Coparticipación y déficit: las causas detrás del conflicto entre el gobierno nacional y las provincias

El foco de la agenda mediática la última semana estuvo sobre el conflicto del gobierno nacional con las provincias de Chubut, La Rioja y Buenos Aires, por la quita de fondos de la coparticipación. Las versiones sobre la legitimidad de estas medidas son diversas y responden a los distintos actores en conflicto. Para entender la situación desde los hechos, desde Portal Universidad nos comunicamos con Ricardo Panza, economista y docente. 

“Vamos a tratar de poner primero la condición en su contexto. Resulta lógico que las tres provincias que tienen los conflictos declarados más fuertes contra la Nación sean también las tres provincias más endeudadas del país. En ese orden tenemos Buenos Aires, Chubut y La Rioja. Si bien La Rioja acaba de declararse en default ayer, la situación es muy complicada para todas. En el caso de Buenos Aires es la provincia más endeudada en términos absolutos y también en términos relativos. Tiene aproximadamente un 120% de sus recursos anuales comprometidos en deudas. Chubut se le acerca”, contextualizó Panza sobre la situación actual de las provincias. 

¿Qué pasó con Chubut? 

En el centro de la escena esta semana, estuvo Chubut. El gobernador Ignacio “Nacho” Torres, de Juntos por el Cambio amenazo con cortar la provisión de petróleo si no le devolvían los fondos correspondientes. Luego de que la legislatura provincial le delegara al gobernador, por unanimidad, facultades extraordinarias para tomar las decisiones necesarias, este acudió al poder judicial de la provincia. Finalmente, la Justicia Federal de Chubut falló a favor de la provincia y el gobierno deberá, al menos por ahora, devolver los recursos. 

El fallo de la Justicia Federal de Chubut tendió a descomprimir un poco las cosas pero esto va a seguir. Imagínate que yo te quiero desalojar de tu casa y el y el juez que falla en mi contra vive en tu casa. El gobierno va a apelar y va a decir que la Justicia Federal radicada en Rawson que está en la provincia de Chubut tiene intereses creados para defender al gobernador de su provincia y va a ir hacia la Corte Suprema de Justicia”, adelantó Panza sobre el futuro del conflicto. 

Pero para comprenderlo íntegramente hay que remontarse a los orígenes del mismo. Lo que pide el gobierno de Chubut, en definitiva, son los puntos de coparticipación, que para la provincia es un 1,2%. “En definitiva, la coparticipación son recursos, es la devolución de aquellos impuestos que pertenecen legalmente a las provincias y tiene que cobrar la Nación. Esta participación federal tiene dos características: la primera es que se entrega día a día, por goteo. Esto significa que si se recaudan impuestos nacionales automáticamente el 1,2% le corresponde a Chubut y día a día se va acreditando en las cuentas de las arcas públicas de la provincia”, explicó Panza. 

La segunda característica de los fondos de participación es que se suelen usar como garantía para el pago de préstamos. “No se pueden entregar los bienes de la provincia como garantía para un préstamo, pero sí se puede entregar como garantía o caucionar, la coparticipación”, mencionó Panza. Lo que sucedió es que, a Chubut, una de las provincias más endeudadas, como se mencionó anteriormente, le bajó la recaudación y no pudo cumplir con sus obligaciones de pago. “Cómo no pudo pagar, el gobierno nacional le ejecutó la garantía”, agregó. 

Esto no es algo nuevo, según Panza. “En otros momentos políticos los gobernadores iban, se tomaban un avión hablaban con el presidente, arreglaban un par de entuertos políticos, sobre todo si eran del mismo partido, y se volvían con la promesa de que les iban a refinanciar la deuda y a llegar más fondos. Este gobierno nacional se ha puesto duro con todas estas situaciones y no le ha permitido refinanciar, con lo cual le retuvo la coparticipación entera que son algo así como 13.500 millones de dólares”. 

“Todos han puesto el grito en el cielo y el gobernador se metió en un brete en el cual resultaría poco posible salir, porque no es que él pueda prohibir o que pueda cerrar digamos el grifo de petróleo. Esto está administrado por empresas privadas, no hay no hay una canilla, sino que hay 100 más o menos. Además, hay envíos preexistentes y programados y el gobernador no puede interceder de semejante manera en una relación entre privados. Se le armaría posiblemente un desastre mayor que aquel que quiere prevenir o aquel que quiere evitar, así que no podía hacerlo e iba a ir a punto muerto todo esto”, explicó Panza sobre la situación. 

Las posibilidades del gobernador Torres son pocas y no permanentes. “Si puede hacer un decreto para prohibir la salida de camiones o puede hablar con sindicalistas amigos y decirle que no salga un camión de la provincia, pueden pasar un montón de estas cosas, pero esta es una cuestión que puede durar uno o dos días”, agregó. 

Si bien debajo de esta situación hay un trasfondo político más complejo, los hechos económicos exponen la situación. “Desde los hechos económicos, la verdad es que la provincia de Chubut se endeudó, no pagó y el gobierno lejos de mostrarse el conciliador le ha mostrado los dientes y entonces hemos llegado a esta situación, qué podría haberse previsto un poco”, resaltó Panza. 

El gobierno nacional piensa apelar el fallo de la Justicia Federal de Chubut, y no ceder en la entrega de recursos. “Están obstinados en esto porque saben que atrás de Chubut se viene Buenos Aires, a través de Buenos Aires se le viene La Rioja y después se le van a venir las 22 o 23 provincias, todas pidiendo pidiendo algo”. 

El conflicto con Buenos Aires 

Si bien el conflicto con Buenos Aires esta relacionado con la situación que vive Chubut, no es exactamente el mismo. “La situación de Buenos Aires es igual de comprometida en lo fiscal, pero no tiene el mismo problema. Lo que reclama el gobernador Kicillof son los recursos destinados al Fondo de Fortalecimiento Fiscal”, explicó Panza. 

Este Fondo surge de una situación que aconteció en el anterior período de gobierno. “Cuando la Policía de la Provincia de Buenos Aires se le plantó en Olivos al expresidente Alberto Fernández reclamando por aumentos salariales, la provincia ya estaba en dificultades para pagar los sueldos. Como respuesta el gobierno nacional le sacó el 1% de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad acudió a la Corte Suprema y esta le dio la razón, con lo cual el Gobierno Nacional tuvo que devolverlo y restituirlo por coparticipación nueva”, desarrolló Panza y agregó: “Mientras tanto con ese 1% se hizo un fondo fiduciario, que es lo que se llama Fondo de Fortalecimiento Fiscal. Esto no es otra cosa que evitar que la plata vaya a rentas generales, para que el gobierno provincial puede, en forma discrecional reorientarlo o distribuirlo por ejemplo para pagar los sueldos de la Policía”, dijo. 

Esto quiere decir que los sueldos de la Policía de la Provincia están comprometidos contra este fondo, que el gobierno también ha decidido derogar, junto con todos los demás fondos que no sean de rentas generales. “Desde noviembre la provincia de Buenos Aires está reclamando y aguantando como puede esta situación y el Gobierno Nacional dice que deberían hacer un ajuste en viejas dependencias que sobran y mejorar su performance porque la provincia es la más endeudada del país”, comentó el economista. 

El Fondo de Fortalecimiento Fiscal es una fortuna. En términos de presupuesto anual se estima 873 mil millones de pesos, aproximadamente al tipo de cambio actual son 850 millones de dólares al año. Es mucha plata para quitar al presupuesto de cualquier provincia de prepo y de una sola vez, y es mucha plata también para el gobierno nacional que no está dispuesto a renunciar esa recaudación. Esto es un más o menos calculado un 0,25% del presupuesto del presupuesto nacional. Pensemos que un recorte del 0,4% el presupuesto nacional todo el freno de mano puesto a los aumentos en la jubilaciones. Es una cantidad razonablemente importante y alguien se la quiere quedar. Esta es una pelea sectorial”, remarcó Panza. 

Esta pelea de recursos de la nación contra la provincia es muy importante para el gobierno nacional ya que de ella depende parte de su plan económico y de gobierno. “La nación está embarcada en una situación digamos de pie a fondo y no afloja porque si le afloja a uno, le tiene que aflojar a todos y si le afloja a todos el plan se cae. Pensemos que la credibilidad del Gobierno Nacional está muy asentada en el hecho de control de la inflación y que baje el déficit fiscal a cero. Este dinero que se está reteniendo ayuda a estos objetivos”, dijo. 

“La situación en términos de déficit fiscal es un milagro porque de diciembre pasamos de un 10 o 12% de déficit fiscal, a un superávit fiscal financiero. En enero ha sobrado la plata, el gobierno tuvo ingresos por 2 billones de pesos, y gastó solamente 1,5 billones, incluso pagados los intereses. Esto permite que, por primera vez en muchísimos años, el Banco Central no tenga que emitir para financiar al tesoro y que de alguna manera estos sobrantes se pueden aplicar a reducir deuda externa y estar en una situación más holgada”, explicó el docente y economista.  

Pero esta situación es a costa de recortes en sueldos estatales, recursos de las provincias y en jubilaciones, universidades, entre otros organismos. “Habría que ver si la sociedad o el tejido social resiste una situación tan brusca, porque en parte todo esto se ampara en estas detracciones importantes que se hacen, y no es ocioso recordar que las tres provincias que en peor situación están, son las tres provincias que primero saltaron. Las demás provincias están calladas porque de momento o han hecho el ajuste o aguantan con sus presupuestos la situación sin necesidad de hacerlo”, concluyó Panza. 

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