Alertan sobre una merma en actividad pesquera marplatense “en más del 20%” desde el comienzo de la gestión Milei
Por Cintia Berdaguer para el #MediaLab de Portal Universidad
La pesca vive un nivel de inactividad del que no se visualiza fácilmente una salida debido a la cantidad de barcos parados, empresas que no participarán de la zafra del langostino y las tasas de rentabilidad que ya no son lo que eran ni en mar ni en tierra. Si bien la situación se repite en Puerto Madryn y Puerto Deseado, en Mar del Plata se desarrolla la mitad de la actividad del Mar Argentino, ya que además del trabajo extractivo posee un desarrollo de empresas elaboradoras y envasadoras que forman parte de la identidad local.
Esta crisis tiene múltiples causas y repercusiones. Entre ellas se destacan el aumento sostenido de los costos operativos, las políticas cambiarias y fiscales, y la caída de la demanda internacional. El impacto se evidencia tanto en la extracción como en la elaboración, conservación y comercialización de los productos, afectando directamente a empresas y trabajadores.
Uno de los factores clave es la disminución de la rentabilidad, especialmente en el caso del langostino. Desde 2005, el precio internacional de este producto se redujo a la mitad medido en dólares. A eso se suman los cambios en los patrones de consumo a nivel global, que afectaron la demanda de pescados y mariscos, y una política cambiaria que mantiene un tipo de cambio bajo, lo que limita las posibilidades de exportación con tasas de ganancia similares a las de años anteriores.
En ese marco, muchas empresas optaron por ajustar su estructura operativa para reducir costos. Esta tendencia incluyó despidos en plantas procesadoras, cierre definitivo de otras, e incluso el desvío de capturas hacia establecimientos ilegales donde los costos laborales son menores. La falta de políticas públicas que contengan esta situación empujó a las compañías a adoptar estrategias de supervivencia que impactaron directamente en el empleo formal del sector.
A la presión del mercado internacional se sumó un contexto macroeconómico nacional adverso. Durante la gestión de Javier Milei, el precio de los combustibles aumentó alrededor de un 330%, lo que modificó sustancialmente la estructura de costos, especialmente en lo que respecta a embarcaciones y logística. Esta suba se combinó con una inflación acumulada en pesos del 200% entre diciembre de 2023 y abril de 2025, y con aumentos en dólares que complejizaron aún más el panorama.
Por otro lado, el nivel impositivo aplicado a la actividad pesquera continúa siendo un factor de peso. En diciembre de 2023, los Derechos Únicos de Extracción (DUE) se triplicaron, al tiempo que se mantuvieron las retenciones sobre las exportaciones del sector. Estos incrementos, lejos de atenuarse, siguieron inflando los costos empresariales, profundizando la crisis.
Recién en meses recientes, algunas medidas oficiales intentaron aliviar el cuadro. Entre ellas se destaca la baja del 70% en los DUE y la habilitación para importar buques usados, que podría representar una reducción del costo empresario en ciertas etapas de la cadena. Sin embargo, desde distintos actores de la actividad sostienen que estas acciones resultan tardías o insuficientes frente a una problemática estructural que se arrastra desde hace tiempo.
En paralelo, la apertura de importaciones de alimentos, autorizada por el Banco Central a fines de marzo de 2025, abrió una nueva oportunidad para algunas elaboradoras y envasadoras que analizan reconvertirse en empresas importadoras. Esta transformación, sin embargo, genera preocupación por su impacto a mediano plazo en la industria nacional.
Pese a este contexto complejo, la reciente cosecha récord de calamar fresco ofreció un respiro. El corrimiento del caladero a una zona más cercana al puerto local activó la logística y generó una importante cantidad de empleo en tierra, lo que permitió paliar en parte los efectos negativos de los meses previos, en los que las flotas fresqueras estuvieron prácticamente paralizadas.
Según datos oficiales, la pesca representa aproximadamente el 3% de las exportaciones totales del país, y en diciembre de 2024 generó ingresos por 1.700 millones de dólares. Aun así, el escenario actual evidencia un deterioro profundo de las condiciones estructurales que sostienen al sector, tanto en términos productivos como laborales.
Sin respuestas del gobierno, propuestas que profundizan los conflictos gremiales
Desde las cámaras fresqueras que se dedican principalmente al langostino de exportación, hace más de seis meses que encendieron las alarmas y en marzo de este año amarraron los barcos ya que aducen que están yendo a pérdida. En ese momento, durante la primera paritaria del año propusieron la reducción de los salarios de la tripulación en un 30% ya que sostienen que el costo laboral de una embarcación es del 60% del total de lo producido. Por otro lado, el 7 de mayo en reunión paritaria plantearon una pauta salarial con incrementos del 1% en abril, 1% en mayo, 1% en junio y 0,9% en julio, además de la suspensión de los aportes sindicales. Algunas empresas también propusieron la suspensión de los aportes sindicales como modo de engrosar los sueldos del personal embarcado.
Ante este panorama, el Sindicato de Obreros Marítimos SOMU planteó su oposición tanto a las reducciones salariales como a la pauta salarial propuesta y desde el viernes 9 de mayo ha declarado un paro por tiempo indeterminado. “Nuestra postura es y va a seguir siendo que no somos la variable de ajuste. Creemos que hay que buscar otras soluciones que no impliquen tocar el bolsillo del trabajador, que de por sí, ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo” contestó Damián Basail, Delegado del SOMU Seccional Mar del Plata. El mismo día la respuesta desde la Secretaría de Trabajo fue dictar la conciliación obligatoria, que regirá durante los próximos 15 días, con posibilidad de extenderse 5 días más.
HISTORICA MOVILIZACIÓN POR LA PESCA Y EN RECHAZO AL DECRETO 340/2025 DE LA MARINA MERCANTE pic.twitter.com/An5JflG7Hd
— S.O.M.U. (@SOMU_arg) June 29, 2025
En tierra, el trabajo en las denominadas “cuevas” que tercerizan el trabajo llevándolo fuera del circuito legal, es uno de los modos que las empresas encuentran para recomponer sus tasas de ganancia. En las mismas trabajan las mismas personas que son desvinculadas o no son convocadas por empresas y cooperativas, lo que resulta en una profundización de la precarización laboral, con condiciones laborales que no están enmarcadas en los convenios laborales vigentes para la actividad, además de carecer de todo otro control en el procesamiento y la cadena de frío.
Al ser consultada sobre la magnitud de este fenómeno, Marcela Ibarola, Secretaria Gremial del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) sostuvo que “no tenemos forma de saber, eso debería ser controlado por el estado porque el pescado sale del puerto y se procesa en algún lado”.
Respecto de la situación crítica que atraviesa la industria, Ibarola, relató que “desde el segundo semestre del año pasado la situación se viene agravando con muchos despidos, retiros voluntarios, que son despidos disfrazados y cierres de fábricas. El SOIP acompaña a la gente para ver si quiere que hablemos con los dueños de las plantas, aunque sean precarizados, les miramos las liquidaciones y asesoramos pero nosotros no somos dueños de empresas, hacemos lo que podemos, es el Estado el que debe dar respuesta”.
Durante el año pasado, SOIP ha llevado adelante medidas de protesta contra despidos y arbitrariedades patronales, algunas de las cuales fueron neutralizadas mediante el “protocolo antipiquete”, una de las primeras medidas de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación, sancionado mediante Resolución 943/2023.
La caída en el nivel de actividad
Es difícil medir la caída de la actividad pesquera, fundamentalmente porque se trata de una actividad con altibajos ligados a la naturaleza del recurso. Como no se trata de una industria meramente extractiva sino que el procesamiento y logística son funciones fundamentales para mantener el producto fresco o congelado, consecuentemente implica una diversidad de operaciones y actividades que están sostenidas por empresas de diferente naturaleza y regulaciones laborales diversas que complejizan el panorama sindical.
Según el Informe de avance del nivel de actividad elaborado por el INDEC, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación en el cuarto trimestre de 2024 la variación porcentual respecto de igual período del 2023 fue negativa, de 0.7%. Por otra parte, el informe técnico sobre la industria pesquera marcó que en enero de 2025 el Índice de producción industrial pesquero (IPI pesquero) hubo una caída de 3,3% respecto al primer mes de 2024.
Esta variación responde a una caída de 12,7% del grupo “peces”. Por su parte, “crustáceos” mostró una disminución de 8,1% y “moluscos” registró un incremento de 12,0% para el mismo período. En el informe también se especifica que los desembarques de buques fresqueros tuvieron una caída del 8,7%.
Carlos Liberman, integrante del Consejo Federal Pesquero por la Provincia de Buenos Aires puntualizó que “en el último año y medio ha habido una reducción de la actividad tanto a nivel de la captura como del procesamiento. En los pescados blancos frescos hay una merma de un 20% con relación al año anterior en las descargas. También se ve una creciente cantidad de despidos en el procesamiento de pescados blancos y debiéramos estar en zafra de langostino, pero no está iniciada debido a que las empresas marcan distintos problemas que hacen inviable el negocio”.
Al solicitarle una comparativa con otros momentos de la historia de la actividad, Liberman refirió que: “Este momento no lo puedo comparar con ninguno otro en cuanto a cómo afecta tanto a los trabajadores como a las empresas del sector. Este gobierno no considera a las empresas un aliado productivo, ni que empresas y trabajadores son verdaderos hacedores de soberanía en nuestro mar. Tenemos una flota de más de 500 embarcaciones en total, entre flotas de gran altura, altura, costeros y artesanales”.
Por su parte, Martin Merlini, titular de la firma Consultora Marítima y ex presidente del Consorcio Portuario (2016-2020), expresó que “La merma de la actividad pesquera la estimo en más del 20 %. Hay una perspectiva poco feliz para los armadores pesqueros en el próximo tiempo. En términos generales el gobierno nacional no está tomando en cuenta las necesidades reales de los actores, empresas, frigoríficos, pesqueras, armadoras, proveedores, prestadores de servicios, de toda esta gigantesca cadena de valor que es la actividad pesquera en Argentina y tampoco a Mar del Plata que hoy está como séptimo pueblo exportador del país, rondando los 2.000 millones de dólares anuales en exportaciones netas”.
En el mismo sentido, desde el SOIP, Ibarola confirma que “a nosotros se nos cayeron 600 afiliados en los últimos seis a ocho meses y hay que tener en cuenta que tenemos 2300 afiliados en total”. Si a esto agregamos que hoy en día la mayor parte del trabajo es no registrado, en negro o en cooperativas, que no generan filiación sindical, podemos decir que estas cifras son apenas un indicio de la caída en términos de puestos de trabajo en tierra.
El principio de la crisis
Para la pesca como actividad económica, el primer registro del cambio del gobierno nacional llegó de la mano del proyecto de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en la que la amenaza al sector en su conjunto provocó que se levantaran voces en contra desde todos los actores de la industria. “Ni bien arranca su gestión, el gobierno (nacional) intentó modificar la Ley Federal de Pesca y su decreto reglamentario, desconocer al conjunto de empresas que actualmente ejercen la pesca mediante los permisos vigentes y permitir que empresas del extranjero que hoy no pescan en el país puedan ingresar a reemplazar a las argentinas, trayendo incluso trabajadores de otros países, reemplazando a miles y miles de trabajadores que hoy pescan en empresas que están constituidas en el país, embarcados en los barcos de bandera nacional, o bien que trabajan en los puertos argentinos”, recordó Liberman.
El peligro de la desregulación y la facilitación para la pesca de buques extranjeros, con la consecuente afectación de la soberanía generó negociaciones que permitieron eliminar a último momento buena parte del articulado que afectaría a la actividad marítima. Pero se incorporó un artículo que cataloga como “grave injuria laboral” la participación en bloqueos o tomas de establecimientos pesqueros, permitiendo despidos con causa por parte de las empresas, lo que impacta directamente en la organización sindical, dificultando las protestas gremiales.
Consultado por este medio, Damian Basail (SOMU) afirmó que “En este tiempo de gestión de Javier Milei en la conducción del país, podemos ver que las medidas adoptadas en cuanto al sector pesquero, están poniendo en riesgo el sistema productivo y destruyendo la industria pesquera nacional, con políticas que no generan alivios fiscales ni impositivos para el sector empresarial ni para los trabajadores que representamos. Ha excluido al sector pesquero de la baja de retenciones, ha dado marcha atrás con las exenciones conseguidas en impuesto a las ganancias, buscando liberar la pesca al sector extranjero y cargando al sector con costos elevados que dificultan la operatividad del mismo”.
El problema de la rentabilidad y la afectación de los salarios
El empresario Martín Merlini, dedicado a la actividad naviera y pesquera en Mar del Plata desde el año 1988, también remarcó que “la actividad se ha mantenido en niveles altos de pérdida, no de quebrantos, pero sí de pérdida. La ecuación mensual no estaba dando resultados positivos, pero siendo una actividad que genera tantísimo trabajo, trabajo físico, trabajo humano, no trabajo virtual, sino trabajo real. Las empresas han privilegiado la decisión de mantener a sus empleados, que además necesitan una gran capacitación, tanto en la producción pesquera en tierra con fileteros, envasadoras, técnicos, laboratoristas, una serie de factores de esta cadena de frío comercial, como también del mantenimiento del personal a bordo, que es bastante difícil de conseguir porque es muy especializado: marinería, maquinistas navales, capitanes y pilotos que conducen las embarcaciones.”
A raíz de esta situación es que la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA) y la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (CAABPA) que representan a los fresqueros han propuesto la reducción de la parte del salario de la tripulación, ya que indican que estuvieron trabajando con una rentabilidad negativa del 15%. Como establece el CCT 648/2012 que determina las condiciones de trabajo y salariales, de los capitanes y patrones de pesca que desempeñen sus tareas a bordo de buques pesqueros costeros y costeros lejanos, cuyo puerto de asiento sea la Ciudad de Mar del Plata, la flota tiene un salario garantizado igual a dos salarios mínimo vital y móvil que hoy equivale a $605.000.
Pero la mayor parte del salario de los trabajadores está dada por el sistema de reparto del neto de explotación en partes, el cual se pondera con el precio del langostino que viene a la baja desde 2005, momento en el que alcanzó el valor récord de 12 mil dólares por tonelada y que hoy se encuentra a la mitad. Las empresas del sector proponen reducir esa parte en un 30 % para recuperar la rentabilidad y así volver a la actividad de los barcos fresqueros y mejorar el salario de bolsillo suspendiendo los aportes sindicales. La oposición a estas propuestas es total por parte del Sindicato de Conductores Navales (SICONARA), el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE).
Cabe recordar que estas mismas tripulaciones han sufrido la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias en julio de 2024, lo que ha empeorado el salario de bolsillo. El Congreso de la Nación había eliminado en septiembre de 2023 la obligación de tributar a quienes trabajan en relación de dependencia. Posteriormente, mediante el Decreto 652/2024 se eliminó el diferencial en el Impuesto a las Ganancias para tripulantes pesqueros, lo que redujo sus ingresos de bolsillo, ya que estaban beneficiados por la exención del 46% de su remuneración neta para la liquidación del impuesto. La situación en tierra es similar.
Ibarola puntualizó que “la última paritaria en febrero fue muy difícil, las empresas dicen que no pueden costear esos porcentajes de aumentos”. Se refiere a los ajustes por inflación de los valores de referencia por kilo de pescado procesado que establece el CCT 161/75 “que se implementa en 1975 para la rama del filet, es considerado por los trabajadores y trabajadoras como una lucha ganada que estableció un conjunto de garantías laborales: un garantizado salarial, aguinaldo, vacaciones, asignación familiar, garantía horaria, entre otros.”
A ese convenio, en 2007 se anexó el Convenio PYME (Resolución General 506/2007 de la Comisión Nacional de Valores) que permitió el blanqueo de 2133 fileteros y fileteras, con facilidades para las empresas en la contratación que “a pesar de ofrecer garantías laborales, extiende la jornada de trabajo, reduce los costos de la garantía salarial y aumenta los periodos de prueba, no tiene una garantía horaria. Es decir, que el convenio PyME no supera ni iguala al convenio del 75, pero de alguna manera ofrece mejores condiciones que las cooperativas, que directamente no cuentan con ninguna garantía laboral por más mínima que sea”, agregó la secretaria gremial.
¿Un futuro para la industria pesquera?
Ante el interrogante sobre qué cambios tienen que ocurrir para que esta situación mejore, desde los distintos sectores dieron sus puntos de vista. “La resolución de los convenios colectivos de trabajo en cuanto al langostino, que los sindicatos se avengan a negociar salidas en pesos o el equivalente en pesos o un arreglo intermedio que satisfaga ambas partes. Tanto para langostino, calamar y merluza, que son las tres especies principales, un reconocimiento o una reducción de los aranceles pesqueros por embarcación, en el entendimiento es una actividad productiva extractiva con gran inversión de capital. Los barcos pequeños no bajan del millón de dólares, los de calamar están por encima de los 7 millones de dólares, los de langostino están por encima de los 10 millones de dólares, que necesita un acompañamiento distinto por parte del Estado y no una expoliación constante de recursos a través de impuestos”, explayó Merlini.
A su vez, el empresario agregó que “una buena medida sería la reducción de los impuestos al combustible que reciben las embarcaciones, tomando en cuenta que el resto del mundo en todo lo que es actividad extractiva pesquera recibe ciertos subsidios y que el Estado acepte a través de la participación público-privada inversiones en infraestructura portuaria en todos los puertos del país, de tal manera de que se mejore la operatividad y esto reduciría sensiblemente los costos operativos de los dueños de buques porque el puerto está saturado de embarcaciones y que no puede operar porque su capacidad operativa superó en tres veces la cantidad sugerida internacionalmente”.
Desde el punto de vista de la fuerza laboral es más difícil pensar en salidas de esta crisis. Basail (SOMU) remarcó que: “Creemos que no somos nosotros los que tenemos que proponer una solución, tenemos los convenios colectivos de trabajo vigentes y hay que respetarlos. De nuestra parte, estamos abiertos a cualquier tipo de diálogo, comunicación y acompañamiento para resolver esta situación, siempre y cuando la medida que se quiera adoptar no sea disminuir el salario de los trabajadores”. Y respecto de posibles tareas para el gobierno nacional afirmó que “si el problema son los costos operativos, creemos que lo más urgente sería generar mesas de diálogo y llevar propuestas al gobierno para tratar de conseguir alivios fiscales e impositivos, que eso es lo que hoy en día está generando toda la problemática del sector”.
Desde el SOIP, Ibarola concluyó que “la responsabilidad para que mejoren las condiciones laborales en medio de esta crisis es del Estado. La respuesta que tuvimos en la reunión con el Consejo Federal Pesquero por parte de (Juan Lopez) Cazorla fue que tenemos que hacernos amigos de los empresarios”.
*Estudiantes del MediaLab, primer Laboratorio de Redacción para Medios Digitales. Se trata de un sistema experimental que consiste en el trabajo periodístico, de producción propia, que desarrollan alumnos del Taller de Redacción para Medios Digitales, correspondiente a la Tecnicatura de Periodismo Digital que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
