El CIN respondió al Gobierno Nacional y apuntó al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) envió una carta al subsecretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano, Alejandro Álvarez, en la que rechazó los cuestionamientos sobre la continuidad pedagógica en las universidades y responsabilizó al Poder Ejecutivo por la crisis que atraviesa el sistema.
La respuesta surge luego de que la Subsecretaría solicitara, con un plazo de 48 horas, un informe detallado sobre las medidas adoptadas por las instituciones para garantizar el derecho a enseñar y aprender frente a las medidas de fuerza impulsadas por docentes y nodocentes.
En el documento, firmado por el presidente del CIN, Franco Bartolacci, y el vicepresidente Anselmo Torres, las autoridades fueron contundentes “las universidades permanecen abiertas, en funcionamiento y plenamente comprometidas con su misión institucional”, sostuvieron.
También destacaron que: “Las universidades continúan desarrollando actividades académicas, científicas, administrativas y de extensión, aún en un contexto adverso”.
El eje central de la respuesta apunta a la situación presupuestaria. El CIN denunció el “flagrante incumplimiento” por parte del Gobierno nacional de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por amplias mayorías en el Congreso. Según señalaron, esta situación no solo afecta el funcionamiento cotidiano de las universidades, sino que también “implica una alteración profunda del principio republicano de división de poderes”.
Desde el organismo remarcaron que la actual conflictividad no puede analizarse de forma aislada ni atribuirse a las instituciones universitarias. Por el contrario, sostuvieron que el conflicto tiene su origen en el incumplimiento de obligaciones legales por parte del Estado nacional, lo que genera una “severa restricción financiera, salarial y operativa”.
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En ese marco, las autoridades reafirmaronprincipios clave del sistema universitario como la autonomía, la autarquía y el cogobierno, consagrados por la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior. También subrayaron que las decisiones sobre calendarios académicos, evaluaciones o modalidades pedagógicas son competencia de los órganos de gobierno de cada universidad.
A pesar del escenario crítico, el CIN aseguró que las instituciones continuarán “arbitrando todos los medios a su alcance” para garantizar la continuidad educativa y el funcionamiento del sistema. No obstante, advirtieron que ninguna exigencia de normalidad puede desligarse de la responsabilidad del Estado de asegurar el financiamiento correspondiente.
“Las universidades nacionales no son la causa de esta crisis; son, por el contrario, instituciones que sostienen el sistema aun en condiciones de extrema precariedad”, afirmaron.
Finalmente, el Consejo Interuniversitario Nacional ratificó su disposición al diálogo institucional y su compromiso con la defensa de la educación pública, al tiempo que exigió el cumplimiento efectivo de las obligaciones legales y presupuestarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
