El Programa Integral de Políticas de Género de la UNMDP convocó a la movilización del 8M y advirtió sobre retrocesos en derechos laborales y sociales
En el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, el Programa Integral de Políticas de Género (PIPG) de la Universidad Nacional de Mar del Plata difundió un pronunciamiento en el que expresó su preocupación ante lo que consideró “un retroceso en materia de derechos y políticas públicas vinculadas a la igualdad de género”. Desde ese espacio convocaron además a participar de la movilización prevista para el 9 de marzo a las 17:30 en la intersección de Luro y 20 de Septiembre. La jornada comenzará con una intervención y una foto colectiva, para dar lugar al inicio de la movilización a las 18.
En un comunicado, desde el programa señalaron que en el escenario actual se registró un retroceso tanto en las retóricas públicas como en los marcos normativos y en las políticas institucionales que, en años anteriores, habían reconocido las relaciones estructurales de poder y establecido herramientas destinadas a limitar desigualdades en el acceso al trabajo, la seguridad social y las condiciones de vida.
Según indicaron, este proceso se expresó en el “vaciamiento de políticas públicas conquistadas a partir de décadas de lucha del movimiento de mujeres y diversidades” y en la sanción de normativas que, sostuvieron, afectan derechos previamente reconocidos.
Entre los puntos señalados, el pronunciamiento mencionó la reciente reforma laboral. De acuerdo con el comunicado, “esa normativa creó fondos que desfinancian el sistema previsional, implementó mecanismos de banco de horas que modifican los límites de la jornada laboral y habilitó el fraccionamiento de las vacaciones según la decisión del empleador”.
El texto también indicó que la reforma extendió los períodos de prueba en algunos sectores laborales, como el trabajo rural y el personal de casas particulares, y que incorporó cambios en el derecho a huelga mediante la ampliación de las actividades consideradas esenciales. Asimismo, sostuvo que las modificaciones impactaron en las condiciones de negociación colectiva al limitar la ultraactividad de los convenios.
Desde el PIPG afirmaron que “estas medidas generan nuevas condiciones de vulnerabilidad para quienes sostienen tareas laborales remuneradas y no remuneradas”. En ese sentido, señalaron que el impacto recae especialmente en mujeres e identidades feminizadas, tanto por su presencia en sectores laborales altamente feminizados, incluido el ámbito universitario, como por su rol predominante en las tareas de cuidado familiar y comunitario.
El pronunciamiento también se refirió a la situación del sistema universitario público argentino. Según indicaron, el escenario de precarización se vio reforzado por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. A la falta de presupuesto, agregaron, se sumó un marco legislativo para la administración del empleo que, de acuerdo con el documento, podría afectar derechos laborales de docentes y personal no docente y generar consecuencias en las trayectorias educativas de estudiantes.
En ese contexto, señalaron que determinadas conquistas laborales alcanzadas mediante convenios colectivos (como licencias por cuidado, por violencia laboral o de género) podrían verse afectadas. El documento también mencionó posibles riesgos para las comisiones y programas de género y para los protocolos institucionales destinados a prevenir y abordar situaciones de violencia en el ámbito laboral.
El texto difundido por el programa universitario sostuvo además que las políticas regresivas en materia laboral tienen efectos directos en la sostenibilidad de los hogares y en las redes comunitarias de cuidado. En ese sentido, indicó que mujeres y disidencias se encuentran particularmente expuestas a procesos de precarización, crecimiento del trabajo informal y limitaciones en el ejercicio de derechos colectivos.
El pronunciamiento también mencionó otros procesos que, según expresaron, se desarrollaron en paralelo, entre ellos la profundización de la feminización de la pobreza y la exclusión de personas del colectivo de la diversidad en el ámbito laboral. Asimismo, se hizo referencia a iniciativas vinculadas al régimen penal juvenil y a cambios propuestos en la normativa ambiental.
En ese marco, desde el Programa Integral de Políticas de Género señalaron que “estas transformaciones se presentaron bajo discursos asociados al orden o la modernización”, y afirmaron que el escenario actual configura distintos frentes de desprotección social.
La convocatoria fue presentada como un espacio destinado a reflexionar sobre los derechos conquistados y sobre los desafíos actuales vinculados a las luchas feministas. Según informaron desde el programa, la iniciativa busca promover la participación y el intercambio en torno al pasado, el presente y el futuro de esas reivindicaciones.
