Día del Orgullo: el trabajo de la UNMDP para acompañar las trayectorias educativas del colectivo LGBTIQ+

Entre los años 2008 y 2019 el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) registró miles de denuncias y reclamos por situaciones de discriminación en distintos ámbitos. En los últimos dos años, 2018-2019, la discriminación por orientación sexual e identidad de género a personas LGBTIQ+ se ubicó como el segundo motivo más denunciado, con un 12% sobre el total.

Del total de las llamadas por discriminación, que comprenden otros motivos como discapacidad, aspecto físico, condición socioeconómica, entre otros, se reportó como razón ser del colectivo LGBTIQ+ en distintas proporciones para cada género. En las mujeres fue la 4ta causa reportada, con un 9,7%, en cambio para los hombres fue la 2da causa de discriminación denunciada, con un 14,2%.

Las situaciones de discriminación se dieron en diferentes ámbitos, pero predominó por sobre todos ellos el barrio o la vivienda donde se habita, con un 17,8%. En segundo lugar, se ubican centros educativos con un 10,4%, seguidos de prestadores y centros de salud (9,5%), lugares de trabajo (9,1%) y centros de administración pública (8,5%).

Estos datos reflejan la situación de muchas personas, que sufren de burlas, hostigamiento y hasta violencia dentro de sus propias casas solo por su orientación sexual o identidad de género.

Hoy, 28 de junio, se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, cuyo objetivo es revindicar las luchas del colectivo contra aquel sistema que los persigue y discrimina. Su fin es profundizar y promover la igualdad de derechos, el respeto por la identidad y la diversidad sexual.

“Lamentablemente tenemos que decir que la discriminación sigue siendo algo bastante frecuente. La existencia o no discriminaciones tiene que ver con la posibilidad o no de deconstruir y desarmar algunas construcciones respecto de lo que entendemos por identidad de género, lo que entendemos por sexo… En tanto no podamos revisar y problematizar un poco como sociedad esos armados previos que tenemos en torno a lo que entendemos como diversidad sexual y demás vamos a seguir reproduciendo esas cuestiones”, dijo Belén Bravo, trabajadora social integrante del equipo de la secretaría de Políticas de Género de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, a PORTAL UNIVERSIDAD.

El papel del Estado

Argentina aprobó mediante la Ley Nº 23.313, en el año 1986, dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El primero de ellos, de Derechos Civiles y Políticos recoge derechos como la libertad de movimiento; la igualdad ante la ley; la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; la libertad de opinión y de expresión; la participación en asuntos públicos y elecciones; y la protección de los derechos de las minorías.

En el artículo 26, declara “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Si bien la orientación sexual no se encuentra comprendida en los motivos, el pacto fue adoptado por las Naciones Unidas en 1966. Recién en 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas. Hoy en día la ONU extiende a todos sus pactos los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+.

Por su parte, el inciso 2 del artículo 2 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que los países adherentes “se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Si bien el Estado argentino ha tomado cartas sobre el asunto de la segregación por orientación sexual, estas no han sido suficientes. “La mayoría de las acciones justamente no las despliega el estado, sino las organizaciones que trabajan en el acompañamiento de estos colectivos. Generalmente las acciones que tienden a garantizar derechos están impulsadas y que son gestadas dentro del mismo colectivo”, declaró Bravo.

La primera marcha de la comunidad LGBT+ en Argentina tuvo lugar en 1992, en la Avenida de Mayo

Además, comentó que, si bien a nivel nación y provincia hay un despliegue de algunas políticas que tienen que ver con acompañar estas vivencias, “sabemos que muchas veces lo que es el paraguas normativo no alcanza”, y agregó “en lo territorial concreto y en el acompañamiento en general de algunas situaciones son necesarias algunas cuestiones un poco más finitas”.

El rol de la Universidad

“Dentro de la universidad si bien hay un trabajo más particularizado, y con el impulso de un montón de políticas respecto de los abordajes de las violencias por motivos de identidad de género, se siguen digamos reproduciendo algunas cuestiones de discriminación”, explicó Bravo.

Muchas veces estas situaciones aparecen en forma de “microviolencias” a las identidades de género. “Incluso bueno en el último tiempo hemos tomado conocimiento de situaciones entre compañeres sobre todo en las cursadas, fruto primero del no respeto a la identidad de la otra persona como persona, como ser humano directamente y segundo porque bueno hay cuestiones tan arraigadas que imposibilitan ver esta libertad del otre a identificarse con el género o la orientación sexual que elige”, comentó la integrante de la Secretaría de Políticas de Género.

La secretaría lleva adelante acciones para la contención de aquellas personas que se acerquen por cuestiones de discriminación. “Intentamos articular con todos los ámbitos de la universidad para que el acompañamiento de estas trayectorias educativas sea de la mejor manera y en un marco lo más respetuoso posible. La universidad en linera generales cuenta con un protocolo de abordaje de situaciones de violencia por motivos del género y particularmente también por la identidad de género”, dijo Bravo. Y además dijo que en Rectorado existe un espacio donde se pueden formalizar denuncias concretas.

Puntualmente la Secretaría de Políticas de Género está armando redes para posibilitar que la universidad sea un espacio seguro: “Tenemos una realidad que sigue estando presente a nivel nacional respecto de expectativas de vida del colectivo travesti-trans- no binarie. Que hoy esta siga siendo no mayor 35 años tiene que ver con un montón de violencias que se viven y se atraviesan a lo largo de toda la vida, entre ellas digamos lo que tiene que ver con expulsión: en principio del hogar y en línea con eso de los ámbitos educativos, de los ámbitos laborales”.

Asimismo, comentó que esa expectativa de vida habla de la urgencia de acompañar las trayectorias educativas, “tenemos una ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travesti-trans y un decreto presidencial que habla del cupo laboral trans, pero si no podemos acompañar los procesos anteriores, como los estudios, difícilmente podamos generar esta inclusión en el ámbito laboral”.

Tenemos una ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travesti-trans y un decreto presidencial que habla del cupo laboral trans, pero si no podemos acompañar los procesos anteriores, como los estudios, difícilmente podamos generar esta inclusión en el ámbito laboral

Las personas travesti-trans-no binaries en la universidad

“Desde la secretaría estamos trabajando en una línea que tiene que ver con transversalizar la perspectiva de género a lo largo de toda la currícula. ¿Y a que nos referimos con esto? Lo que respecta a los contenidos, pero también a todo lo que tiene que ver con protocolos de actuación, infraestructura, todo en el marco de la universidad nos tiene que hablar de un espacio seguro para estas identidades”, dijo Bravo.

Con ese objetivo han desarrollado espacios formativos y de sensibilización destinados particularmente a docentes para la adecuación de las currículas y la incorporación de algunas herramientas y recursos para el acompañamiento de esos colectivos. Igualmente, la universidad cuenta con una guía o cuadernillo de recomendaciones y buenas prácticas donde se enumeran recomendaciones respecto del uso del lenguaje inclusivo, en todo ámbito, ya sea en lo administrativo, las comunicaciones que se realizan desde la universidad y en el marco de las cátedras.

“Y después en ese sentido, más en lo micro, trabajamos para poder habilitar, gestionar y acompañar la creación de espacios donde un poco “acuerparnos”, poder encontrarnos. Porque si bien hay matrícula travesti-trans-no binarie, no está tan visibilizada. Justamente la violencia que viven estas personas hace que a veces se prefiera pasar un poco inadvertido”, explicó.

Si bien hay matrícula travesti-trans-no binarie, no está tan visibilizada. Justamente la violencia que viven estas personas hace que a veces se prefiera pasar un poco inadvertido.

Estos espacios de encuentro van en línea con la propuesta “nada de nosotres sin nosotres”, que invita a pensar las políticas públicas en lo que respecta a la identidad de género desde la voz de las personas del colectivo travesti-trans-no binarie. “No hablar de ellas desde nuestro lugar de personas cis. Sino poder incorporar esa mirada para hacer lo más legítimas posibles esas políticas que propongamos a las necesidades de este colectivo”, dijo Bravo.

La naturalización de las terminologías

Cotidianamente se utilizan terminologías incorrectas que están naturalizadas para hablar de las personas del colectivo LGBTIQ+ que son incorrectas y muchas veces segregativas y ofensivas.

“Lamentablemente tenemos un montón de años de un sistema heteronormativo contra poquitos años de un intento de desarme de ese sistema y también sabemos que la heteronorma como sistema responde al sostenimiento de otros sistemas de opresión tales como el patriarcado”, explicó Bravo.

Existe una Ley de Identidad de Género y más allá de la adhesión o no en términos ideológicos de cada persona, en el marco de la Universidad Nacional de Mar del Plata, al tratarse de una institución estatal, esta tiene que cumplirse. Sobre ello Bravo comentó: “A eso lo tenemos que tener bien en claro, no tiene que ver con una adhesión voluntaria a la ley porque más o menos estamos de acuerdo. Esta es una normativa a nivel nacional que se tiene que cumplir y hacerse cumplir para todes quienes formamos parte de la universidad: estudiantes, no docentes, graduades, docentes, tenemos que traccionar eso”.

En ese sentido se alienta a trabajar adentro de las aulas y visibilizar estas microviolencias. “El no accionar o la omisión por parte de docentes también implica una violencia. Lo mismo a estudiantes. Si nosotres vemos que a un compañero lo están violentando en cualquier otra situación pensaríamos en poder decir algo, aunque sea señalar la situación, siempre obviamente promoviendo los tratos dignos y respetuosos. No estamos hablando de tener alguna intervención violenta ni mucho menos, pero si que lo que quede en evidencia no sea la diferencia o lo que se marca como otredad sino quien ejerce esa violencia”, dijo.

Para finalizar, Bravo y la Secretaría extienden la invitación a participar de las actividades que se estarán llevando a cabo a partir de las 15:30hs en el 4º piso de la Facultad de Ciencias de Salud y Trabajo Social. Participará el colectivo musical “Somos Muches Musicxs” y habrá intervenciones a través de propuestas lúdicas, abonando a la problematización de situaciones de discriminación.

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