La Corte Internacional de Justicia obliga a reducir emisiones de gases de efecto invernadero y marca un precedente histórico
En una resolución histórica, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) estableció el pasado 23 de julio que todos los Estados están obligados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La decisión, adoptada de forma unánime por los 15 jueces que integran el tribunal, advierte que la falta de acción frente al cambio climático podría generar consecuencias irreversibles, afectando a la humanidad en su conjunto. El fallo respalda de manera contundente el consenso científico que identifica al cambio climático como una amenaza urgente y existencial. Además, fortalece las demandas judiciales contra empresas contaminantes, especialmente aquellas vinculadas a la explotación y uso de combustibles fósiles.
La situación global de los gases de efecto invernadero (GEI) es preocupante, con concentraciones que alcanzan niveles récord y sin una posible reducción a la vista. En 2022, las emisiones mundiales de GEI alcanzaron un máximo histórico de 57.4 gigatoneladas de CO2 equivalente, con un incremento del 1.2% con respecto al año anterior. El dióxido de carbono (CO2), el principal gas de efecto invernadero, ha aumentado un 50% por encima de los niveles preindustriales, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM
La causa que derivó en este pronunciamiento fue impulsada por Vanuatu, un pequeño Estado insular del Pacífico amenazado por el aumento del nivel del mar, y contó con el respaldo de más de 130 países. El tribunal remarcó el rol determinante que tienen las grandes compañías petroleras en la ocurrencia de eventos climáticos extremos y en el agravamiento de la crisis ambiental.
En su argumentación, la CIJ citó un conjunto de tratados internacionales, entre ellos la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, el Protocolo de Montreal, la Convención sobre la Diversidad Biológica y la Convención de Naciones Unidas para Combatir la Desertificación.
Si bien el fallo no es jurídicamente vinculante, se espera que tenga un fuerte impacto en causas judiciales en curso, en particular en Europa, y que pueda influir en procesos en otras jurisdicciones, como ya ocurrió en casos previos en Nicaragua o Australia. La resolución también podría respaldar demandas de países en desarrollo gravemente afectados por el cambio climático y con escasa o nula responsabilidad en las emisiones históricas.
El presidente de la Corte, Yuji Iwasa, enfatizó que la cooperación internacional es esencial para lograr la reducción de emisiones y que cualquier política que incentive la producción o el consumo de combustibles fósiles —como los subsidios a la industria petrolera— constituye un incumplimiento de las obligaciones estatales.
Pese al contexto mundial complejo, marcado por el ascenso de líderes que niegan la crisis climática y socavan los mecanismos multilaterales de acción, el pronunciamiento se suma a una serie de decisiones judiciales que refuerzan la legislación ambiental y los derechos humanos en esta materia. Entre ellas se destacan la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos contra Suiza por incumplir sus compromisos climáticos, las demandas de estados estadounidenses como California, Massachusetts y Nueva York contra Exxon, y los procesos que enfrenta Shell en distintos países de Europa.
Lamentablemente, el mundo vivencia una oleada de extrema derecha, líderes que niegan el cambio climático, oscurantismo que atenta contra la multilateralidad. Así podría embargarnos el pesimismo, la desesperanza de no poder hacer nada ante el poder de las petroleras y la “casta política” que le rinde pleitesía, en la casa rosada o el salón oval”
Asimismo, la reciente opinión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar señaló la responsabilidad de los países costeros en la reducción de emisiones debido a su impacto en la contaminación de los océanos. En paralelo, avanza la propuesta de tipificar el ecocidio como crimen de competencia de la Corte Penal Internacional, un proyecto que también fue presentado en el Congreso de la Nación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, reconoció al clima estable como un derecho humano fundamental, lo que refuerza la obligación de los Estados de reducir emisiones para proteger la vida, la salud y el ambiente.
Para el Panel Interdisciplinario de Cambio Climático de la Universidad Nacional de Mar del Plata, autor del análisis del fallo, esta decisión de la CIJ abre nuevas instancias de disputa y genera un horizonte de esperanza. “El amplio respaldo conseguido por los pobladores de esta pequeña isla nos plantea una luz de esperanza”, concluyeron, señalando que el litigio climático se consolida como una herramienta clave en la defensa del planeta.
