El Observatorio Político y Social de Humanidades realizó un análisis del proyecto de reforma electoral en Argentina
Por el Observatorio Político y Social de la Facultad de Humanidades de la UNMDP
El Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto de Ley en el Senado orientado a modificar diversos aspectos del sistema político y electoral argentino. La iniciativa propone una reforma en múltiples dimensiones que conforman la estructura partidaria y electoral del país: requisitos de existencia y afiliación, “ficha limpia”, selección de candidaturas (PASO), debate presidencial e instrumento de votación (BUP), financiamiento político y elección de parlamentarios del Mercosur.
La reforma que impulsa el gobierno no sólo altera parte de la estructura electoral, sino que pretende modificar el escenario partidario multinivel. Aunque resulte obvio resaltarlo, ninguna modificación institucional es inocente, y las político-electorales son las menos ingenuas: todo cambio en las reglas del juego democrático produce efectos redistributivos, pues supone potenciales ganadores y perdedores, al tiempo que plantea incentivos diferentes según las normas que se implementen. En otras palabras, estas reformas se realizan sobre la base de cálculos estratégicos de los actores que las impulsan. Simultáneamente, quienes las promueven tienen la particularidad de ser autores de la norma y, a la vez, quedar sujetos a ellas; parte de la importancia de su análisis e interpretación radica en dicha dualidad.
En lo que respecta a los partidos políticos, actualmente, para mantener la personería jurídica, se requiere el 0,4% del total del padrón electoral del distrito de constitución; es decir, cuatro afiliaciones por cada 1.000 electores. Para su contabilización, rige un tope de 1.000.000 de electores, por lo que basta con 4.000 afiliados en los distritos más grandes (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA). Asimismo, se requiere presencia en cinco distritos para constituir un partido de orden nacional y competir en las categorías de Presidente, Vicepresidente y Parlamentarios del Mercosur por distrito único. La nueva norma propone un cambio sustancial: eleva el requisito del 0,4% al 0,5% por distrito, cambia el tope de 1.000.000 a 2.000.000 de electores y exige una presencia mínima en diez distritos -en lugar de los cinco actuales- junto al 0,1% del total del padrón electoral nacional. También se modifica el umbral de votos para mantener la personería en dos elecciones consecutivas, pasando del 2% al 3%.
Esta propuesta, en conjunto, apunta directamente a reducir la cantidad de partidos con capacidad de presentarse a elecciones en las categorías nacionales y provinciales. Esta modificación parece positiva en términos generales, pues supondría la extinción de numerosos “sellos de goma” que funcionan como mecanismos de intercambio y negociación espuria entre actores que, careciendo de representatividad real, acceden a instrumentos electorales producto de los bajos requisitos actuales. Asimismo, genera incentivos para construir coaliciones, dado que el “precio” para competir se incrementa.
Un ejemplo clarifica el panorama: en Argentina existen 714 partidos de orden subnacional y 45 de orden nacional. Resulta difícil sostener que esta dispersión sea funcional para una democracia de calidad, ya que la multiplicidad de actores genera confusión en el electorado y complejiza los procesos decisorios en contextos donde los gobiernos poseen cada vez menos herramientas para implementar políticas públicas. Una menor cantidad de partidos o coaliciones compitiendo regularmente en los distintos niveles tiene como correlato una mayor claridad en las opciones y en el seguimiento de la política general. Además, con los nuevos requisitos, muchos partidos tendrían que “salir a convocar” a la sociedad para mantenerse vigentes. Respecto de las afiliaciones, se propone habilitar una modalidad digital domiciliaria mediante verificación biométrica.
La denominada “ficha limpia” impediría presentarse como candidatos a aquellas personas condenadas por delitos dolosos con sentencia confirmada en segunda instancia. En un país donde el sistema de justicia presenta serias deficiencias y escasa aceptación social, esta medida podría generar incentivos para una mayor judicialización de la política y politización de la justicia. El planteo parece funcionar como una “cortina de humo” para direccionar el debate político y la agenda pública en este sentido.
Respecto de las PASO, cuya ejecución fue suspendida en el año 2025, se propone su eliminación definitiva. Al momento de su sanción, esta ley perseguía grandes objetivos: reducir la fragmentación del sistema de partidos nacional mediante un marco legal para dirimir candidaturas en un proceso obligatorio regulado por el Estado, con incentivos para evitar divisiones; democratizar la representación política situando la participación ciudadana en el centro de las decisiones tras la crisis de 2001; y nacionalizar la política, incentivando el debate de agendas federales en una esfera pública activa.
En la práctica, estos objetivos se cumplieron parcialmente, aunque con los años los bajos requisitos para constituir partidos incentivaron un aumento excesivo de la oferta electoral pero “camuflada” en coaliciones. Esta “democracia de alta intensidad” derivó en un desgaste y apatía que se reflejó en una merma de la participación en las primarias. O sea, los partidos las utilizaron cada vez más mientras que la sociedad cada vez menos.
El proyecto gubernamental propone reemplazar este sistema por la selección de candidaturas según las cartas orgánicas partidarias; es decir, que cada partido decida internamente sus postulantes. Esto representa una devolución del poder a las cúpulas o “castas partidarias” -en términos del presidente Javier Milei- y genera incentivos para que, ante enfrentamientos internos, los partidos sufran escisiones. Este elemento es particularmente interesante: afectaría principalmente a los partidos opositores, dado que el ejercicio del poder tiende a ordenar las filas propias. En consecuencia, se observa un intento por eliminar una herramienta que facilita la resolución de conflictos internos en los espacios opositores. Volver a “cerrar” la política hacia las facciones partidarias no parece ser una estrategia adecuada para acercar nuevamente a una sociedad hoy profundamente desencantada.
Otra modificación relevante concierne a la eliminación del debate presidencial obligatorio y al instrumento de votación. Tras impulsar la Boleta Única de Papel (BUP) para cargos nacionales, el gobierno pretende añadir nuevas características: se permitiría la simultaneidad para incluir categorías provinciales y municipales en la misma boleta. Al mismo tiempo, se incorpora el casillero de “lista completa”. Esto podría generar boletas de grandes dimensiones y menor claridad visual ante la cantidad de categorías en juego. Por otro lado, el casillero de lista completa incentivaría el “efecto arrastre” característico del sistema de boleta partidaria (“sábana”) utilizado hasta 2023. A priori, esta inclusión es interesante pues facilita la emisión del voto mediante una sola marca, evitando el tildado categoría por categoría en distritos que podrían renovar entre 9 y 11 cargos. Más allá de la emisión del voto, entra en discusión la homogeneidad e integración vertical de los sistemas de partidos: la posibilidad del voto por lista completa genera incentivos para sistemas políticos más coherentes entre sus diferentes niveles.
El financiamiento político resulta un punto polémico al eliminar los topes máximos de gastos de campaña y modificar los topes de aportes de personas jurídicas del 2% al 35%. Al respecto pueden realizarse diversas apreciaciones: desde el riesgo de que un pequeño grupo de financistas se “adueñe” de un partido, hasta el incentivo para la introducción de capitales ilícitos ante la eliminación de los espacios gratuitos en medios de comunicación audiovisuales garantizados por el Estado. El capital pasaría a gravitar con mayor fuerza en la dinámica partidaria, especialmente si las cúpulas recuperan el poder de decidir las candidaturas. El resultado proyectado es un sistema con rasgos marcadamente oligárquicos.
Por último, se aborda la elección de parlamentarios del Mercosur. Se mantendría la elección directa de los 24 representantes por distrito (uno por provincia), pero los 19 correspondientes al distrito único nacional pasarían a elegirse de manera indirecta. Ya no serían los electores quienes los elijan mediante el voto, sino que se realizaría un cálculo automático proporcional respecto de los resultados para la categoría de Diputados Nacionales. Si bien esto simplifica la visualización de la BUP al eliminar una categoría, resta una herramienta a la sociedad para premiar o castigar a sus representantes. Dado que la proporcionalidad “pura” no existe, estos parlamentarios serían meros “reflejos electorales” de los resultados de la Cámara Baja.
Della Vella, Franco. Licenciado en Ciencia Política.
Pluchino, Jésica. Licenciada en Sociología.
Meglio, Sol. Licenciada en Sociología.
