Gobierno, universidades y gremios firmaron un acuerdo salarial y presupuestario, mientras continúa el reclamo por el financiamiento universitario
El Gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y nodocentes firmaron este miércoles 10 de junio un acuerdo que contempla una recomposición salarial del 24,33%, una actualización de partidas presupuestarias para las universidades públicas, mejoras en las becas estudiantiles y nuevos fondos destinados a hospitales universitarios. Sin embargo, el entendimiento no pone fin al conflicto que atraviesa al sistema universitario argentino, ya que las universidades ratificaron la continuidad de la demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El acuerdo quedó plasmado en un acta suscripta por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y las representaciones sindicales, luego de varios meses de negociaciones. Mientras que el Gobierno destacó el consenso alcanzado en materia salarial y presupuestaria, los rectores sostuvieron que la firma no implica renunciar al reclamo institucional por una solución estructural que garantice previsibilidad y sustentabilidad financiera para las universidades nacionales.
La continuidad de la acción judicial constituye uno de los puntos más relevantes del escenario actual. Desde el sistema universitario consideran que, más allá de las mejoras acordadas para 2026, la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario sigue siendo una condición necesaria para garantizar el funcionamiento de las instituciones, la recuperación salarial de docentes y nodocentes y el sostenimiento de las actividades de enseñanza, investigación y extensión.
Una recomposición salarial del 24,33%
Según establece el acuerdo, el Poder Ejecutivo Nacional transferirá a las universidades nacionales los fondos necesarios para garantizar un incremento de la masa salarial del 24,33%.
La actualización se aplicará en dos tramos: un aumento del 21,33% sobre los salarios básicos vigentes a mayo de 2026 y un incremento adicional del 3% sobre los básicos de septiembre de 2026, que se abonará en octubre.
El acta señala que esta recomposición contempla tres componentes: la recuperación del desfasaje salarial acumulado durante 2025, la actualización de los salarios en función de la inflación registrada hasta mayo de 2026 y una recomposición adicional equivalente al 7% destinada a compensar parte de la pérdida de poder adquisitivo sufrida durante 2024.
Asimismo, las partes acordaron la convocatoria inmediata a la negociación paritaria docente y nodocente. El documento establece que, una vez realizada la reunión paritaria del 10 de junio, las discusiones salariales pasarán a un cuarto intermedio por un plazo máximo de tres meses, período durante el cual se continuará analizando la evolución de los salarios tomando como referencia la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
Además, se acordó institucionalizar una periodicidad máxima de tres meses para las futuras reuniones paritarias, con el objetivo de garantizar un seguimiento permanente de la situación salarial de los trabajadores universitarios.
Más recursos para las universidades
El acuerdo incorpora también medidas destinadas a fortalecer el funcionamiento de las universidades nacionales.
En este sentido, el Poder Ejecutivo se comprometió a actualizar en un 20% las partidas destinadas a gastos de funcionamiento a partir de junio de 2026, una demanda sostenida por las instituciones universitarias ante el incremento de los costos operativos.
Asimismo, se estableció una ampliación de 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios durante el ejercicio 2026, recursos que permitirán reforzar la atención sanitaria, la formación profesional y las actividades de investigación que se desarrollan en estos espacios.
Becas y capacitación
Otro de los puntos destacados del acta es la actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano a partir de junio de 2026. El incremento busca mejorar el acompañamiento económico a estudiantes de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo nacional.
Por otra parte, el documento garantiza la continuidad de los fondos de capacitación destinados a las organizaciones gremiales docentes y nodocentes, una herramienta considerada clave para la formación y actualización permanente de los trabajadores del sistema universitario.
El acuerdo también incorpora una cláusula referida a la rendición de cuentas, estableciendo que las universidades nacionales deberán rendir los fondos recibidos conforme a la legislación vigente.
La demanda ante la Corte Suprema sigue vigente
Pese al acuerdo alcanzado, las universidades nacionales ratificaron que continuará el reclamo judicial vinculado a la Ley de Financiamiento Universitario.
Según trascendió durante las negociaciones, el Gobierno nacional aspiraba a que las universidades desistieran de la demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, los rectores sostuvieron que la firma del acuerdo salarial y presupuestario no implica abandonar el reclamo institucional por una solución estructural que garantice previsibilidad financiera para el sistema universitario público.
De esta manera, mientras el acuerdo atiende aspectos urgentes vinculados a salarios y funcionamiento, la discusión sobre el financiamiento universitario continuará en el máximo tribunal del país.
