Los libros que hace 50 años querían ser leídos

Por Constanza Díaz y Josefina Martínez para el #MediaLab de Portal Universidad

Durante la última dictadura cívico militar en Argentina se destruyeron cientos de miles de libros mediante secuestros, quemas y censura. En 1977, los militares retiraron cerca de 90.000 ejemplares de la editorial Eudeba, que nunca volvieron a aparecer. También se realizaron grandes quemas de libros, como la de la Biblioteca Constancio Vigil en Rosario y la del CEAL (Centro Editor de América Latina) en 1980, donde se incendiaron más de 24 toneladas de publicaciones por orden judicial. A esto se sumaron las quemas privadas realizadas por personas que, por miedo, destruían sus propios libros.

La persecución cultural fue parte de un plan organizado por la dictadura para controlar las ideas de la sociedad. Así está expresado en las Directivas Generales del Comandante en Jefe (secretas) de marzo de 1976, 1977 y 1979, firmadas por los ex generales Rafael Videla y Roberto Viola. Allí señalaban que ya había finalizado la etapa de destrucción de las fuerzas guerrilleras pero que quedaba pendiente la lucha por las “conciencias” o por las “mentes” de los argentinos y que los objetivos en materia de política educacional y cultural eran los fines principales de su proyecto. Escritores, editoriales y obras consideradas peligrosas fueron censuradas o prohibidas. El objetivo no era solo eliminar opositores políticos, sino también imponer un modelo cultural y social basado en el miedo y la represión. Muchas editoriales independientes desaparecieron y la industria editorial argentina, que había sido una de las más importantes en español, quedó profundamente afectada.

Las operaciones de censura en libros eran parte de un plan sistemático titulado “Operación Claridad”. Se trataba de la misión del Ejército para desarrollar “…una política de acercamiento, asesoramiento y apoyo a las autoridades culturales, educativas y de ciencia y tecnología en su jurisdicción, con la finalidad de lograr la adopción de medidas político-administrativas, tendientes a erradicar la subversión en sus distintas manifestaciones y promover el desarrollo, divulgación y consolidación de los valores éticos, morales, espirituales e históricos como modo de reafirmar la esencia del ser nacional”.

Firmado por Viola, en el Anexo 4 (ámbito educacional) a la directiva del CJE Nº 504/77 se establece que “…se eliminará a los elementos perturbadores enrolados en la subversión”, con lo cual se respalda en la denominada “operación claridad”: “Toda vez que se detecte bibliografía subversiva en los establecimientos educativos, se informarán al Comando del Ejército (EMGE-Jef lllOp) los siguientes aspectos:

1) Título del texto y editorial
2) Materia y curso en el cual se lo utiliza
3) Establecimiento educativo en el que se lo detectó
4) Docente que lo impuso o aconsejó
5) De ser posible se agregará un ejemplar del texto, caso contrario fotocopias de algunas páginas, en las que se evidencie su carácter subversivo
6) Cantidad aproximada de alumnos que lo emplean
7) Todo otro aspecto que se considere de interés”.

Se comprueba que efectivamente existía un plan para eliminar los libros “subversivos”, que terminarían en la hoguera. Los libros habían sido escritos por reconocidos teóricos (Marx, Engels, Lukács, etc), o tenían dentro palabras como “aborto‟, “teología de la liberación‟ o “comunismo‟. También eran investigados, es decir, tenían informes por cada uno de los libros que habían sido prohibidos. Se utilizaban listas de libros, donde señalaban aquellos que habrían de ser removidos de las bibliotecas. Además, contaban con autores “tendenciosos marxistas” que poco tenían que ver con el marxismo, pero que les resultaban subversivos o de izquierda.

Estas directivas se aplicaban a lo ancho y largo de todo el país y, en Mar del Plata, no fue la excepción. La Biblioteca Municipal debía obedecer las ordenanzas y disposiciones emitidas desde el gobierno de facto. Aunque no se hallaron documentos oficiales específicos dentro del archivo actual de la institución, distintos testimonios permiten reconstruir cómo impactó la censura en el funcionamiento cotidiano de la biblioteca.

La Biblioteca Municipal fue inaugurada en 1934 y funcionó durante décadas en el tercer piso del Palacio Municipal. Recién en 1982 se trasladó al edificio actual de la Biblioteca Leopoldo Marechal, ubicado en Catamarca y 25 de Mayo. La construcción y ampliación de la biblioteca en aquella época fue apoyada fuertemente por el Estado municipal y provincial. Andrés Pereira, trabajador de la institución con más de 30 años de trayectoria, informa que “el gobernador en ese entonces era un militar llamado Saint James y, el intendente en ese momento, era Roussac, su yerno”. Según relató Andrés, la biblioteca atravesaba entonces un período de fuerte crecimiento y concurrencia. “Yo me acuerdo que estaba trabajando en un área técnica y a veces nos pedían, por favor, que fuéramos a planta alta a apoyar a los compañeros, porque había tres filas de personas esperando con numerito para pedir un libro”, recordó.

Pese al contexto represivo de la época, la biblioteca nunca dejó de funcionar. El único cierre temporal ocurrió durante la mudanza hacia la nueva sede. Sin embargo, eso no significó que estuviera al margen de las políticas de censura impulsadas por la dictadura. Pereira explicó que desde el Ministerio de Cultura se enviaban listas negras de autores y obras consideradas peligrosas: “Esas listas de escritores llegaron hasta las bibliotecas, donde se les pedía que apartaran del depósito o de la consulta ciertos autores y ciertos libros”.

Según Andrés, las medidas afectaron tanto a bibliotecas municipales como populares y se concentraron especialmente en materiales vinculados con filosofía, política y educación. “Los géneros más afectados fueron cuentos infantiles, filosofía, política y en algunos casos poesía”, señaló. También explicó que hubo fuertes intervenciones sobre libros escolares y programas educativos. “Hubo reescritura y eliminación de libros escolares”, comentó, y agregó que incluso materias como Estudio de la Realidad Social Argentina (ERSA) fueron modificadas o reemplazadas.

La persecución ideológica alcanzó niveles extremos. “Raro, fue Matemáticas, porque los militares creían haber encontrado en la teoría de los conjuntos textos que podían ser extremistas. Una locura”, afirmó Pereira. Según explicó, algunos manuales también fueron reescritos bajo esa lógica de control ideológico.

A diferencia de otros casos emblemáticos del país, no existen registros concretos de quemas de libros dentro de la Biblioteca Municipal de Mar del Plata. Sin embargo, Pereira sostuvo que muchos materiales censurados desaparecieron definitivamente. “El material que estuvo censurado volvió, pero no recuerdo que todos hubieran vuelto. Destruidos, me consta”, afirmó.

En conversación con Miguel Monforte, trabajador del Centro Cultural Soriano que convive con la Biblioteca Municipal y conocedor de los debates en torno a la memoria y la educación, reflexiona acerca del valor simbólico de los libros y de las políticas culturales en contextos de persecución ideológica.

“Las palabras que se utilizaban en aquel contexto no eran ingenuas ni casuales”, explicó Monforte. “Ellos (los militares) pensaban que la cultura estaba relacionada a la construcción de una sociedad, en eso estamos de acuerdo, pero el querer arrancar el ´problema´ de raíz implicaba eliminar toda forma de pensamiento diferente.” Esto quiere decir que la quema y destrucción de libros respondía a una lógica más profunda: controlar la educación y orientar las ideas de la sociedad. Miguel explicaba que “no se trataba solamente de hacer desaparecer publicaciones consideradas peligrosas, sino también de imponer modelos rígidos de conducta y pensamiento”.

A 50 años del inicio de la última dictadura cívico militar, las huellas de la censura todavía atraviesan la memoria colectiva y cultural. La persecución de libros, autores y bibliotecas no fue un exceso aislado de la represión, sino que formó parte de un proyecto político que entendía a la cultura como un territorio que se debía controlar. En Mar del Plata, como en el resto del país, las listas negras, la vigilancia y la desaparición de materiales dejaron marcas silenciosas que aún hoy son difíciles de reconstruir por completo.

La ausencia de muchos de esos libros también habla de una ausencia más profunda: la de ideas, debates y voces que fueron silenciadas dentro del espacio público. Recordar lo ocurrido lleva a preguntarse: ¿Qué lugar ocupa hoy la cultura en una sociedad donde todavía existen discursos que desconfían del pensamiento crítico, de la educación y de la memoria? Sabiendo que existió un Estado que decidió qué libros pueden leerse y cómo formar a sus ciudadanos, el conocimiento sobre una parte de la época más macabra de la Argentina permite mantener la memoria viva y reconocer que hay un lugar muy oscuro al que los argentinos no quieren volver nunca más: el silencio.

*Estudiantes del MediaLab, primer Laboratorio de Redacción para Medios Digitales. Se trata de un sistema experimental que consiste en el trabajo periodístico, de producción propia, que desarrollan alumnos del Taller de Redacción para Medios Digitales, correspondiente a la Tecnicatura de Periodismo Digital que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata