Advierten que la situación edilicia de las dependencias judiciales “afecta directamente al correcto funcionamiento de la justicia”

Pasan los años y la crisis de infraestructura que atraviesa el Poder Judicial en Mar del Plata sigue sin resolverse. Goteras, grietas, rajaduras y riesgo de derrumbe son algunas de las graves situaciones edilicias que se sostienen a lo largo del tiempo y que recuerdan constantemente la existencia de propuestas, como la Ciudad Judicial, que se encuentran lejos de concretarse.

 

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Desde Portal Universidad nos comunicamos con distintos actores que se desempeñan en estos edificios tales como los representantes de los abogados, magistrados y los trabajadores del poder judicial para comprender la situación que viven día a día, cuáles son las posibles soluciones y en que estado se encuentran los proyectos que intentaron atender la situación.

Simón Francisco Isacch, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Mar del Plata, explicó cómo es la situación edilicia en la ciudad: “El poder judicial en Mar del Plata, entendiendo por poder judicial tanto a los organismos jurisdiccionales cómo los del ministerio público, tiene un montón de dependencias. Lo cual hace necesario un montón de inmuebles a los fines de que cada una pueda tener su espacio para trabajar”.

El poder judicial tiene inmuebles propios pero que no son suficientes para poder satisfacer todas las necesidades de tipo edilicio. En este contexto alquila, “y en esto no escapa la lógica general que está viviendo la ciudad en el cual hay poca oferta de inmuebles en alquiler tanto como para vivienda familiar como para dependencias administrativas”.

A partir de este dato, Isaach comentó que, aunque hace bastante tiempo que permanentemente se están buscando alternativas de edificios que sean más o menos aptos para desempeñar las funciones e instalar dependencias judiciales, “muchas veces se recurre a inmuebles que estaba destinados a otros fines. Es sabido que hay en algunos casos inmuebles en los cuales había hoteles, o edificios de vivienda que evidentemente no tenían como destino dependencias judiciales”. De hecho, a fines de la semana pasada la Corte bonaerense anunció la compra de tres “casonas” patrimoniales, Villa Devoto y Villa de Bary, donde se trasladarán tres salas de la Cámara de Apelaciones.

Los bienes adquiridos

“El estado, según entiendo yo, es correcto en la mayoría de los edificios. Pero evidentemente hay casos en los cuales los inmuebles por distintos motivos empiezan a sufrir algún deterioro y muchas veces no se da abasto para refaccionarlos. Acá es donde se empiezan a presentar los problemas, porque bueno, esas reparaciones a veces les corresponden a los propietarios de los inmuebles, a veces las tiene que hacer el poder judicial y esto puede generar algunos conflictos”, explicó el Magistrado.

El presidente del colegio de abogados, Leandro Gabas, comentó que en estos meses se vivió una situación grave respecto a problemas con el edificio del Juzgado en lo Civil y Comercial ubicado en Brown 2241. “Nos dijeron que había problemas estructurales por la gran carga de papelería y mobiliario que hay en esos edificios que no están preparados para este tipo de actividad”, dijo y agregó “la corte envió una notificación a los jueces para que procedan a desalojar la papelería o mobiliario que no está en uso a los fines de alivianar la carga”.

Rajaduras que alertaron el “riesgo de derrumbe”

En consecuencia, el departamento de la corte realizó un informe a los fines de establecer si efectivamente se podía trabajar en el edificio, período durante el que los trabajadores realizaron sus tareas en sus propios hogares y no concurrieron al Juzgado. “Esa fue una preocupación nuestra en todo sentido, en el sentido laboral de los abogados y de seguridad de los abogados, funcionarios y empleados judiciales”, declaró Gabas.

A los 15 días, llegó un informe que confirmaba que el traslado de la papelería aseguraba que no había peligro de derrumbe, pero también “determinaba que había que hacer obras de mantenimientos, por ejemplo hay baños clausurados que hay que habilitar para que puedan trabajar los empleados”, dijo.

Lo que determinó este informe, según Gabas es que “es cierto que hay que mudarse, ese edificio no sirve más a los fines de funcionamiento de los juzgados, pero bueno… no tendríamos tanta urgencia”.

Con respecto a este edificio, el abogado dijo: “Si uno va a recorrer un poco nota claramente que fue una mudanza casi de urgencia a este edificio, urgencia que en este país dura entre 10 y 15 años normalmente. No es un edificio que fue preparado para este tipo de actividades, es un hotel. Hoy uno puede ir y ver que hasta las puertas siguen teniendo los números de habitaciones histórico del hotel. Así que bueno, entiendo que con el mantenimiento se habrá arrancando ahora a hacer lo necesario, pero son parches. Hoy hay que buscar una solución definitiva”.

Con el mantenimiento se habrá arrancando ahora a hacer lo necesario, pero son parches. Hoy hay que buscar una solución definitiva.

Gabas también afirmó “estos problemas afectan directamente al correcto funcionamiento de la justicia. Cuando pasó todo esto se suspendieron muchas audiencias presenciales y ahí se produjo una demora de los expedientes. Obviamente todo lo que no preste a la sociedad los servicios para poder trabajar adecuadamente repercute a los abogados en el trabajo y en la sociedad que ve demorado el trámite de sus procesos. Ya de por si la justicia no es rápida”.

A su vez, recalcó que, aunque los problemas se hacen más evidentes en este juzgado, no el único que sufre estas situaciones: “Si vamos a los tribunales laborales, tienen una situación de hacinamiento, de empleados en espacios muy reducidos. Vas a hacer una visita y uno se da cuenta lo difícil que es trabajar así. Entonces me parece que hay que empezar a pensar en cambiar un poco. Porque lo edilicio indirectamente o directamente va a afectar los abogados en el trabajo y a la sociedad en defender sus derechos. El derecho sirve si es de aplicación inmediata o con celeridad. Cuando un juicio se demora mucho en el tiempo ya casi que el resultado es anecdótico, no satisface a nadie, eso está claro”.

Desde este medio también nos comunicamos con Mariano Fernández, Secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) seccional Mar del Plata, quien afirmó que el estado de las dependencias es “de regular a malo según el edificio. Eso responde a la falta de presupuesto que hay en materia de infraestructura por un lado y por otro que en concreto cuando se alquila un edificio o se compra, generalmente se alquila, para que se la sede de dependencias judiciales esos edificios no fueron construidos con las necesidades funcionales para la actividad judicial”.

Adjudicó a esto las disfuncionalidades, el hacinamiento que se produce y que las condiciones de seguridad y salubridad no sean las necesarias para la actividad. También comentó que esta falta de presupuesto hace que no se realicen los trabajos necesarios de conservación, mantenimiento y reparación que estos lugares requieren: “Los ascensores del edificio central de Tucumán y Brown o los ascensores del Juzgado de Familia en San Martin tienen permanentes problemas que hacen al uso, porque no son ascensores que estuvieron previstos para usarse permanentemente con personas que tienen un tránsito fluido”.

Al igual que el presidente del Colegio de Abogados, Fernández estuvo de acuerdo con que estas situaciones perjudican el funcionamiento de la justicia, “por supuesto que afecta, un ejemplo concreto es lo que pasa en los juzgados de familia: no hay una sala de audiencias con las dimensiones necesarias para contener en las mismas a las partes, a sus abogados o abogadas y a los peritos o cualquier otra persona necesaria que esté presente. Toda esa cantidad de personas no puede compartir un espacio físico acorde a una audiencia judicial. O un perito o una perito psicóloga o psiquiatra que tenga que estar atendiendo un caso de violencia de género, de violencia familiar o cualquier otro tipo de conflicto que necesite tener un espacio de escucha con reserva no lo puede hacer porque no hay un ámbito físico donde eso se pueda llevar a cabo”.

Según el secretario, eso hace que las condiciones de seguridad sean más preocupantes y surjan otros agraviantes: “En el edificio de Brown 2046 hubo un sumario administrativo interno porque se autorizaba el pago de reparación a la empresa que hacía el service y no se hacía efectivamente. Entonces encima tenemos casos de corrupción, estos contextos también promueven o son caldo de cultivo para que ocurran este tipo de cosas”.

El proyecto de la Ciudad Judicial

El esquema tradicional del poder judicial que venía desarrollando tenía un ideal en el cual todo tenía que estar concentrado para el trabajo entre las distintas dependencias judiciales. A su vez para que los profesionales que tenían que atender causas que pudieran tener en distintos organismos y no tuvieran que andar deambulando por toda la ciudad “ese esquema siempre propiciaba como solución la existencia de una ciudad judicial o un palacio judicial”, dijo Isaach.

“Ahí caemos en lo que es un pedido recurrente de la abogacía local que es el tema de tener un espacio para tribunales, ya sea ciudad judicial, que nunca se materializó, pero me parece que nuevamente hay que poner el tema”, comentó Gabas.

El proyecto ya tiene ubicación, un predio ubicado en Juan B. Justo y Pehuajó, que ya es del poder judicial, donde aún a la fecha se sigue pensando en destinarlo a la radicación de varias dependencias.

Proyecto actual para la construcción de la Ciudad Judicial

“La gestión de los procesos se ha digitalizado: la posibilidad del trabajo remoto o inclusive la misma digitalización hace que no sea muchas veces necesario concurrir a los organismos judiciales sobre todo por parte de los profesionales. A partir de este dato se empieza a relativizar la necesidad de que todos los organismos estén concentrados en el mismo lugar y puede ser un requerimiento no tan necesario hoy en día”, comentó Isaach, con lo que Gabas concordó y dijo: “No hacen falta más lugares para guardar papelería porque estamos yendo de a poco a todo sin papel prácticamente. Hoy los papeles son todos digitales y ya no hay esa carga de papelería de antes. Entendemos que hay que retomar la idea de ciudad judicial, pero se debe buscar un nuevo proyecto que satisfaga las necesidades de la justicia actual y pensando a futuro. El abogado hoy ya va muy poco a tribunales, hace todo a distancia”.

Hay que retomar la idea de ciudad judicial, pero se debe buscar un nuevo proyecto que satisfaga las necesidades de la justicia actual y pensando a futuro.

 

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La papelería acumulada en las dependencias es vieja. Actualmente todo se hace de manera digitalizada.

“Yo lo que creo es que hay que pensar un nuevo proyecto, un proyecto distinto, nada faraónico, algo más chico. Es un anhelo, hace 30 años estamos hablando de esto, yo no era ni abogado”, dijo Gabas.

Isaach barajó otra posibilidad: “En determinados fueros como el penal, para llevar adelante la labor concurren los defensores, los fiscales, los tribunales que llevan adelante los juicios, el juez de garantía, en estos casos si por ahí es necesario que el fuero este más o menos concentrado. Lo mismo podemos hablar con los jurados de familia donde tienen cuerpos técnicos que es necesario que estén con una inmediatez suficiente al respecto de donde tramitan las causas. Es decir, esto se podría solucionar en los distintos fueros”. Lo que propuso el magistrado es que tal vez lo que debería estar concentrado son cada uno de los fueros.

Sobre la factibilidad del proyecto, el abogado explicó que a fines del año pasado el Colegio tuvo una reunión con la presidenta de la corte de Mar del Plata y al preguntarle sobre el estado del este manifestó que “no había intención política de materializarlo” y agregó que “desde el colegio por supuesto que estamos muy interesados y haremos los intentos, pero depende mucho del poder político de turno y la intención que tenga de dar a la justicia y a la sociedad el servicio de justicia que se merece. Lo que tenemos hoy dista mucho de eso”.

Isaach por su parte, comentó si bien no es un proyecto abandonado “no es hoy algo a lo que se le esté dando prioridad, es algo que se está estudiando y es factible de llevar adelante. Y también es muy necesario”.

“Lo que falta es la financiación, la decisión política de decir: bueno vamos a poner los fondos necesarios para comenzar a edificar la ciudad judicial. Eso depende de una decisión política que no se toma porque evidentemente el acceso a la justicia no es una prioridad por lo menos para el estado en este momento. Es decir, ni del intendente, ni de la oposición en el orden local, ni del gobernador, ni de la oposición en el orden provincial porque no colocan el tema en la agenda de obra pública de la ciudad como una prioridad”, argumentó Fernández de AJB.

Además, el secretario agregó que “estamos convencidos de que es la solución definitiva.  No solamente para nuestras condiciones de trabajo en condiciones de salubridad, higiene y seguridad, sino también porque es concentrar los más de 35 edificios que componen la cabecera del departamento judicial de Mar del Plata en un solo sitio. Esto garantiza que la población marplatense que tenga algún conflicto judicial no tenga que andar dando vueltas entre esos 35 para ver donde tiene que ir a ver un expediente, donde tiene que ir a una audiencia, donde tiene que ir a presentar una documentación. Eso desde lo material facilita el acceso a la justicia”.