La reforma para designar jueces reabrió el debate sobre la participación ciudadana
La decisión del Gobierno Nacional de modificar el procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema volvió a poner en debate la transparencia de los mecanismos de selección y el equilibrio entre las facultades del Poder Ejecutivo y los controles institucionales. A través del Decreto 467/2026, el Ejecutivo modificó el régimen vigente desde 2003 al eliminar la instancia administrativa en la que los ciudadanos y organizaciones podían presentar observaciones sobre los candidatos antes de que sus pliegos fueran enviados al Senado.
