Reforma de la Ley de Salud Mental: advierten retrocesos en derechos, financiamiento y modelo de atención
El Gobierno nacional adelantó que durante abril enviará al Congreso un proyecto para reformar la Ley Nacional de Salud Mental. Aunque la iniciativa todavía no ingresó formalmente, ya empezó a generar preocupación en ámbitos académicos y sanitarios por el alcance de los cambios que se anticipan.
Desde la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) señalan que la propuesta implica un corrimiento del enfoque de derechos que sostiene la ley vigente. En diálogo con Portal Universidad, el licenciado en Psicología Joaquín Simón, subsecretario de Vinculación Territorial e Interinstitucional, fue crítico: “Es una reforma negativa. Son cambios que parecen sutiles, pero que en la práctica modifican aspectos centrales de la ley”.
De “padecimiento” a “trastorno”: un cambio de paradigma
Entre los puntos que generan mayor rechazo aparece la modificación en la forma de entender la salud mental. La ley actual trabaja con una noción amplia de “padecimiento mental”, que no se limita a diagnósticos clínicos e incorpora factores sociales, económicos y subjetivos.
La reforma, en cambio, apunta a una definición más restringida, basada en categorías diagnósticas como las del CIE-10. “Entre padecimiento y trastorno hay un margen muy amplio. No hace falta tener un diagnóstico para poder acceder a atención. Si eso cambia, se achica la puerta de entrada al sistema”, explicó Simón.
En ese sentido, advirtió que el corrimiento hacia una lógica más biomédica también impacta en la prevención y la promoción de la salud.
Menos financiamiento, menos políticas públicas
En materia presupuestaria, el proyecto también introduce cambios sensibles. La ley vigente establece que al menos el 10% del presupuesto de salud debe destinarse a salud mental, un objetivo que nunca llegó a cumplirse pero que funciona como referencia.
Hoy ese porcentaje ronda el 1,4%. “Ya estamos muy lejos de lo que marca la ley. Si además se elimina esa exigencia, el desfinanciamiento se profundiza”, sostuvo el especialista.
En la práctica, esto repercute directamente en la falta de dispositivos territoriales y alternativas a la internación. Sin recursos, el modelo comunitario que propone la ley queda, muchas veces, solo en lo discursivo.
Interdisciplina en riesgo
Otro de los cambios apunta a la conformación de los equipos de salud. Mientras la normativa actual promueve un trabajo interdisciplinario sin jerarquías rígidas, la reforma prevé que haya un psiquiatra como figura obligatoria y que las internaciones deban contar con su firma.
Para Simón, esto modifica la lógica de trabajo: “Se pierde la idea de un equipo donde todas las disciplinas aportan desde su lugar. La salud mental no es solo un problema médico, es un campo mucho más amplio”.
Desde esta mirada, el cambio refuerza una perspectiva más vertical y centrada en lo clínico.
El riesgo de volver a los manicomios
También genera preocupación la posibilidad de que se habilite nuevamente la creación de hospitales monovalentes. La ley actual prohíbe este tipo de instituciones y promueve su reemplazo por dispositivos comunitarios.
La reforma, en cambio, eliminaría esa restricción. “Esto puede reactivar lógicas de manicomialización, que tienen que ver con el encierro prolongado y la pérdida de vínculos con la comunidad”, explicó Simón.
Y agregó: “Está demostrado que el encierro no solo no resuelve los problemas de fondo, sino que muchas veces los agrava”.
Internaciones: qué dice la ley y qué cambiaría
En el debate público, uno de los argumentos que más circula es que la ley actual dificulta las internaciones. Sin embargo, desde el campo de la salud mental lo desmienten.
“La ley no impide internar. Lo que hace es poner condiciones, sobre todo en los casos involuntarios, porque implican restringir la libertad de una persona”, explicó Simón.
Actualmente, estas decisiones deben ser tomadas por equipos interdisciplinarios y luego supervisadas por la Justicia, bajo el criterio de “riesgo cierto e inminente”. Con la reforma, ese esquema se vería modificado al concentrar más poder de decisión en la figura del psiquiatra.
Salud mental y contexto social
Más allá de lo estrictamente sanitario, el debate abre una discusión más amplia sobre las condiciones de vida. “No se puede pensar la salud mental por fuera del contexto social”, planteó Simón.
El aumento de la pobreza, la incertidumbre económica y la precarización impactan directamente en el bienestar cotidiano. “No hace falta ser especialista para ver que la gente está angustiada, estresada, que no llega a fin de mes”, señaló. En ese marco, advirtió que responder únicamente con más internaciones puede reforzar dinámicas de exclusión, en lugar de abordar el problema de manera integral.
Una ley que no se cumple
Para el especialista, uno de los principales problemas sigue siendo la distancia entre lo que plantea la ley y lo que efectivamente sucede. “Antes de pensar en modificarla, habría que empezar por cumplirla. Con los recursos actuales, el sistema funciona con muchas dificultades”, afirmó.
Esa falta de financiamiento no solo impacta en la atención, sino también en las condiciones de trabajo de los equipos de salud, que enfrentan sobrecarga y desgaste.
