Alejandro Katz: “La edición universitaria sería la primera víctima de la desregulación, y también la más silenciosa”

El asesor de EUDEM advierte sobre las consecuencias que podría tener una eventual derogación de la Ley del Libro y sostiene que el debate excede la discusión sobre el precio de los ejemplares. “Lo que está en juego tiene un nombre: bibliodiversidad”, afirma. Además, plantea la necesidad de fortalecer las editoriales universitarias, ampliar las compras públicas para bibliotecas y garantizar que el conocimiento producido en las universidades pueda llegar a la sociedad.

La posible modificación del marco regulatorio que rige al sector editorial volvió a poner en el centro del debate el futuro de la industria del libro en Argentina. En ese contexto, Alejandro Katz, editor, ensayista y asesor de la Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata (EUDEM), analiza los posibles efectos de una eventual derogación de la Ley del Libro y cuestiona la idea de que la desregulación necesariamente se traduzca en precios más bajos para los lectores.

Para Katz, la experiencia internacional permite anticipar algunos de los efectos que podría generar un cambio en las reglas actuales. En ese sentido, advierte sobre el riesgo de una mayor concentración del mercado, el debilitamiento de las librerías independientes y la reducción de la diversidad de títulos disponibles.

El especialista también pone el foco en el impacto que una eventual desregulación podría tener sobre las editoriales universitarias, que publican obras de circulación más limitada pero de alto valor académico y cultural. Según plantea, el sistema editorial necesita de una trama que permita sostener también aquellos libros que no son best sellers, pero que resultan fundamentales para la circulación del conocimiento y la diversidad cultural.

En diálogo con Portal Universidad, Katz reflexiona sobre el futuro del sector y el papel que deben asumir las universidades y sus editoriales en la construcción de una política nacional del libro.

—¿Qué impacto concreto podría tener una eventual derogación de la Ley del Libro?

No hace falta especular, ya que disponemos de evidencia. El Net Book Agreement, que desde 1900 establecía un precio único de venta para cada libro en Gran Bretaña, concluyó en 1995; entre ese año y 2000, y a pesar de los descuentos ofrecidos sobre un puñado de best sellers, el precio medio de los libros aumentó un ocho por ciento por encima de la inflación, y el número de librerías independientes cayó, en las décadas siguientes, casi a la mitad.

La paradoja es solo aparente: si alguien baja el precio al consumidor es o porque está perdiendo dinero o porque se lo está haciendo perder a otro. Cuando las grandes superficies exigen al editor descuentos extraordinarios para sus promociones afectan la rentabilidad del editor. Y, dado que en la industria editorial los márgenes de rentabilidad son estrechos, para no perder dinero el editor debe aumentar el precio para que el descuento extraordinario que le exigen los grandes compradores no afecte su rentabilidad.

Ahora bien, el editor no sabe a priori sobre qué títulos le pedirán esos descuentos extraordinarios, de modo que aumenta el precio de todos los libros como estrategia de protección de su rentabilidad.

A su vez, las librerías no pueden vender al público con esos descuentos dado que no reciben esos descuentos de parte de los editores, por lo que pierden la venta de los best sellers. Pero las librerías no sobreviven si solo pueden vender los libros de catálogo, los fondos editoriales, las obras que tienen escasa demanda pero que constituyen la riqueza de nuestra civilización.

El resultado previsible de la derogación no es, entonces, el abaratamiento prometido, sino la concentración de la venta en pocos títulos y pocos actores, el debilitamiento de las librerías y, con ellas, de toda la cadena que sostiene la oferta editorial. Todo ello, conviene recordarlo, para derogar una ley que no tiene costo fiscal de ningún tipo: no habría ahorro alguno; solo habría daño.

 Alejando Katz

—Usted sostiene que los libros no pueden ser considerados únicamente como una mercancía y que tienen también un valor cultural y simbólico. ¿Cómo debería incorporarse esa dimensión en las políticas públicas vinculadas al sector editorial?

El libro tiene, desde luego, una dimensión mercantil —se produce, se distribuye, se vende—, pero tiene también una dimensión significante, simbólica, cultural, y una política pública sensata debe proteger ambas sin subordinar una a la otra.

Incorporar esa dimensión no exige, contra lo que suele suponerse, subsidios ni gasto: la ley de precio uniforme es precisamente el ejemplo de un instrumento regulatorio sin costo fiscal que sostiene un ecosistema entero, conformado por autores, traductores, correctores, diseñadores, editores, distribuidores, libreros y lectores.

Se trata de reconocer, como escribió Michael Sandel, que hay cosas que el dinero no puede comprar, y que el valor de ciertos bienes no se agota en su precio; si todo debiera medirse por su rentabilidad inmediata, habría que cerrar también los teatros públicos, los museos y aun las escuelas, conclusión cuyo absurdo nadie —o casi nadie— se atrevería a sostener.

La política pública del libro consiste, en lo esencial, en preservar la trama en la que el libro circula y produce sus efectos, antes que en financiar sus productos.

En mi opinión, la aportación de los poderes públicos no debe concentrarse en apoyar la oferta sino en formar y estimular la demanda. No se trata de que el Estado compre libros sino de que forme lectores, remunere al amplio universo docente del modo adecuado para que pueda acceder a la bibliografía necesaria y garantice los recursos para el abastecimiento adecuado de las bibliotecas públicas y universitarias.

—Las editoriales universitarias cumplen un rol particular en la circulación del conocimiento y suelen publicar obras de baja escala comercial pero de alto valor académico y cultural. ¿Qué riesgos enfrentaría este tipo de producción en un escenario de mayor desregulación del mercado?

Las editoriales universitarias publican precisamente aquello que el mercado, librado a sí mismo, no publicaría: tiradas de algunos cientos o de mil ejemplares, rotación lenta, públicos especializados.

Su existencia depende de una trama comercial —librerías con catálogos extensos, distribuidores dispuestos a trabajar títulos de baja circulación— que se sostiene, a su vez, porque las grandes ventas financian la exhibición del fondo.

En un escenario de desregulación, esa porción decisiva de las ventas migra hacia actores que solo ofrecen lo más vendido, y la cadena que hace llegar el libro académico al lector es la primera en deteriorarse.

Conviene además no engañarse con analogías: a diferencia de Estados Unidos y de numerosos países europeos, en los que un vasto sistema de bibliotecas públicas y universitarias sostiene la edición académica mediante compras institucionales, entre nosotros el punto de venta es casi el único canal de acceso.

La edición universitaria sería, así, la primera víctima de la desregulación, y también la más silenciosa: los libros que dejan de publicarse no protestan.

—Uno de sus argumentos es que los títulos de mayor venta permiten sostener catálogos más amplios y la publicación de obras de menor circulación. ¿Qué podría suceder con la diversidad de autores y temas si la competencia se concentra exclusivamente en los libros más vendidos?

Lo que está en juego tiene un nombre: bibliodiversidad.

Una porción pequeña de la oferta —bastante menos del diez por ciento— sostiene económicamente al conjunto: permite a las librerías exhibir miles de títulos distintos, a los editores publicar obras cuya recuperación es lenta o incierta, a los distribuidores trabajar el fondo y no solo la novedad.

Si la competencia se concentra en los libros más vendidos, no son los best sellers los que desaparecen —esos encontrarán siempre dónde venderse—: desaparece todo lo demás.

Las librerías, privadas de la base que financia el catálogo, quedan reducidas a mesas de novedades de alta rotación; las editoriales pequeñas y medianas, que funcionan como el semillero del que también se nutren los grandes grupos, pierden su vidriera; los autores nuevos, su primera oportunidad.

El resultado es una homogeneización de la oferta: más ejemplares de menos títulos, es decir, un empobrecimiento que ninguna estadística de ventas registra porque mide lo que se vende, no lo que ha dejado de existir.

—Desde su experiencia como editor y como asesor de EUDEM, ¿qué medidas considera necesarias para fortalecer a las editoriales universitarias y garantizar que el conocimiento producido en las universidades llegue a la sociedad?

Lo primero es defensivo: preservar el marco regulatorio vigente, que garantiza a las editoriales universitarias competir en igualdad de condiciones en cualquier punto de venta del país.

Lo segundo es activo, y admite varias líneas complementarias: un sistema sostenido de compras públicas para bibliotecas —universitarias, escolares, populares—, que es el mecanismo con el que los países que mejor sostienen su edición académica lo hacen; la profesionalización de la gestión editorial, de modo que el catálogo sea el resultado de un criterio y no la suma de compromisos institucionales; esquemas de distribución y coedición conjuntas que permitan alcanzar una escala que ninguna editorial universitaria logra por sí sola; y la integración plena al circuito comercial librero, en lugar de la circulación endogámica dentro de la propia universidad.

Garantizar que el conocimiento producido con recursos públicos llegue a la sociedad exige, en última instancia, que las editoriales universitarias sean editoriales en sentido pleno, y no oficinas de publicaciones.

—En un contexto en el que los libros enfrentan además nuevos desafíos vinculados con la digitalización, la piratería y los cambios en los hábitos de lectura, ¿cuál debería ser hoy el papel de las universidades y sus editoriales en la construcción de una política nacional del libro?

Conviene despejar, ante todo, una falsa antinomia: no hay oposición entre el mundo físico y el digital, sino complementariedad; si internet es un recurso inigualable para encontrar lo que se busca, la librería es un espacio no menos extraordinario para descubrir lo que no se busca.

La piratería, por su parte, desmiente la fantasía del editor monopolista que abusa del lector: quien juzga excesivo un precio dispone, lamentablemente, de una vía inmediata de acceso informal.

El papel de las universidades es doble: producir conocimiento y garantizar su circulación, desde luego, pero también sostener aquello que hizo posible la ley que hoy se pretende derogar: la deliberación.

La norma vigente fue el resultado de un proceso deliberativo ejemplar entre todos los actores del sector; su derogación se intenta, en cambio, por la vía de quien cree que ganar una elección equivale a tener razón.

Una política nacional del libro no se decreta: se construye deliberando con quienes saben, y las universidades son, precisamente, el lugar donde ese saber y esa deliberación deben encontrarse.