Una generación que posterga su futuro: ¿quién puede estudiar hoy?
Por Rosella M. Pasetti | Presidenta de la Federación Universitaria Marplatense y Consejera Superior UNMDP.
La universidad pública es, para miles de personas, la posibilidad concreta de construir un proyecto de vida. Hay tantos ejemplos, pero empiezo por los más conocidos: para muchos significa ser la primera persona de la familia en ser universitario; para otros significa crecer rápidamente, porque tienen que mudarse de sus lugares de origen y empezar una vida nueva lejos de casa; y para un par solo es tomarse un bondi y llegar a la Facultad. Dependiendo de la situación personal de cada uno cada caso puede ser más o menos complicado, pero a muchísimos argentinos y argentinas hay algo que nos une cuando elegimos la universidad pública: se nos abre una puerta que, de no ser de otra manera, permanecería cerrada.
Pero hoy abrir esa puerta está cada vez más difícil, no solo porque estamos siendo testigos de la destrucción de la universidad pública —aunque nos rehusamos a ser la generación que deje morir la educación pública—, sino porque sostener nuestro presente está haciendo que posterguemos nuestro futuro: cada vez son más los estudiantes que trabajan cada vez más horas y, consecuentemente, tienen cada vez menos tiempo para estudiar; hay quienes se endeudan para pagar el alquiler, la comida o el transporte; muchísimos son los que no llegan a fin de mes; y, peor aún, hay quienes después de hacer todas las cuentas posibles, terminan volviendo a sus ciudades o pueblos de origen, no porque hayan dejado de soñar con recibirse, sino porque ya no pueden pagar el costo de seguir intentándolo.
En la Universidad Nacional de Mar del Plata conocemos muy bien esa realidad: más del 60% de las y los estudiantes trabaja mientras estudia. Y esto, en sí mismo, no es un obstáculo, porque para algunos representa una forma de construir autonomía y sostener un proyecto, pero el problema aparece cuando para muchos el trabajo deja de ser una elección y se convierte en la única manera de poder seguir estudiando.
A eso se suman gastos que, considerados individualmente, pueden parecer pequeños, pero que juntos terminan definiendo quién puede permanecer en la universidad. Desde la FUM relevamos que hay estudiantes que han faltado a cursar por dificultades económicas vinculadas al transporte público. También hubo quienes dejaron de comprar materiales de estudio para afrontar ese gasto. Y la situación no es diferente cuando hablamos de alimentación, vivienda o herramientas para estudiar: hay estudiantes que toman mate para saltearse una comida, que intentan preparar exámenes desde un celular porque no tienen una computadora propia u otro dispositivo similar, que dependen de una conexión prestada para descargar bibliografía, o que alquilan lejos de la Facultad para abaratar costos entre el alquiler y las expensas.
Así, de a poco, empezamos a cambiar nuestros proyectos por urgencias, y ese es uno de los efectos más profundos de esta crisis con culpables: que una generación que llegó a la universidad pública para construir futuro tenga que dedicar cada vez más energía a sostener un presente que no le da respiro. Y nada de esto puede explicarse como la suma de malas decisiones individuales, sino de expresiones de un problema colectivo que está cambiando nuestras trayectorias universitarias, incluso para quienes están dispuestos a hacer todos los sacrificios posibles.
Durante mucho tiempo, la universidad pública representó la posibilidad de que el lugar donde nacimos, los ingresos de nuestras familias o las oportunidades que tuvimos al crecer no determinaran nuestro futuro. Esa promesa nunca significó que estudiar fuera fácil, ni que el esfuerzo dejara de ser necesario, sino que significó que existía una institución capaz de ampliar nuestros horizontes y que, a través de ella, podíamos aspirar a construir una vida distinta de la que las circunstancias de origen parecían habernos reservado… pero esa capacidad democratizadora se está perdiendo, porque no se puede pretender que la universidad pública no necesite de políticas públicas que las acompañen ni presupuesto para funcionar.
Por eso, el desfinanciamiento universitario no puede analizarse de manera aislada de la situación que atravesamos las y los estudiantes: la crisis económica y el ajuste universitario no son problemas separados, sino que se potencian entre sí y profundizan las desigualdades que la educación pública históricamente buscó reducir. Reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario es reclamar que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar un derecho que se reconoce como fundamental por la Constitución Nacional y, por supuesto, por las y los argentinos.
Toda discusión universitaria es, en última instancia, una discusión política sobre el país que queremos, y, a pesar de discrepancias políticas ideológicas, la inmensa mayoría de las y los estudiantes que encarnamos el movimiento estudiantil coincidimos en qué rol tiene la universidad pública en la Argentina que queremos: ser herramienta de transformación social, el de ampliar derechos, ser garantía de desarrollo nacional e igualdad de oportunidades, seguir siendo un derecho y no una variable de ajuste.
Por eso, este 15 de Octubre nos volvemos a encontrar como cada vez que la universidad pública lo demandó, porque la educación pública no es una concesión, pero sobre todo para arrancarles el futuro de las manos a quienes nos lo están robando.
