Programa de Salud Menstrual: una importante deuda del Municipio a un año de su aprobación
En mayo del 2022, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza N° 25.536 por la cual debía crearse un Programa Municipal de Salud Menstrual. El objetivo del mismo es “garantizar el derecho a la gestión menstrual en condiciones igualitarias y dignas de información y acceso a productos dentro del Partido de General Pueyrredon”, destinado a cualquier persona menstruante. Sin embargo, a un año de su promulgación, la misma aún no ha entrado en vigencia.
Desde Portal Universidad, nos comunicamos con Vilma Baragiola, secretaria de Desarrollo Social municipal, quien confirmó que, debido a ciertos conflictos técnicos, el programa de salud menstrual aún no se aplica en Mar del Plata: “Está en circuito para lo que es consulta legal y para ver todo lo que hace a la compra. Está con presupuestos y la posibilidad de ver si es Salud o Desarrollo Social el que debe hacer la compra pertinente. El tema del organismo de aplicación es el conflicto. Cuando el Concejo lo genera, debieron haber puesto Desarrollo Social y Salud, pero solo pusieron Salud. Entonces, cuando ingresa a comprar insumos, desde el área económica del Municipio piden que se redireccione la compra a Salud. Nosotros atendemos en diferentes barriadas de Mar del Plata y Batán y no veo que haya ningún inconveniente, pero es necesario que trabajemos con el Tribunal de Cuentas para no tener ningún conflicto. Respecto de la ordenanza, creo que los autores deberían modificarla; voy a ver si hablo con la gente de la Comisión de Salud para que incluyan a Desarrollo Social”.
Asimismo, destacó: “Nosotros tenemos todo preparado y todas las consultas realizadas. También hay una situación económica muy grave en el país, que hace que cuando vos presentas un presupuesto al mes cambia y los procesos de cada solicitud que se ingresa tardan más, 3 o 4 semanas, y eso hace que los presupuestos se actualicen y en algunos casos tengas 20 o 30% más de lo que planteas. Me pasa con las licitaciones, compra alimentaria para comedores, compra de otros insumos para poder tener en funcionamiento los diferentes hogares o casas en dependencias de Desarrollo Social, como otras secretarías. La crisis económica repercute severamente en todo lo que se compra”.
Por otro lado, nuevamente utilizó el argumento de la discriminación por parte de provincia y nación hacia el municipio como justificación y dijo: “Es bastante difícil trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional. Nos quedamos esperando respuestas después de vincularnos con los distintos organismos. Es bastante triste que a Mar del Plata se la excluya por tener un color político distinto. Después de un año y medio de ir a Buenos Aires a gestionar, ir a los distintos ministerios, no hay resultados. Provincia cero, y con Nación, más allá de los programas permanentes de hace décadas que tienen con el Municipio, en este momento no hay mayor colaboración”.
Ante esta situación, los ediles opositores presentaron un pedido de informes en busca de explicaciones por la falta de puesta en vigencia de dicha medida: “El proyecto estuvo dos años en debate en el Concejo Deliberante. Incluso cuando se presentó, la actual secretaria de Desarrollo Social era concejala y existieron muchas oportunidades para hacer propuestas y modificaciones sobre la viabilidad y aplicabilidad del programa. Es una potestad del Ejecutivo, cuando una ordenanza se aprueba, hacer algunas adecuaciones en el decreto de promulgación, es decir, en la reglamentación. Ninguna de estas tuvieron como respuesta la necesidad de cambiar la autoridad de aplicación”, resaltó la concejala Sol de la Torre, quien hace dos años presentó el proyecto en cuestión.
A su vez explicó: “En el artículo se establece que la Secretaría de Salud es la autoridad de aplicación y también señala que debe hacerlo de manera articulada con las áreas de Desarrollo y Educación. De cualquier manera, cuando consultamos en la discusión del presupuesto sobre quién iba a hacer la compra de estos elementos, fueron funcionarias de la Secretaría de Salud quienes manifestaron que era Desarrollo Social. Entendemos las complicaciones de Vilma Baragiola, porque ella se enteró en el mismo momento en el que consultamos”.
Asimismo agregó: Nos llama la atención la consulta que deben hacer al Tribunal de Cuentas, porque muchas veces vimos partidas presupuestarias que están asignadas a un área y son reasignadas a otras para cumplimentar con algún objetivo específico. Eso es potestad del Ejecutivo, que ya podría haber reasignado esa partida presupuestaria a Salud para hacer la compra. Cuanto más se demora en hacer la compra, menos capacidad va a tener el Ejecutivo en comprar elementos, porque el impacto de la inflación va a ser mayor. Si esos elementos se hubieran comprado en marzo, hoy estaríamos con el programa ya implementado”.
Sol de la Torre también instó al Municipio a dejar de lado las denuncias de “discriminación” y gestionar inversiones para todos los vecinos del partido de General Pueyrredon: “No tenemos ningún problema en discutir modificaciones en el Concejo Deliberante, aunque no es necesario. Acá lo que hace falta es la voluntad política de gestionar. En cuanto al discurso repetido de discriminación, eso no es verdad, las partidas presupuestarias recibidas del Gobierno Provincial durante el periodo 2020-2022 fue superior a lo estipulado presupuestariamente. Lo que nosotros venimos notando en las consultas reiteradas que hacemos a Nación y Provincia, es que el Municipio denuncia discriminación, pero nunca presenta proyectos para generar o gestionar los recursos que necesita. No se hace sólo con declaraciones en redes sociales. Lamentamos que se siga utilizando un argumento que no es válido”.
¿En qué consiste el Programa Municipal de Salud Menstrual?
Según datos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se estima que más de 12 millones de personas menstrúan en Argentina. En tanto, la última actualización de la organización nacional Economía Feminista dio cuenta de un gasto anual por persona menstruante de $10.915 en toallitas y $12.145 en tampones. Cabe destacar que las personas que menstrúan no pueden elegir libremente hacerlo, por lo que los elementos para contener y/o absorber el sangrado menstrual son productos de primera necesidad, y en muchos casos, inaccesibles.
En diálogo con Portal Universidad, Ludmila Azcue, abogada y secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo de la UNMDP, se reifiró al armado del proyecto para crear un Programa Municipal de Salud Menstrual que beneficiaría el acceso a productos de esta índole y además, busca concientizar sobre la problemática: “El proyecto lo presentamos en 2020 y tenía que ver con encontrarnos trabajando en diferentes espacios en plena pandemia. Desde la facultad buscamos crear una campaña de sensibilización para problematizar cómo seguimos menstruando en contexto de crisis sociosanitaria. Las personas se acercaban a determinados lugares para acceder a cosas básicas como alimentos, y empezamos a hacer aportes desde la universidad de productos menstruales, entre ellos copas menstruales. Ahí nos encontramos con compañeras de movimientos sociales que impulsaron otras campañas, y empezamos a elaborar un texto común desde los distintos espacios. Fue un proceso muy enriquecedor”.
“El proyecto que presentamos acá es superador a otros que había, sobre todo hasta ese momento, porque crea un programa de salud menstrual a nivel municipal. No se lo piensa en la órbita de la Dirección de Políticas de Género o Desarrollo Social, sino que lo pensamos en la Secretaría de Salud, porque queremos pensar la problemática como una cuestión de salud pública y derechos humanos y no una cuestión asistencial. Este programa no solo busca la provisión de suficientes productos menstruales, sino que piensa que las personas podamos tener disponibles una diversidad de productos menstruales, pensando que deberíamos poder acceder a productos que tengan menor impacto en la salud individual, en el medio ambiente y en salud colectiva”, explicó Azcue.
En el mismo sentido añadió: “Otro punto interesante es que está pensado para que todos los establecimientos públicos y privados tengan espacios para atender necesidades acordes con la salud menstrual. Pensarlo sólo como tener suficientes toallitas no nos ayuda a pensar todo lo que las personas que menstruamos necesitamos para gestionar nuestra salud. Necesitamos el lugar para el descarte, más allá de los dispositivos para detener el sangrado. Otro punto es que establece que, para la compra de esos productos, el Estado debería preferir a emprendimientos de la economía popular y pequeñas y medianas empresas, para fortalecer los procesos asociativos locales”.
Recientemente, se lanzó un programa nacional denominado MenstruAR, destinado a garantizar el acceso a productos de gestión menstrual, pero también a fortalecer los programas e iniciativas municipales. Sobre ello, Ludmila Azcue dijo: “Contar con el programa, independientemente de que se aplique o que baje a Mar del Plata, es un posicionamiento muy interesante por parte del Gobierno Nacional. Obviamente, cuando pensamos las políticas que están pensadas para romper la brecha de género y reducir las desigualdades sociales, hay que implementarlas con recursos. Está pensado en términos de provisión y de aliento a los gobiernos locales, y en ese sentido me parece saludable”.
“Es necesario que lo pensemos en clave territorial, porque la realidad de Mar del Plata posiblemente no sea la misma que la que se piensa cuando se piensa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La posibilidad de comprar esos productos teniendo en cuenta lo costosos que son y lo que perciben las personas que viven en los barrios populares… Muchas veces en una familia hay varias mujeres menstruando y nos encontramos con que las personas en los barrios populares, particularmente en la zona donde trabajamos, norte y sudoeste, escuelas de Batán y de La Herradura, no compran toallitas sino que usan lo que tienen a mano, como trapos, telas… y luego las descartan. Eso puede tener un impacto muy grave en la salud porque genera infecciones, irritaciones…”, explicó.
Asimismo, la profesional y miembro de la comunidad universitaria resaltó: “Es una decisión política; no quiero ser ingenua, pero creo que particularmente Desarrollo Social municipal tiene una diversidad de problemas muy importante y es muy difícil que en ese establecer los problemas, se considere la menstruación como una cuestión de salud pública. Si no facilitamos los mecanismos para que todas las personas puedan gestionar su menstruación, estamos perpetuando esas inequidades… Creo que tiene que ver con un desconocimiento”.
“Estamos haciendo un diagnóstico participativo con las vecinas, para demostrar los problemas que tenemos a partir de la menstruación. Muchas mujeres no tienen acceso a baños en sus casas, o cómo higienizar una copa menstrual. No se trata simplemente de dar un tampón o una toallita, sino que es un problema mucho más profundo que hay que abordar”, concluyó Azcue.