Aseguran que la Ley de Salud Mental se cumple “en parte”
La Ley de Salud Mental en Argentina está centrada en los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales. En este último tiempo, fue cuestionada por varios allegados a personas con uso problemático de sustancias exigiendo una modificación de la misma.
Portal Universidad dialogó con Joaquín Simón, Subsecretario de Vinculación Territorial y Relaciones Interinstitucionales de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, sobre las principales características de la ley, si se cumple y cómo funciona con respecto a las personas con uso problemático de sustancias. El subsecretario explicó que “es una ley de promoción y prevención de las afecciones que hacen y afectan a lo mental”.
La salud mental es parte integral de la salud, por eso seguir cuidándonos incluye estar atento y atenta a tus emociones.
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— Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) October 10, 2021
Con respecto a si la ley se efectúa, Simón confesó que “en parte se cumple. El problema tiene que ver con que es un instrumento, después están las políticas que los poderes ejecutivos implementan en torno a esas normativas. Creo que, en los últimos dos años, han habido grandes avances en lo que hace a la Provincia de Buenos Aires”.
El profesional declaró que “la ley propone el cierre de los hospitales monovalentes y eso significa una gran inversión en materia de políticas públicas. Además, hay personas que hace muchísimo tiempo están viviendo ahí, y el hecho de que hayan sido institucionalizadas y que durante mucho tiempo hayan permanecido en un espacio desvinculado de su comunidad, hace que sea muchísimo mas difícil que esas personas se reintegren a la sociedad”.
Por lo tanto, planteó que “se necesitan políticas específicas para que esas personas puedan reintegrarse a la comunidad, como políticas habitacionales. Hace poco anunciaron la construcción de un conjunto de viviendas que, en parte, van a estar reservadas para las personas que vayan a ser externadas del Hospital Estéves”.
Joaquín mencionó que “existen diferentes cuestiones que no hacen ni a lo presupuestario ni a la atención, sino que tienen que ver con el entendimiento y comprensión de cómo deberían ser abordados los padecimientos mentales”.
“Hasta el día de hoy en los padecimientos mentales, desde una perspectiva biomédica y terapéuticamente, se ha sostenido el encierro y la sobremedicación del sufrimiento”, dijo.
Ante estas acciones, “cambiar el paradigma es un hecho muy complejo. Requiere de políticas públicas y de un trabajo muy sostenido sobre las representaciones sociales, que tienen tanto los profesionales de la salud como las personas que componemos la sociedad”, expresó. A lo que agregó que “hay una violación de los derechos humanos, entonces es muy importante y urgente que se resuelva esa situación”.
Regresando a lo que expresa la ley (específicamente el Artículo 3°), señaló que “plantea una serie de premisas según las que define la salud mental, que abarcan procesos políticos, sociales y económicos”. Además, expresa que “no se puede hacer un diagnóstico de salud mental basado en las creencias religiosas, la ideología política, las cuestiones vinculadas al hacer de las personas en materia de su sexualidad. Plantea una serie de conceptos que vienen a ampliar la consignación de los factores que influyen en la salud mental de las personas”.
¿Qué sucede en el caso del uso problemático de sustancias?
El subsecretario hizo referencia a los trastornos vinculados al uso problemático de sustancias y señaló que “lo que el sistema de atención en materia de salud mental ha hecho hasta la fecha ha sido, de alguna manera, subdividir la atención del sistema y atender los padecimientos por consumo problemático en instituciones especializadas”.
Haciendo hincapié en una de las soluciones que ha generado, afirmó que “ha sido la intervención de tratamientos residenciales en comunidades terapéuticas. Actualmente, la idea sería que ese sistema funcione de manera integrada, que los tratamientos residenciales formen parte de las estrategias de atención”.
El principal obstáculo en la atención de este tipo de tratamientos, radica en la idea de que los mismos dependen de una voluntad previa al establecimiento de una estrategia terapéutica. “Evitar este callejón sin salida, significaría promover la existencia de dispositivos accesibles, que promuevan el trato respetuoso, la no estigmatización y que favorezcan la implicación subjetiva de los usuarios de drogas en la consideración de su uso problemático”.
Desde este punto es donde surgen debates que se encuentran muy vigentes hoy en día, ya que la ley no habilita la posibilidad de vulnerar la decisión de otra persona. Para explicar concretamente este tema, Simón mencionó lo que sucede en Uruguay donde se está debatiendo la ley de voluntad anticipada, “proponen una suerte de convenio, donde firman un consentimiento anticipado para ser internados. Es una aberración, desde lo jurídico también, no podes prestar un consentimiento para lo que se vaya a definir en un futuro”.
“No es un problema de la ley de salud mental de Argentina. Es un problema que hace a regular la atención en determinados padecimientos, como lo son el uso problemático de sustancias”, destacó.
En relación a la asistencia médica que necesitan, Simón declaró que “son sistemáticamente rechazados por la atención. En la medida que eso cambie, las personas van a hacer mejor uso de las medidas terapéuticas y tendrán un mejor resultado”.
En el caso de situaciones que presentan un riesgo inminente, “existen todas las herramientas jurídicas para establecer una acción que preserve al sujeto en esa circunstancia. Frente a la determinación de que hay una persona que está en riesgo, y que eso resulta ser cierto e inminente, esa persona puede ser internada involuntariamente”, indicó.
El subsecretario explicó que “si viene un familiar y denuncia que esa persona está realmente en una situación de mucho compromiso con respecto al consumo. Sin ninguna determinación más que su palabra, tienen que tomar una decisión sobre tu cuerpo y tu libertad, que implica el establecimiento de cierta violencia”.
Estos casos donde otra persona decide por las acciones de alguien que sufre problemas con sustancias, “han sido el escenario para que se den muchísimas vulneraciones de los derechos humanos, hasta la muerte de muchas personas”, dijo.
De este modo, “la única manera que tiene el Estado de encerrarte es frente a una secuencia probatoria, hay que demostrar por qué, hasta cuándo y para qué. En el caso de los padecimientos mentales, ha primado el criterio cuestionable de juzgados y profesionales. Se ha desmerecido bastante la perspectiva de los usuarios, que pueden participar poco y nada producto de la estigmatización de la que son objeto por parte del cuerpo social”, comentó.
Por último, Simón expresó que “el cuestionamiento a la ley, muchas veces, viene de parte de familiares que se ven atravesados por la situación y lo que más necesitan es acompañamiento, ser escuchados, orientados, y las personas que consumen sustancias también deberían ser escuchadas en cuanto a sus necesidades”.
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— Salud Mental, Consumos y Violencias (@SubsSaludMental) February 3, 2022
