Marcas líderes de telefonía retiran equipos del mercado y se niegan a publicar precios: ¿dónde está la Secretaría de Comercio?

El resultado de las elecciones, inesperado para un gran sector de la sociedad, sin duda también lo fue para el gobierno nacional y derivó en una brusca devaluación cercana al 22% impulsada por el Ministerio de Economía a pedido del Fondo Monetario Internacional. En este contexto, los consumidores que intentaron comprar equipos de telecomunicaciones se encontraron en los comercios con falta de exhibición de precios y carteles que advertían falta de stock.

En Argentina contamos con la ley 26.991 que regula las relaciones de producción y consumo y proporciona herramientas al Gobierno para intervenir en este tipo de situaciones extremas. Sin embargo llama la atención la inacción por parte de la Secretaría de Comercio.

Para profundizar sobre este tema, desde Portal Universidad nos pusimos en contacto con Alberto Rodríguez, abogado, periodista y secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Foto: “Dejanos tus datos para avisarte cuando el producto esté disponible”. Así publican sus productos las empresas de telefonía más relevantes. Fuente: Captura de pantalla.

Al respecto, Rodríguez expresó: “La ley que regula las relaciones de producción y consumo, si bien es una ley relativamente novedosa, es modificatoria de viejas leyes de la conocida ley de abastecimiento, que data de la década del 70. Pero si nos seguimos remontando en el tiempo, en épocas de las colonias ya había intervenciones por parte del Estado, en lo que hace a la producción, provisión y determinadas cadenas de servicios o la regulación contractual que hacen en términos económicos los Estados o las organizaciones. Incluso si miramos lo que pasaba antes de la composición de los Estados nacionales, ya había intervenciones en cualquiera de las organizaciones humanas a lo largo de la historia. Incluso si nos retrotraemos a 18 siglos antes de cristo, el código de Hamurabi ya hablaba de situaciones que estaban vinculadas al agio, a quien acaparaba, a quien especulaba en determinados contextos económicos. Digo esto para explicar que no estamos hablando de algo novedoso”.

“Lo que resulta llamativo es que están ausentes los dispositivos que en definitiva fueron concebidos, aunque nos guste mucho, poco o nada, para escenarios como estos. No se trata del último polirrubro del último de los barrios del último rincón de la Argentina, sino que son las grandes marcas líderes del mercado, que tienen casi una cuestión monopólica. Estas marcas del día a la noche pusieron carteles que dicen que no hay stock o que no tienen precios. Hubo dos comercios multinacionales, en lo que hace a la tecnología y la telefonía, que a la tarde, ni bien empezaban a asomar las primeras nubes, desaparecieron sus productos. Esto se puede corroborar incluso en sus propias páginas que dicen que no hay stock. Pero si mañana se estabiliza un poco la economía, del día a la noche hay magia y aparecen todos los aparatos. Esta situación después se replicó en otros rubros”, explicó.

Este tipo de circunstancias están consideradas dentro de la ley y en ese sentido agregó: “se contemplan medidas punitivas muy severas, pero escalonadas. Hablamos de intimaciones, multas, decomiso de mercaderías y otras herramientas que están en cabeza de la Secretaría de Comercio. Sin dudas este organismo es el gran ausente de estos días.  Tenemos mucha discusión entre Lali y Milei, pero quienes tienen que hacerse cargo de esta situación pareciera que están ausentes y eso llama mucho la atención”.

¿Tiene el Gobierno la capacidad de hacer frente a estas prácticas?

Respecto de la capacidad del gobierno para intervenir frente a estos abusos por parte de las empresas, Rodríguez explicó: “La norma apunta fundamentalmente a esas prácticas oligopólicas y monopólicas que lleven a conductas de desabastecimiento. Pretende evitar que se corten cadenas de comercialización, de distribución, de prestación de servicios, que es en definitiva lo que está ocurriendo. En una economía donde el dólar estornuda y estamos todos resfriados, el problema se hace presente en todos los planos, incluidos los artículos de primera necesidad. Yo creo que el Estado sí tiene las herramientas, tiene los dispositivos. Entiendo que acá hubo una clara indefinición en materia política, fruto de un escenario de extrema complejidad en lo que hace a la salud de la economía. La inacción es clara porque en otras ocasiones, cuando hubo un rebrote de menor magnitud, al menos había una comunicación de advertencia, de poner en conocimiento que la ley 26.991 goza de plena vigencia en Argentina”.

“Se entiende el recaudo, pero en el extravío que estamos teniendo como sociedad, quienes tienen las máximas responsabilidades de gobierno tienen que entender que de acá a octubre falta mucho y de acá a noviembre y a diciembre otro tramo más. No se puede dejar de prestar el servicio público que corresponde a la Secretaría de Comercio y las agencias locales que estén en sintonía con esta normativa. El país debe estar funcionando, entiendo que los escenarios son muy difíciles pero no hacer nada es una señal muy negativa. Insisto que se trata de situaciones de extrema necesidad, hoy el teléfono celular se convirtió en un artículo muy necesario, no estamos hablando de un artículo de lujo, es una herramienta de trabajo de mucha gente, es el medio de comunicación de los entornos familiares. Estamos en ese escenario y esto se traslada a la industria farmacéutica, a la construcción o a lo que se nos ocurra. Si uno va a cualquier comercio la respuesta que tiene es que no hay precio o no hay stock”, afirmó.

Foto: “No estamos hablando de un artículo de lujo, es una herramienta de trabajo de mucha gente, es el medio de comunicación de los entornos familiares”. Fuente: Télam.

En cuanto a los motivos que pueden llegar a explicar esta inacción por parte del gobierno, el abogado explicó: “No creo que se trate de que ignoren el problema, porque cualquier funcionario idóneo en la materia está al tanto. Lo que pasa es que todo está muy sensible, en términos de la discusión de las preferencias políticas. Pareciera que fuera políticamente incorrecto plantear intervenciones del Estado en determinadas asignaturas de la economía. Nosotros nos hemos dado democráticamente la organización del Estado, con plena vigencia del Prisma constitucional. Estas medidas de excepción, recalco, subrayo y reafirmo que se trata de medidas de excepción, son llamadas para escenarios como este. Esto es como si estuviéramos planteando que tenemos un paraguas, que podemos utilizar tanto como sombrilla para los días de mucho sol y como paraguas para los días de lluvia. El día que no hay un sol muy fuerte o el día que no hay lluvia, uno el paraguas lo deja en la casa. Estas leyes no es que todos los días tienen que aplicarse, son para estos momentos que estamos viviendo. Los responsables tienen todas las herramientas para hacerlo, sin embargo hasta hoy están haciendo caso omiso y eso es significativo”.

No se trata de intervenir e inmovilizar la economía, sino de proteger al eslabón más débil: los usuarios

Asimismo, Rodríguez se refirió a la importancia que tiene que el Estado intervenga de oficio en defensa de los derechos de los usuarios y los consumidores y dijo: “Está previsto que los usuarios y consumidores puedan hacer las denuncias correspondientes, pero el marco de la ley 26.991 establece que el Estado tiene que intervenir de oficio ante este panorama. La propia autoridad de aplicación debe poner un manto que por lo menos pueda atender la situación. No estoy hablando de las medidas más radicales, esto está escalonado en su esquema punitivo e incluso el propio mecanismo legal le da facultades para notificar, pedir descargos y ver en qué situación se está. Es posible que en algunos casos hasta esté justificada la conducta que se llevó adelante. Por ejemplo: Un comerciante bien puede decir que no puede poner a la venta un producto porque un mayorista no se lo entrega. Lo que no se debe hacer es quedarse quieto en estos escenarios. Es necesario que nosotros como comunicadores y quienes somos docentes de la universidad, alertemos e intentemos generar estos diálogos, estos debates, para ir creando una conciencia. No se busca un intervencionismo inmovilizador, pero tampoco podemos dejar al grueso de la población a merced de la situación”.

Foto: Los consumidores y usuarios tienen una garantía constitucional. Fuente: Télam.

“Los consumidores y usuarios tienen una garantía constitucional. La reforma de 1994 pone esta situación, no como una norma de segunda clase, sino que está en el corazón mismo de las nuevas garantías. Se presume que hay una parte que siempre es la más débil en la relación, que son los usuarios y los consumidores y por eso se tienen que encender todas las alarmas para darles resguardo en estos casos. Uno cuando ve estos sacudones en la macroeconomía, después de un tiempo ve que determinados grupos han sido favorecidos por determinadas piruetas, en lo que hace al orden financiero y especulativo. Habitualmente en esta película de la recurrente crisis argentina, lo que se ve después de la lluvia es que quienes han sido los sectores perjudicados son el grueso de la población. Estas son herramientas que deben utilizarse en escenarios como los que estamos viendo y si no se usan, el congreso vota leyes que quedan en un cajón. Eso no tiene ningún sentido”, concluyó.