Se cumplen 74 años de la gratuidad universitaria argentina
El 22 de noviembre de 1949 se estableció la gratuidad universitaria a través del decreto presidencial Nº 29.337de Juan Domingo Perón, que suprimió el cobro de aranceles en las instituciones de educación superior. Esta conquista tiene como antecedente más relevante la Reforma Universitaria de 1918, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, cuyos protagonistas cuestionaron el carácter arancelado y elitista del ingreso a las universidades, donde sólo las clases altas podían estudiar. La gratuidad de la enseñanza universitaria pública en Argentina sigue siendo hasta la fecha una política de avanzada en materia de Educación en América Latina. El proceso de democratización de la Universidad Pública se evidenció en el aumento exponencial de la matrícula universitaria, pasando de 80.292 estudiantes en 1950 a 138.249 en tan solo 5 años, lo que conforma un 72% de aumento en el acceso a la Universidad.
Gracias a esta lucha se lograron aspectos clave que para la educación superior tal como se la conoce, como libertad de cátedra, autonomía universitaria, cogobierno, extensión universitaria, concursos de oposición y antecedentes, becas universitarias y compromiso con la comunidad. Además, los estudiantes habían logrado incorporarse al co-gobierno universitario, pero no habían removido uno de los principales obstáculos para el acceso popular y masivo a la Universidad: el arancel universitario.
En 1949, todas las universidades argentinas (Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, La Plata, Tucumán y Del Litoral) eran públicas y aranceladas. Retomando las ideas de los reformistas, el Primer Plan Quinquenal Justicialista (1947-1951) planteó que el Estado instauraría la gratuidad de la universidad para los estudiantes de bajos ingresos. El primer paso de este proyecto había sido la creación de la Universidad Obrera Nacional en 1948, luego convertida en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). La intención era servir como instituto superior de formación técnica y formar profesionalmente a la clase trabajadora y favorecer su movilidad social.
Un año después, a través del Decreto Presidencial N° 29337, se estableció la gratuidad de todas las universidades públicas del país y el compromiso gubernamental para su financiamiento. Además, se le otorgó carácter institucional a la autonomía universitaria planteada décadas atrás por los reformistas. Sin embargo, la gratuidad constituyó un principio en disputa, ya que fue anulado en los gobiernos de facto para ser recuperado definitivamente con la apertura democrática de 1983 y reforzado con su estatus constitucional en 1994, que se mantiene vigente hasta nuestros días, en los que, además, se incluyen sistemas de becas para que los sectores más desfavorecidos también puedan acceder a sus aulas.
