba de eso. Salía que estábamos ganando, la de siempre».
El Estatuto como escudo y la ética como bandera
El quiebre de la estructura de las redacciones no solo implicó un cambio logístico, sino un golpe directo al marco ético y regulatorio que protegía la dignidad del oficio. Amílcar González, antes de convertirse en blanco de la dictadura, había sido el gran artífice regional de la implementación práctica del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908) a través de la redacción del Convenio Colectivo de Trabajo de 1975. Aquella ley madre, que blindaba los derechos laborales como condición indispensable para un periodismo independiente, arrastraba una mística histórica: había nacido el 25 de marzo de 1944 como el Decreto 7618/44 firmado por el entonces Secretario de Trabajo y Previsión, el coronel Juan Domingo Perón, y ratificado por él mismo en 1946 ya como Presidente de la Nación.
El calendario de la memoria carga esa fecha con el peso de sus coincidencias. El 25 de marzo de 1976, exactamente un año antes de que la dictadura secuestrara en Capital Federal a Rodolfo Walsh tras la publicación de su histórica “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, la violencia paraestatal caía sobre Mar del Plata. Ese mismo día, Amílcar González era secuestrado en plena función de su cargo como Secretario General del Sindicato de Prensa, durante una audiencia en la delegación local del Ministerio de Trabajo.
Su lucha gremial consistía en defender ese Estatuto nacido en el 44 como un escudo contra el apriete. En su histórica declaración ante el Tribunal Oral en 2001, González remarcó que la sumisión económica y el desmantelamiento de las leyes laborales fueron la antesala indispensable para la pérdida de la honestidad informativa.
Esa defensa del Estatuto como un instrumento ético de resistencia no quedó congelada en los tribunales del pasado, sino que encontró una línea de continuidad directa en la estructura gremial contemporánea. Miguel Belza, quien actualmente es Secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Mar del Plata, recogió esa misma bandera histórica para advertir sobre los riesgos actuales del oficio. Para Belza, la estabilidad laboral que garantizaba el Estatuto no era un mero listado de beneficios salariales, sino la herramienta necesaria para que un cronista conserve la libertad de negarse a las presiones —antes militares, luego corporativas—. La posta gremial que unió de forma trágica y comprometida a González con Belza estableció que la rigurosidad técnica y el compromiso ético con la verdad fáctica eran, ayer y siempre, indisociables de la dignidad de las condiciones de trabajo.
Placa colocada por COSITMECOS (Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social y Audiovisual de la República Argentina) el 25/03/2024 en Luro 3490, lugar donde fue secuestrado Amílcar Gonzalez, en conmemoracion al Dia del Trabajador de Prensa. Foto: Sindicato de Prensa Mar del Plata.
Memorias en conflicto: las huellas de la derrota
A cinco décadas del golpe de Estado, las derivaciones del control informativo y las marcas subjetivas que dejó el terrorismo de Estado en Mar del Plata abrieron debates divergentes entre quienes ejercieron la profesión, atravesados por una cruda consciencia sobre el resultado de aquella disputa histórica. Las reconstrucciones de los protagonistas expusieron visiones encontradas sobre la responsabilidad corporativa, pero coincidieron en el sabor amargo de una derrota compartida.
Por un lado, Nino Ramella analizó el impacto estructural enfocado en la destrucción de los lazos de socialización profesional. Desde su perspectiva, la desaparición de aquellas redacciones tradicionales e intensamente politizadas significó la pérdida definitiva de espacios de debate y formación colectiva para los cronistas de la región, los cuales fueron reemplazados por dinámicas laborales más atomizadas e individualistas.
Es esa misma línea la que llevó a José Luis Ponsico a realizar un balance doloroso pero honesto sobre el destino de su época, resumiendo el impacto del terror y la dispersión en una frase lapidaria: «Mi generación perdió». El desmantelamiento de la mística sindical y la consolidación de las empresas que pactaron con el régimen transformaron el tejido del oficio, dejando a los sobrevivientes con la certeza de un proyecto trunco.
Por otro lado, Miguel Belza sostuvo que las estructuras de silenciamiento preventivo estratégico no concluyeron con la transición democrática en diciembre de 1983. Su análisis expuso que la práctica de la autocensura no desapareció con el tiempo, sino que se transformó para adaptarse a las nuevas presiones del entorno periodístico: «Las presiones ya no provienen de mandos militares armados sino de intereses de carácter corporativo y pautas económicas empresariales.» Al revisar la forma en que el relato de la transición acomodó los hechos, Belza apeló a una máxima histórica para explicar el presente de los medios locales: «La historia la escriben los que ganan». Su lectura desnudó cómo el poder económico que se alimentó del silencio durante los años de plomo logró fijar las reglas de juego del periodismo actual.
En un sentido más drástico, el testimonio judicial de Amílcar González ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata en 2001 expuso un cuestionamiento ético severo hacia los sectores del periodismo local y nacional que mantuvieron una postura de silencio estricto durante los años de la represión ilegal. González diferenció las conductas de los trabajadores de prensa de la época y criticó especialmente a quienes optaron por recuperar una voz pública de denuncia recién cuando las garantías constitucionales se restablecieron y los riesgos contra la integridad física habían desaparecido, instalando una tensión en la memoria histórica del oficio que permaneció sin resolverse.
El legado hacia las nuevas generaciones
Cinco décadas después de caminar sobre aquel terreno minado, las reflexiones finales de los protagonistas coincidieron en proyectar estas experiencias como un espejo ético para quienes hoy se incorporaban a las redacciones. Ponsico apeló a recuperar la mística territorial del trabajo de campo y la militancia por la dignidad colectiva para enfrentar la creciente deshumanización tecnológica del medio. Ramella insistió en que el valor imperecedero del periodismo radicaba en la honestidad de la sospecha permanente y el rechazo a la comodidad que ofrecían las estructuras de poder de turno. Finalmente, Belza advirtió que el principal desafío del presente es aprender a identificar los sutiles e invisibles filtros económicos contemporáneos, recordándole a los jóvenes profesionales que la autocensura se debía combatir diariamente para salvaguardar la libertad y la transparencia del oficio.
*Estudiantes del MediaLab, primer Laboratorio de Redacción para Medios Digitales. Se trata de un sistema experimental que consiste en el trabajo periodístico, de producción propia, que desarrollan alumnos del Taller de Redacción para Medios Digitales, correspondiente a la Tecnicatura de Periodismo Digital que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata
