Ley de Identidad de Género vs DNU: los peligros que corren las infancias y adolescencias trans y no binario

El pasado 9 de mayo se cumplieron trece años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, una normativa pionera en América Latina que garantizó el derecho de las personas trans y no binarias a ser reconocidas según su identidad autopercibida. Sin embargo, en el contexto político actual, ese avance se ve amenazado por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 62/2025 impulsado por el presidente Javier Milei, que introduce restricciones significativas al acceso de menores de edad a tratamientos de adecuación corporal, generando alarma entre organizaciones sociales, profesionales de la salud y colectivos de derechos humanos.

La Ley 26.743 representó un cambio de paradigma: por primera vez, el Estado argentino reconocía el derecho de todas las personas a ser nombradas, tratadas y registradas según su identidad de género autopercibida, sin necesidad de patologización ni judicialización. Fue, y sigue siendo, una herramienta clave para garantizar el acceso a derechos básicos como la salud, la educación y el trabajo para el colectivo trans y no binario.

No obstante, el DNU publicado en el Boletín Oficial el pasado 6 de febrero sustituye el artículo 11, que es el que expresa el derecho al libre desarrollo personal, y lo reemplaza por un texto donde se prohíbe los tratamientos a personas menores de edad. Dice textual en uno de sus párrafos: “Las personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad no podrán acceder a las intervenciones y tratamientos a los que hace referencia el presente artículo”.

Esta modificación fue discutida rápidamente por la Federación Argentina LGBT (FALGBT) que aclararon el engaño que pregona el gobierno. “En primer lugar, el anuncio de que se prohibirán las cirugías de afirmación de género para menores de 18 años es engañoso, ya que la Ley de Identidad de Género vigente en Argentina desde 2012 ya establece que estos procedimientos solo pueden realizarse en personas mayores de edad. Este intento de presentar un supuesto cambio normativo no es más que una estrategia para desinformar y generar estigma”, destacaron.

Para entender mejor el tema, desde el Sistema de Medios Públicos de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), charlamos con la Licenciada en Trabajo Social y miembro de la Secretaría de Políticas de Género de la UNMDP, Belén Bravo, que remarcó la importancia histórica de la normativa y como las medidas actuales buscan invisibilizar las identidades trans vulnerando derechos reconocidos por la Ley y el Código Civil. 

El 2012 fue un año que quedará marcado, no solo por la importancia del avance jurídico sino porque representó el fruto de años de lucha, visibilidad y resistencia por parte del colectivo travesti-trans y de quienes acompañaron sus reclamos en las calles, en los barrios y en los espacios institucionales. Su aprobación representó un hito histórico que reparó, al menos en parte, décadas de exclusión y violencia. “Es una herramienta legal, un reconocimiento de derechos hacia todo el colectivo travesti y trans no binario, donde el Estado por primera vez en la historia reconoce el derecho que tienen las personas a ser respetadas en la elección de su identidad de género”, destacó Bravo.

Pero el DNU firmado por Milei en febrero de este año implicó un giro preocupante. “Este Decreto de Necesidad y Urgencia, que de necesidad y urgencia no tiene nada, en realidad lo que hace es venir otra vez a invisibilizar la existencia, a prohibir la posibilidad de que personas menores de 18 años puedan acceder a tratamientos de modificación hormonal o cirugías”, advirtió.

Uno de los aspectos en los que hace hincapié Bravo es en el enfoque adultocéntrico que subyace en el decreto. “Se piensa que las niñeces no pueden tomar decisiones de ese tipo, cuando el Código Civil reconoce los derechos de las adolescencias en función de su autonomía progresiva. La invisibilidad de las identidades es lo que más me preocupa”.

Para Bravo, pensar la identidad de género como un proceso es clave para entender el daño que genera esta medida. “Todos estamos durante toda nuestra vida construyendo nuestra identidad, y sobre todo en la adolescencia, donde son momentos vitales para esa construcción, más que venir a prohibir, tendríamos que poder acompañarlos”.

La inconstitucionalidad del DNU ha sido denunciada por organizaciones y profesionales apenas se conoció la medida aunque el aquí y ahora lleva a que la situación sea crítica para las personas que ya se encontraban en proceso de hormonización. “Hoy hay amparos individuales presentados por personas que ya estaban en tratamiento, y esperamos que una causa en la justicia federal siente jurisprudencia a nivel nacional. Estamos teniendo muchas dificultades con los insumos. Nosotros intentamos darle continuidad a los tratamientos que estaban en curso, pero los profesionales también se enfrentan a riesgos legales por acompañar estos procesos”, describió Bravo que además trabaja en un equipo de salud acompañando a niñeces y adolescencias trans.

El peligro de retroceder es concreto: sin acceso garantizado, muchas personas podrían recurrir a prácticas por fuera del sistema de salud. “Tenemos el antecedente de las compañeras travestis que durante años usaron aceites o productos inseguros por falta de acceso. Si el Estado no acompaña, esto se termina haciendo sin los cuidados necesarios. Acá lo que hay de fondo es un avance en los discursos de odio. Terminamos buscando argumentos contra posturas que directamente carecen de sentido. El argumento final que yo le veo a este tipo de medidas es el odio hacia esta población”, concluyó

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