Reforma penal juvenil: “Cuando un chico llega a cometer un delito, falló todo lo anterior”

La reforma del Régimen Penal Juvenil volvió a instalar el debate sobre cómo abordar los delitos cometidos por adolescentes. La nueva normativa, establece la responsabilidad penal a partir de los 14 años, incorpora medidas socioeducativas y plantea que la privación de la libertad debe ser utilizada únicamente como último recurso. 

Entre los cambios más relevantes se encuentran la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, la incorporación de sanciones alternativas al encierro, como tareas comunitarias, reparación a las víctimas y restricciones de acercamiento, y el fortalecimiento de las garantías procesales para los adolescentes involucrados en causas penales. 

En ese contexto, la discusión pública volvió a centrarse en la inseguridad, el delito juvenil y el rol del Estado frente a situaciones cada vez más complejas. Para profundizar en el tema, Portal UNMDP dialogó con Cristina Casals, abogada, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigadora categorizada e integrante de los Servicios Locales de Protección de Derechos de la Niñez del Municipio de General Pueyrredón, quien aportó una mirada construida desde la práctica cotidiana y el trabajo académico.

 El debate debería comenzar mucho antes de que un adolescente llegue a un juzgado. Cuando un chico de 15 años llega a cometer un delito, falló todo lo anterior”

Desde su experiencia, observa una situación cada vez más preocupante en Mar del Plata: niños que comienzan a transitar gran parte de su vida sin acompañamiento de adultos y a edades cada vez más tempranas. “Lo que hemos visto en los últimos tiempos son chicos de 10 u 11 años que empiezan a manejarse solos en el barrio. Muchos atraviesan infancias marcadas por consumos problemáticos dentro de sus entornos familiares, cambios permanentes de vivienda entre familiares y dificultades para sostener la escolaridad”, explica. 

Casals describe trayectorias que suelen repetirse. Primero aparecen las ausencias escolares, luego las situaciones de violencia, el consumo y, en algunos casos, los conflictos con la ley penal. Sin embargo, advierte que cuando esas situaciones llegan a los tribunales ya existe una acumulación de problemas que no fueron abordados a tiempo. 

La profesional cuestiona la idea de que la baja de la edad de imputabilidad pueda funcionar como una herramienta para prevenir delitos. 

Pilar Camacho

Para Casals, la pérdida de expectativas y de proyectos de vida aparece como uno de los problemas más profundos. “No hay proyecto. No aparece la idea de estudiar, trabajar o construir algo para el futuro. Es el día a día”, afirma. 

No obstante, también plantea una crítica al funcionamiento actual del sistema cuando interviene con adolescentes que aún no alcanzan la edad de punibilidad. Según explica, muchas veces los organismos estatales convocan a jóvenes involucrados en hechos graves, pero las herramientas para exigir su presencia o sostener procesos de seguimiento son limitadas. “Si el chico sabe que lo citan y no pasa nada, después es muy difícil trabajar la responsabilidad”, señala. 

En ese punto, aclara que discutir la responsabilidad de los adolescentes no implica necesariamente reclamar penas más duras. “No le van a aplicar una pena, pero mínimamente hay que trabajar la responsabilidad”. 

Durante la entrevista también cuestiona una mirada frecuente en el debate público sobre la reforma penal juvenil: la asociación automática entre adolescencia, pobreza y delito. “Seguimos pensando que estas leyes son para esos chicos. Y no. Son para todos los adolescentes”, afirma. 

Como ejemplo menciona situaciones protagonizadas por jóvenes de sectores medios y altos que pueden derivar en consecuencias penales. Desde daños a la propiedad hasta conductas de riesgo dentro de instituciones educativas. “Muchas veces se piensa la reforma únicamente para los pibes pobres de los barrios populares y no para adolescentes de otras clases sociales que también pueden cometer delitos”, plantea. 

Al analizar las causas de fondo, Casals evita vincular la problemática exclusivamente con la coyuntura económica actual. Considera que se trata de procesos que llevan décadas y que involucran tanto el deterioro de las condiciones materiales de vida como la ausencia de políticas sostenidas en el tiempo. 

Siempre se piensa qué hacemos cuando el problema ya está instalado. Yo creo que hay que empezar mucho antes” 

Por eso insiste en la necesidad de fortalecer el trabajo con las familias, generar espacios de acompañamiento para la crianza y sostener programas de intervención temprana. También señala la importancia de una articulación más efectiva entre escuelas, organismos de niñez, salud y justicia. “Los responsables son primero la familia, después la comunidad, la escuela, la salud y luego el Estado”. 

Fernando Bordón.

Lejos de la discusión centrada exclusivamente en el castigo, Casals propone correr la mirada hacia las trayectorias que anteceden al delito. En esos recorridos aparecen niños cada vez más pequeños atravesando situaciones de vulnerabilidad, instituciones que muchas veces llegan tarde y respuestas estatales que no siempre logran sostenerse en el tiempo. 

Para la docente, si el debate sobre la reforma penal juvenil quiere ser realmente profundo, debería empezar bastante antes de la primera causa judicial. 

En ese escenario, Casals también destacó el aporte que realizan las prácticas sociocomunitarias incorporadas en distintas carreras de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Según señaló, el contacto directo con organismos públicos y problemáticas sociales concretas permite que muchos estudiantes modifiquen la mirada con la que llegan a las aulas. “Las prácticas les cambian la visión. Muchas veces llegan con una idea previa sobre estas realidades y cuando conocen el trabajo cotidiano de las instituciones empiezan a replantearse muchas cosas”, sostiene. 

Para Casals, formar profesionales con compromiso social y conocimiento de las realidades que atraviesan niños, niñas y adolescentes es una herramienta fundamental para pensar respuestas que vayan más allá de la intervención penal y permitan abordar los problemas antes de que se conviertan en conflictos judiciales.