Pandemia y organización popular: un estudio sobre los barrios populares de Mar del Plata en 2020

En el año 2020, el mundo se detuvo. El avance del COVID-19 trastocó todas las rutinas, pero no todas las realidades respondieron del mismo modo al confinamiento obligatorio. En Mar del Plata, como en tantas otras ciudades del país, las consecuencias del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) impactaron de manera desigual. En los barrios populares, el mandato de “quedarse en casa” se tradujo en una situación insostenible: sin ingresos, sin acceso garantizado a la alimentación, con servicios de salud limitados y mujeres atrapadas con sus agresores. Pero frente al colapso institucional, emergió con fuerza una capacidad organizativa inédita.

Ese fue el punto de partida de una investigación que luego se plasmó en un libro colectivo, realizado por un equipo interdisciplinario de docentes e investigadores e investigadoras con fuerte inserción territorial, editado por la Editorial de la Universidad de Mar del Plata (EUDEM). 

Desde el Sistema de Medios Públicos de la UNMDP dialogamos con María Antonia Muñoz, Doctora en Ciencias Políticas y Sociales (UNAM), Maestra en Ciencias Sociales (FLACSO), Licenciada en Sociología (UNLP) y compiladora de la obra, quien relató que la obra surgió a partir de una convocatoria especial lanzada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación durante los primeros meses de la pandemia. 

El proyecto, enmarcado en el “Programa de articulación y fortalecimiento federal de las capacidades en ciencia y tecnología COVID-19”, se propuso relevar las condiciones sociales de los sectores populares de Mar del Plata ante el aislamiento obligatorio, y evaluar el rol de las organizaciones y del Estado en esa coyuntura crítica.

Una metodología al calor de la urgencia

La investigación, relató Muñoz, debió sortear las limitaciones propias de un contexto sin precedentes. Acostumbrados a trabajar con observación participante y entrevistas presenciales en los territorios, el equipo tuvo que repensar sus estrategias metodológicas para acceder a los barrios en un contexto de encierro. “Fue una experiencia novedosa desde el punto de vista metodológico”, explicó la compiladora de la obra y agregó: “Tuvimos que realizar entrevistas virtuales, reuniones grupales a través de plataformas digitales, encuentros con referentas y referentes barriales por teléfono. Fue un desafío, pero la respuesta fue muy positiva”.

El trabajo de campo se articuló a partir de tres informes sucesivos que permitieron sistematizar una enorme cantidad de información recogida directamente de los actores territoriales. A pesar de las dificultades, la investigación logró reconstruir en tiempo real la experiencia organizativa de los barrios durante la emergencia, aportando una mirada situada y comprometida con los procesos sociales en curso.

Emergencias múltiples: el territorio como refugio

Uno de los hallazgos más significativos del estudio fue la conformación de los Comités Barriales de Emergencia (CBE), dispositivos que articularon a organizaciones sociales, religiosas, cooperativas, sociedades de fomento y vecinos y vecinas en general para dar respuesta a las múltiples alertas que estallaron durante la pandemia: la alimentaria, la de violencia de género, la de violencia institucional, la sanitaria y la habitacional.

Estos comités, lejos de ser una respuesta espontánea y desorganizada, se apoyaron en tramas preexistentes de organización popular que ya venían sosteniendo la vida cotidiana en los barrios desde mucho antes del COVID-19. “La densidad organizativa previa fue clave para que la reacción fuera inmediata”, señaló María Antonia Muñoz. “Las redes de comedores, las cooperativas de trabajo, las iglesias, las agrupaciones sociales y políticas, todo eso permitió que se pudieran montar rápidamente los comités, que funcionaron como verdaderas unidades de gestión territorial”.

En lugar del aislamiento dentro de los hogares –inviable para quienes comparten un solo ambiente o dependen del trabajo diario para subsistir–, en los barrios populares se impuso el concepto de “quedarse en el barrio”. Esa consigna, adoptada también por el gobierno bonaerense, implicó fortalecer los recursos comunitarios existentes en cada territorio para enfrentar la emergencia sin romper los lazos sociales imprescindibles para sobrevivir.

Los comités barriales organizaron la distribución de alimentos, atendieron situaciones de violencia, canalizaron reclamos por acceso a la salud y buscaron respuestas colectivas a problemas estructurales que la pandemia solo vino a agudizar. Como describió Muñoz, la emergencia sanitaria expuso de manera brutal las desigualdades sociales y territoriales, pero también mostró el potencial organizativo de los sectores populares.

Alimentación y salud: tensiones y respuestas

Uno de los aspectos más críticos detectados por la investigación fue la cuestión alimentaria. Si bien en muchos barrios ya existía una red de comedores comunitarios, el aislamiento profundizó el déficit nutricional. A partir del despliegue de los comités, se multiplicaron los espacios de alimentación y se gestionó la llegada de recursos estatales, pero no sin dificultades.

“Uno de los principales obstáculos fue la disparidad en la provisión de alimentos entre los diferentes niveles del Estado”, indicó Muñoz. En ese sentido, el estudio señaló las tensiones entre un gobierno nacional y provincial que promovían una política de articulación territorial, y una gestión local que tendía a reducir su intervención, en sintonía con una visión del Estado más minimalista.

Las diferencias ideológicas respecto del rol estatal se tradujeron en prácticas concretas. Mientras Nación y Provincia impulsaban la conformación de comités y la entrega de recursos, el municipio mostraba mayores reticencias. Esa disputa también se reflejó en los discursos: “En ese momento ya se empezaba a escuchar desde el gobierno local que el Estado tenía que ser más chico, una idea que hoy está más presente que nunca”, señaló.

El acceso a la salud fue otro eje clave. A través de los comités, se articularon campañas de información sobre el COVID-19, se detectaron casos sospechosos, se gestionaron traslados y se promovió la vacunación. En muchos casos, fueron los propios vecinos quienes oficiaron de promotores de salud, ante la ausencia de una infraestructura formal suficiente. “Lo que vimos fue una enorme capacidad del territorio para cubrir huecos del sistema de salud”, afirmó la investigadora.

Violencias en cuarentena: encierro sin refugio

Una dimensión particularmente preocupante durante el aislamiento fue el aumento de las violencias de género. El encierro obligatorio, combinado con la precariedad habitacional y la sobrecarga de tareas, generó un escenario de alto riesgo para mujeres y diversidades. “Muchas veces, quedarse en casa significaba quedarse encerrada con el agresor”, alertó Muñoz.

Frente a eso, los comités barriales activaron protocolos propios, generaron espacios de escucha y contención, y articularon con instituciones públicas para canalizar las denuncias. “La violencia de género fue una de las alertas que más activamente se trabajaron”, explicó la Lic. en Sociología. “Hubo un gran compromiso de las organizaciones feministas, pero también de toda la comunidad, que comprendió que se trataba de un problema colectivo”.

El trabajo interdisciplinario permitió abordar las violencias desde múltiples perspectivas, teniendo en cuenta no solo el componente interpersonal, sino también la dimensión estructural e institucional del problema. El acceso a la justicia, la respuesta de las fuerzas de seguridad y el funcionamiento del sistema judicial también fueron objeto de análisis.

¿Qué Estado en qué territorio?

Más allá del diagnóstico coyuntural, la investigación puso sobre la mesa una discusión más profunda: el tipo de Estado necesario para enfrentar las crisis sociales. La experiencia de los comités barriales de emergencia demostró que sin políticas públicas activas y presencia estatal concreta en los territorios, las respuestas comunitarias por sí solas no alcanzan.

La existencia misma del proyecto de investigación, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, fue posible gracias a una concepción del conocimiento como herramienta para la transformación social. Sin embargo, esa institucionalidad ya no existe. “Este libro es producto de un programa estatal que hoy está desmantelado”, lamentó María Antonia Muñoz. “El Ministerio que impulsó este trabajo ya no existe, y el enfoque federal y participativo que lo sostenía ha sido reemplazado por una mirada centralista y desfinanciada”.

Esa regresión institucional, lejos de ser un hecho aislado, es parte de una disputa más amplia sobre el sentido de lo público, el rol del Estado y los modos de construir comunidad. “Lo que vimos en la pandemia es que el mercado no puede sustituir ciertas funciones. Y eso sigue siendo cierto hoy”, concluyó.

El libro que nació de esta investigación no es solo un documento académico. Es también un archivo colectivo de la resistencia popular en tiempos de emergencia. Es la crónica de una ciudad partida por las desigualdades, pero también atravesada por una potencia organizativa que permitió sostener la vida cuando todo parecía colapsar.

Lejos de mirar los barrios desde fuera, la obra se ubica en un lugar de compromiso, reconocimiento y acción. En un tiempo donde las redes comunitarias vuelven a ponerse a prueba frente a políticas de ajuste, recortes y exclusión, recuperar esa experiencia no solo es un acto de memoria, sino también un gesto de futuro. Porque si algo dejó en claro la pandemia, es que ninguna emergencia se supera en soledad. Y que, aún en la crisis, la organización popular puede abrir caminos.