Caso Lucía Pérez: ¿Qué es un proceso judicial con perspectiva de género?

En 2018, año en el que se llevó a cabo el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez, los acusados fueron condenados a ocho años de prisión por los jueces integrantes del TOC 1, por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que asistía Lucía. Sin embargo, ambos fueron absueltos por las acusaciones de abuso sexual seguido de muerte y femicidio.

En agosto de 2020, la sala IV del Tribunal de Casación bonaerense revocó ambas absoluciones, dispuso la “nulidad” del primer juicio y ordenó la realización de uno nuevo teniendo en cuenta la perspectiva de género. Esa resolución fue confirmada un año más tarde por la Corte Provincial.

Para conocer con mayor profundidad qué significa que haya perspectiva de género en un proceso judicial, desde Portal Universidad nos pusimos en contacto con Alba Salinas, abogada, docente de la facultad de derecho y miembro del Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada (CAMM).

Respecto del concepto de perspectiva de género, Salinas dijo: “Más allá del juicio de Lucía Pérez, que es el que nos trae a esta nota, la perspectiva de género tiene que ver con una categoría de análisis que lo que pretende es que se pueda dar cuenta en los expedientes judiciales penales, civiles o de familia, la condición de desigualdad estructural que padecemos las mujeres en esta sociedad, expresada a través de la discriminación y también a través de la violencia”.

Significa poder pensar cada situación y proceso judicial considerando esta situación de desigualdad estructural, pero además atravesar todo el proceso judicial, porque no es solamente lo que pueda suceder en la sentencia, sino a lo largo de todo el proceso.

“Entonces significa poder pensar cada situación y proceso judicial considerando esta situación de desigualdad estructural, pero además atravesar todo el proceso judicial, porque no es solamente lo que pueda suceder en la sentencia, sino a lo largo de todo el proceso. Considerar esta situación de desigualdad estructural, además implica trabajar sin estereotipos de género, que fue una de las razones centrales por las cuales se anuló el primer fallo del juicio”, agregó.

Sobre este aspecto, Salinas profundizó: “La propia sentencia que absuelve a los acusados estaba cargada de estereotipos de género y sin considerar esta condición de Lucía de ser una mujer joven adolescente en situación de vulnerabilidad, a la cual le había sucedido todo esto que sucedió. El reclamo era la falta de perspectiva de género y lamentablemente son situaciones que se repiten en el segundo juicio, como exponer la vida privada de la víctima, la realización de preguntas desatinadas que no tienen conexión con el hecho que se juzga”.

“Es lamentable porque la perspectiva de género es obligatoria. Es obligatorio considerar la condición de género, no es una opción ni para los jueces, ni para los operadores de la justicia, los defensores y la fiscalía. No es una opción: hay que pensar, preguntar y resolver con perspectiva de género. Preguntas que tengan que ver con la vida sexual de esta nena, con anterioridad al hecho no corresponden. Creo que el juez mismo la declaró improcedente, no permitió que fuera contestada, pero lo importante es que todos quienes trabajan en la justicia se formen”, aseguró.

 La importancia de la Ley Micaela

Las acciones contempladas en la Ley Micaela para introducir la perspectiva de género en la formación, en este caso de los operadores de justicia, cumplen un rol fundamental. Sobre esta ley Salinas expresó: “Es importante que esta ley sea llevada adelante, no como un curso de cuatro charlas, sino como un proceso de formación continua, porque también tenemos que decir que, para quienes hemos sido educados en una sociedad patriarcal, pensar con perspectiva de género, ponerse la lente de género para mirar la realidad y los procesos judiciales, es un esfuerzo consciente. Nuestra cabeza está formateada en forma patriarcal y pensar con perspectiva, interpretar, requiere de nosotros un esfuerzo consciente. Por eso es importante destacar que esto es una obligación de quienes trabajan en la justicia porque está normado en los tratados internacionales de derechos humanos que nuestro país ha ratificado”.

“La suprema corte ha diseñado capacitaciones virtuales en la Ley Micaela que se hacen a través de la página de la corte, del instituto de estudios judiciales. Yo sé que estas capacitaciones se están dando, desconozco el contenido que tienen, los niveles de profundidad. Lo que si puedo decir es que empezamos a ver resoluciones judiciales que dan cuenta del análisis del caso desde una perspectiva de género. No es lo que sucede en la mayoría de los casos, falta mucho, pero empieza a aparecer esta idea que antes ni siquiera aparecía”, aseguró.

Asimismo, detalló que en su área, el derecho de familia, comienza a verse la perspectiva de género con mayor frecuencia y dijo: “En los juicios de alimentos, la cuestión alimentaria reclamada por la madre comienza a ser analizada desde una perspectiva de género con relación a la cuestión patrimonial, y muchas veces desde una situación en la que las mujeres están sometidas a situaciones de violencia económica. Estas cuestiones empiezan a aparecer y vale la pena señalarlo”.

“Falta mucho, las capacitaciones deben ser continuas y deberían avanzar en la profundización del concepto, porque pensar con perspectiva de género no es fácil, es un aprendizaje continuo que implica pensar de una manera opuesta  a la que te formatearon”, explicó.

¿Reforma judicial en clave feminista?

Analizando posibles panoramas para equilibrar las desigualdades de género en el poder judicial, Salinas planteó: “Una de las deudas pendientes actuales tiene que ver con una profunda reforma judicial en clave feminista. Pensar la reforma en clave feminista es pensar no sólo desde el tratamiento de los casos, sino desde toda la estructura de poder judicial, quienes lo componen, el cupo laboral, los puestos jerárquicos. Eso es una deuda pendiente hacia el colectivo de las mujeres y la diversidad, porque cuando hablamos de pensar la reforma en clave feminista, la pensamos también incluyendo a las disidencias, que son personas fuertemente discriminadas y violentadas por el sistema patriarcal”.

Todas aquellas propuestas que apuntan a romper, a modificar el statu quo, requieren de mucho trabajo y mucha lucha.

Sin embargo, la abogada hizo referencia a la complejidad que supone este objetivo y expresó: “Creo que todas aquellas propuestas que apuntan a romper, a modificar el statu quo, requieren de mucho trabajo y mucha lucha. Todos los logros que hemos tenido las mujeres y las disidencias han sido producto del trabajo incansable. Cada una, desde el lugar en que estamos, batallamos para que la perspectiva de género se aplique, lograr mayores niveles de igualdad y menos violencia, acompañadas siempre por la movilización en las calles y en cada uno de los lugares. Depende también de nuestro congreso nacional que se decida a tratar estos temas con seriedad, ya que además son temas transversales en donde hay personas a favor y en contra en todos los partidos y alianzas políticas.

“No es un proyecto fácil de concretar pero para las mujeres nunca nada ha sido fácil. Si hay algo que nos sobra es paciencia y tenemos muy claro el objetivo. Lo que está en juego siempre son nuestros derechos, en los casos de los femicidios, nuestras vidas, nuestro derecho a la integridad física, psicológica y  sexual. Eso lo tenemos bien claro”, concluyó.