Petróleo offshore en las costas bonaerenses: explorando el relato

 

Por Leonardo E. Stanley, Licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Mar del Plata, especialista en temas de desarrollo y arquitectura financiera internacional

 

A principios del mes de Julio del 2021 se convocaba a una audiencia pública, la cual evidenció un mayoritario rechazo a la actividad offshore. Fue el Ministerio de Medio Ambiente quien convocaba y respaldaba la iniciativa, el mismo ministro (Juan Cabandie) ahora autoriza a Equinor a realizar las tareas de evaluación ambiental. Y, en los últimos días del mes de diciembre, el gobierno otorga la Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto de adquisición sísmica en áreas de exploración offshore CAN 100, CAN 108 y CAN 114, ubicadas en la Cuenca Argentina Norte, y presentado por Equinor en sociedad con YPF y SHELL.

El discurso oficial se trata de destacar los efectos benéficos que generaría este tipo de actividad, particularmente en términos de nuevos puestos de trabajo directos e indirectos. Algunos sectores empresarios también se entusiasman con nuevas oportunidades de negocios, mientras que el gobierno provincial piensa en los ingresos fiscales.

Diversos actores, sin embargo, destacan los riesgos ambientales que conlleva este tipo de exploración. Según un grupo de investigadores del Centro de Tecnologías Ambientales y Energía de la Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional del Centro –, demostraron que existe un 99% de riesgo de derrames en las costas bonaerenses si avanza la exploración sísmica en busca de reservas de crudo y gas (“La FIO y un freno a la exploración de petróleo en el Mar Argentino”). Las emisiones sonoras que producen los análisis sísmicos al momento de la prospección dañan gravemente al ecosistema marino, tal como lo ha denunciando Greenpeace Argentina (“Exploración sísmica en el Mar Argentino: la tortura de los animales que viven entre explosiones”).

Por último, pero no menos importante, el riesgo climático. Los combustibles fósiles liberan dióxido de carbono a la atmósfera, agravando el problema del calentamiento global. La comunidad científica ha demostrado lo cercano que nos hallamos de atravesar determinados “puntos críticos”, lo cual desencadenaría terribles efectos sobre la vida en la tierra. A diferencia del riesgo que entraña un problema ambiental arquetípico, el cambio climático combina  incertidumbre y fragilidad. El primero implica asumir un determinado riesgo, el cual puede ser cuantificado. Pero el segundo nos adentra en lo desconocido, ello impide su cuantificación.

La (i)lógica del offshore

Independientemente de lo ambiental y climático, el gobierno debería considerar el riesgo de transición o riesgo financiero. Este se asocia con una pérdida no anticipada o prematura en el valor de los activos que utiliza el sector (incluida la infraestructura), esto es el problema de los activos varados. Dicha pérdida por revalorización obedece a distintos factores, sean climáticos, ambientales, aunque también obedecer a un cambio de opinión entre los inversores. Presionado por los activistas pero también por los accionistas, los mercados ya están comenzando a descontar lo inevitable del cambio: el ocaso del petróleo resulta de horizonte cercano.

Y cuanto más pronto se actúe para mitigar el problema ambiental, mayor será la probabilidad de quedarnos con “activos varados”. Si se cumplieran los objetivos planteados en París, para 2035 se proyectan unos US$ 304 mil millones en activos varados, con la industria petrolera reportando unos US$180 mil millones. Y allí se cuentan los activos actualmente operando, los cuales lograrían amortizar parte de los costos de capital originalmente hundidos. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para 2035 la producción en la región debería ubicarse por debajo de los 4 millones de barriles diarios (un valor de producción 60% menor al observado antes la pandemia) (“Implications of Climate Targets on oil production and fiscal revenues in Latin America and the Caribbean” – BID). Obviamente, ello tendrá fuertes repercusiones fiscales tanto como afecta la balanza comercial de los países exportadores.

Si la resolución de tal disyuntiva sería local, habría inconvenientes aunque podría resolverse. El problema es que el problema resulta global, donde las decisiones de algunos por mitigar el riesgo físico podría incrementar el riesgo financiero en otros. Esto es lo que deberían ver aquellos que se aferran a la explotación petrolera en América Latina, el desarrollo offshore en el Mar Argentino. Las inversiones que se realicen en el país pueden quedar obsoletas antes de lo que previsto por una decisión adoptada en otras latitudes, que nuestros clientes impongan una tasa al carbono sobre las importaciones.

Estos aspectos siguen desconsiderados por muchos economistas del desarrollo, que ven al proyecto offshore como reduciendo la necesidad de divisas que requiere nuestro país. Otros hablan de “soberanía energética”, destacando la mayor autonomía que permite el citado proyecto. Sin embargo, ambos argumentos resultan equivocados. Por el lado de la brecha externa, el análisis desconsidera la probabilidad de una caída abrupta en la demanda, fruto de políticas públicas, el cambio tecnológico, o nuevas normativas ambientales, todo lo cual nos lleva al problema de activos varados. Tal aproximación al problema resulta comparable con la de quienes defienden la teoría de las ventajas comparativas desde una visión estática. Insertar el riesgo de transición implica reconocer el carácter dinámico del problema, con un complejo petrolero que termina demandando más divisas que las que promete generar.

Aquellos que plantean una mirada “geopolítica”, por otro lado, miran al pasado. Quienes se encuentran con responsabilidad de gobierno deben visualizar la transición como una alternativa de transformación, un momento que permite diversificar la economía, pensar cuales las actividades que reportan ventajas dinámicas y permiten afianzar un modelo sostenible. El mundo está mutando de un modelo energético basado en moléculas a otro basado en electrones, donde los ganadores del mañana serán aquellos que hoy inviertan en las nuevas tecnologías. La “carrera por la energía del futuro” ya comenzó. Tanto en EEUU como en Europa o Asia, el Estado ha venido adoptando un rol determinante: nadie quiere quedarse fuera. Salvo excepciones, América Latina mira al pasado. Apostar a desarrollar cadenas de valor en industrias que están destinadas a desaparecer es parte de esa apuesta. Geopolíticamente es una mirada miope.

Nadie racionalmente hundiría un dólar más en esta industria. Ello nos obliga a repensar el interés del inversor desde una perspectiva de economía política, donde los intereses están detrás de las decisiones de los agentes, los mercados distan de ser perfectos, y los políticos permeables al lobby petrolero.

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